Resumen
En medio de la abundancia, muchas personas aún tienen hambre, viven en viviendas precarias sin servicios básicos como agua y sanitarios, y crecen sin educación.
Esto no se debe sólo a la falta de recursos, sino también a la negligencia y la discriminación. Los gobiernos no están dispuestos a hacer algo al respecto. Esta no es una lamentable realidad de la vida, sino un vergonzoso escándalo de derechos humanos.
Amnistía Internacional trabaja con comunidades de todo el mundo, equipando a sus residentes con los conocimientos y las herramientas necesarias para interactuar con las autoridades para reclamar sus derechos y mejorar sus vidas. Hemos formado estrechos vínculos de asociación con activistas locales como John Kamau.
John Kamau dirige un pequeño hotel en la comunidad de Deep Sea, en Nairobi (Kenia) y tiene seis hijos.”Si se lleva a cabo el derribo, no tengo ningún lugar a donde ir. Mis hijos tendrán que dejar la escuela […]. Nos tratan como a animales. Me he unido a un grupo en el pueblo conocido como equipo de Respuesta Rápida. Nos llamamos por teléfono, creamos redes en este pueblo y en otros para buscar la verdad y determinar cómo empezar una campaña.”
El problema
La gente que vive en la pobreza suele estar atrapada porque está excluida del resto de la sociedad, carece de voz y vive bajo la amenaza de la violencia y la inseguridad.
Los derechos son la llave para salir de la trampa de la pobreza. En otras palabras, el respeto a los derechos humanos exige inclusión, exige que todos tengan voz, exige que quienes están en el poder protejan a las personas de las amenazas para su seguridad.
Vivienda
Todos tenemos derecho a la vivienda, pese a lo cual más del diez por ciento de los habitantes del mundo viven en un barrio marginal o asentamiento informal. Las condiciones de vida suelen ser terribles, con hacinamiento, poco o ningún acceso a agua apta para el consumo, aseos o servicios de salud. Muchos habitantes de los asentamientos informales o barrios marginales no están protegidos frente al hostigamiento, como los desalojos forzosos, porque su derecho a vivir allí no está reconocido legalmente.
Se denomina desalojo forzoso a la expulsión de una persona de su casa y sus tierras sin que medie aviso o consulta previos y sin indemnización. Los desalojos forzosos son ilegales y violan el derecho a la vivienda. A menudo estos desalojos son violentos, destruyen medios de vida y dejan a personas sin hogar.
Salud
Las cosas que contribuyen a que estemos saludables —agua apta para el consumo, alimentos nutritivos, vivienda e información, como la educación sexual— suelen ser inexistentes o limitadas para las personas que viven en barrios marginales o asentamientos precarios. Y cuando alguien enferma, rara vez tiene acceso a atención médica adecuada.
Todos tenemos el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental y física. Esto no significa que tengamos derecho a estar sanos: nadie puede tener una salud perfecta en todo momento. Lo que significa es que deberíamos poder tener acceso a atención para la salud y a la información con independencia del lugar donde vivimos o del dinero que tenemos. Y, lo que es importante, significa que todos tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestra salud.
Educación
La educación primaria debe ser gratuita y obligatoria, en todas partes. Los niños y niñas tienen que poder llegar a la escuela sin caminar durante horas o atravesando campos de minas. Deben poder aprender y disfrutar de la vida escolar. Pero una y otra vez, a los niños y niñas de las comunidades pobres y marginadas se les niega la educación o sufren discriminación.
Amnistía Internacional pide:
Que los gobiernos:
• garanticen todos los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación;
• establezcan mejor las prioridades de gasto del dinero, poniendo en primer lugar a los más desfavorecidos;
• den prioridad a unos niveles mínimos esenciales de derechos, como la educación primaria gratuita;
• dejen de expulsar a las personas de sus casas sin previa notificación, sin una indemnización o sin una consulta adecuadas;
• firmen y ratifiquen el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
• se aseguren de que los proyectos de desarrollo económico (como infraestructuras o minería) ayudan a los más desfavorecidos y no causan abusos contra los derechos humanos.
Más información sobre el tema
Justicia
Muchas de las cuestiones que rodean la pobreza se conocen como derechos económicos, sociales y culturales (ESC). Estos derechos incluyen los siguientes:
• Derechos en el trabajo, como unas condiciones de empleo justas.
• Derecho a la educación, que incluye una educación primaria gratuita y obligatoria.
• Derechos culturales de las minorías y de los pueblos indígenas.
• Derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, como el acceso a unos servicios de salud de calidad.
• Derecho a una vivienda adecuada, que incluye la protección frente a los desalojos forzosos.
• Derecho a la alimentación, que incluye la capacidad para obtener alimentos nutritivos.
• Derecho al agua, que incluye agua apta para el consumo asequible.
• Derecho al saneamiento, que incluye el acceso a un aseo seguro.
Durante años pareció casi imposible desafiar al gobierno cuando se negaban estos derechos. ¿A quién vas a quejarte? ¿Quién va a escuchar?
En mayo de 2013 entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al finalizar 2014, 17 países —desde Gabón y Argentina hasta España y Mongolia— habían aceptado plenamente este nuevo mecanismo que da a las personas la facultad de pedir justicia a la ONU si su propio país no quiere escucharlas.
Puede que estos “protocolos” suenen legalistas e irrelevantes, pero pueden ser realmente eficaces. Cuanto más los usemos, más poderosos serán.