Turquía - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Turquía

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Turquía is now live »

Jefe del Estado
Abdullah Gül
Jefe del gobierno
Recep Tayyip Erdoğan
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
74,8 millones
Esperanza de vida
71,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
36/27 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
88,7 por ciento

Apenas se avanzó en la mejora de las protecciones de los derechos humanos. Persistieron los informes de tortura y otros malos tratos, así como las actuaciones penales que limitaban el derecho a la libertad de expresión. El exceso de escrutinio administrativo y el acoso judicial obstaculizaron la legítima labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos. En muchos casos no hubo investigaciones efectivas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, y las posibilidades de que éstos fueran procesados seguían siendo remotas. Continuaron los juicios injustos, sobre todo en aplicación de la legislación antiterrorista, que se utilizaba para procesar a menores de edad como si fueran personas adultas. No hubo mejoras significativas en los regímenes penitenciarios, y la privación de acceso a tratamiento médico adecuado era habitual. No se avanzó en el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y persistieron las violaciones de derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero eran objeto de discriminación en la legislación y en la práctica, y las protecciones destinadas a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia seguían siendo insuficientes.

Información general

En enero se inauguró un nuevo canal de radio y televisión de propiedad estatal que emitía en lengua kurda. Sin embargo, seguían vigentes las restricciones sobre el uso de lenguas distintas al turco en los asuntos políticos y en la educación infantil pública y privada.

El Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) declaró un alto el fuego en marzo, que al final del año seguía en vigor. A pesar de la tregua, hubo nuevos enfrentamientos armados con las fuerzas armadas turcas que causaron pérdida de vidas.

En mayo, 44 personas murieron tras un tiroteo en el pueblo de Bilge/Zangirt, en la provincia suroriental de Mardin. Según un anuncio oficial, la mayoría de los presuntos autores de los disparos eran “guardias locales”, fuerza paramilitar empleada por el Estado para combatir al PKK. También había guardias entre los muertos. El juicio contra los acusados de participar en la masacre comenzó en septiembre.

El Parlamento aprobó legislación en junio para autorizar la limpieza de 600.000 minas, según cálculos, sembradas a lo largo de la frontera siria. La nueva legislación no resolvía el problema de las minas terrestres en otras partes del territorio turco ni el de las reservas de este tipo de minas que aún conservaba Turquía.

En julio se suspendió la construcción de la presa de Ilısu, en el río Tigris, este de Turquía, cuando tres Estados europeos retiraron las garantías de crédito a la exportación que habían ofrecido. La decisión venía a reflejar la preocupación de que el proyecto no cumpliera los criterios acordados, incluidas las garantías de derechos humanos. Según las previsiones, la presa causaría el desplazamiento de al menos 55.000 personas.

Turquía y Armenia firmaron en octubre un acuerdo destinado a normalizar las relaciones entre ambos Estados. Al final del año, el acuerdo estaba en espera de ratificación por los Parlamentos respectivos.

En noviembre, el Parlamento inició el debate sobre una iniciativa destinada a abordar las preocupaciones de la ciudadanía de origen kurdo en materia de derechos humanos y a poner fin al conflicto con el PKK. El gobierno señaló las medidas que pensaba adoptar para mejorar las protecciones de derechos humanos, pero no dio fechas para su aplicación.

En diciembre, el Tribunal Constitucional resolvió ilegalizar el Partido de la Sociedad Democrática, pro kurdo, con el argumento de que era un “foco de actividades contra la independencia del Estado y su integridad indivisible con su territorio y nación”. El partido fue ilegalizado en aplicación de leyes que no respetaban las normas internacionales sobre la libertad de asociación.

Libertad de expresión

Quienes expresaban opiniones discrepantes –pero no violentas–, en particular críticas sobre las fuerzas armadas o sobre la situación de las poblaciones kurda y armenia en Turquía, se enfrentaban a investigaciones y actuaciones penales. Se procesó a numerosos escritores, periodistas, activistas políticos kurdos y defensores de los derechos humanos.

Numerosas leyes permitían al Estado limitar la libertad de expresión. Continuaron las investigaciones y los procesamientos por insultos a la nación turca (artículo 301 del Código Penal), delito punible con hasta dos años de cárcel, aunque el ministro de Justicia denegó el permiso para seguir adelante con ellos en la mayoría de los casos.

  • En agosto, la fiscalía, en representación del jefe de las fuerzas armadas, presentó una querella criminal contra el periodista Mehmet Baransu en aplicación del artículo 301. Se basaba en un artículo publicado en un periódico nacional, Taraf, sobre una presunta conspiración de las fuerzas armadas para desestabilizar al gobierno. El permiso para que la investigación siguiera adelante estaba pendiente al final del año.

Se siguió procesando en aplicación del artículo 318 del Código Penal a objetores de conciencia y a sus simpatizantes por afirmar públicamente el derecho a negarse a realizar el servicio militar obligatorio.

  • En mayo comenzó en Estambul el juicio de Oğuz Sönmez, Mehmet Atak, Gürşat Özdamar y Serkan Bayrak por “poner a la población en contra del servicio militar” (artículo 318). Los cuatro habían apoyado públicamente al objetor de conciencia Mehmet Bal en 2008. Finalmente fueron absueltos.
  • El juicio de Sami Görendağ, Lezgin Botan y Cüneyt Caniş, acusados en aplicación del artículo 318 por protestas parecidas, seguía en curso al final del año.

Se procesó a un gran número de personas en aplicación de la legislación antiterrorista por expresarse libremente sobre el problema kurdo en Turquía, y en muchos casos el resultado del procesamiento fue una pena privativa de libertad.

  • Osman Baydemir, alcalde de la ciudad suroriental de Diyarbakır perteneciente al Partido de la Sociedad Democrática, fue declarado culpable en abril de “hacer propaganda a favor de una organización ilegal” (artículo 7/2 de la Ley Antiterrorista). La acusación tenía que ver con un discurso que había pronunciado durante una protesta contra una incursión militar turca en el norte de Irak en 2008. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación.

Continuaron las amenazas de violencia por parte de individuos no identificados contra personas que habían expresado opiniones disidentes. Se ofreció protección policial a algunas de las personas en situación de riesgo.

  • En septiembre, el grupo antirracismo DurDe recibió amenazas de violencia a través del correo electrónico tras interponer una querella criminal contra el jefe de las fuerzas armadas.

Las autoridades cerraron sitios web utilizando órdenes administrativas y resoluciones judiciales arbitrarias, a menudo sin ofrecer explicación alguna.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se procesó a defensores de los derechos humanos por su legítima labor de observación y denuncia de violaciones de derechos humanos. Algunos defensores prominentes fueron objeto de investigaciones criminales periódicas. El escrutinio administrativo por parte de las autoridades era excesivo y, en algunos casos, se utilizaron actuaciones judiciales para conseguir el cierre de organizaciones de derechos humanos.

  • Ethem Açıkalın, director de la sección en Adana de la Asociación de Derechos Humanos, se enfrentaba a siete procesos judiciales en curso a consecuencia de su trabajo como defensor de los derechos humanos. En octubre fue declarado culpable de “incitar a la enemistad o al odio entre la población” y condenado a tres años de cárcel por criticar que las autoridades estatales hubieran encarcelado a menores de edad que participaban en las manifestaciones celebradas en 2008 para protestar por, entre otras cosas, la retirada de subvenciones a la asistencia médica familiar. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación.
  • En diciembre, Muharrem Erbey, vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos y director de su sección en Diyarbakır, fue detenido por presunta pertenencia a la Unión de Comunidades Kurdas, que al parecer formaba parte del PKK. La policía lo interrogó sobre su trabajo para la Asociación y, según informes, se incautó, en la sección de Diyarbakır, de datos sobre abusos contra los derechos humanos. Al terminar el año, Muharrem Erbey continuaba en detención preventiva.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron los informes sobre tortura y otros malos tratos, y muchos de los abusos se cometieron fuera de los lugares oficiales de detención. Tanto las personas acusadas de delitos comunes como las acusadas de delitos de motivación política estaban expuestas a sufrir malos tratos.

  • En enero comenzó en Estambul el juicio de 60 funcionarios del Estado, incluidos agentes de policía y guardias de prisiones, por cargos relacionados con la muerte bajo custodia de Engin Çeber en octubre de 2008. Algunos estaban acusados de tortura. El juicio seguía abierto al final del año.
  • En octubre, Resul İlçin murió por lesiones en la cabeza tras ser detenido en la provincia suroriental de Şırnak. La oficina del gobernador declaró que la muerte no había sido resultado de malos tratos, por lo que no se llevó a cabo una investigación oficial.

Impunidad

Las investigaciones sobre presuntos abusos contra los derechos humanos a manos de agentes del Estado seguían siendo en gran medida ineficaces, y las posibilidades de llevar a funcionarios públicos ante la justicia eran remotas. No se adoptó en el año ningún mecanismo independiente de derechos humanos o de observación independiente de los lugares de detención.

En enero, la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos informó sobre procesamientos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estambul entre 2003 y 2008 y concluyó que, en 35 causas penales contra 431 agentes, no se había impuesto una sola condena. En junio se reformó el Código de Procedimiento Penal para permitir el procesamiento de militares ante tribunales civiles.

  • En octubre, el Tribunal Supremo de Apelación falló que no debía imponerse ninguna pena a un agente de la gendarmería acusado de disparos con resultados mortales en la provincia suroriental de Siirt. Los disparos se habían efectuado cuando unos civiles desarmados habían empezado a arrojar piedras contra el vehículo de los agentes mientras coreaban eslóganes. Aunque el tribunal hizo constar que los disparos habían sido desproporcionados, absolvió al agente debido a “la gravedad del ataque [...], el hecho de que éste se hubiera ido intensificando a pesar de las advertencias, y el conjunto de la situación en la región”.
  • En septiembre, la joven adolescente Ceylan Önkol resultó muerta en una explosión cerca de su domicilio en el distrito de Lice, sureste de Turquía. Según testigos presenciales, la muchacha estaba pastoreando ganado cerca de la comisaría de la gendarmería de Tapantepe cuando, según informes, se oyó el ruido de un mortero e inmediatamente después hubo una explosión. No se realizó una autopsia completa ni tampoco una investigación inmediata en el lugar del crimen. Las autoridades dijeron que no habían podido visitar el lugar del crimen hasta tres días después de la muerte por “motivos de seguridad”.
  • Continuó la causa judicial contra Ergenekon, red ultranacionalista presuntamente vinculada con instituciones del Estado. Entre los acusados había altos mandos de las fuerzas armadas retirados y en activo. El tribunal admitió una segunda acta de acusación formal en marzo y una tercera en septiembre. Sin embargo, no se ampliaron las actuaciones para incluir una investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos.

Condiciones de reclusión

Persistieron las denuncias de malos tratos durante los traslados a prisión y, en varios casos, se privó a los reclusos de asistencia médica adecuada.

  • Emrah Alişan, que cumplía tres años de cárcel, solicitó su excarcelación en abril por razones médicas. Apoyaba su solicitud en informes médicos que indicaban que sus problemas de salud no se podían tratar en la cárcel. Según informes, su salud se había deteriorado considerablemente en prisión, tenía parálisis y necesitaba cuidados de enfermería. Seguía encarcelado al terminar el año.

A menudo no se permitió a los reclusos ejercer su derecho a relacionarse con otros internos.

  • En noviembre, cinco presos fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad de la isla de İmralı, donde el líder del PKK, Abdullah Öcalan, llevaba 10 años encarcelado en régimen de aislamiento. Se anunció que los seis podrían relacionarse entre ellos hasta un total de 10 horas a la semana, en cumplimiento del reglamento aplicable a todos los internos de las cárceles de máxima seguridad de Turquía.

Hubo menores a los que se encarceló junto a personas adultas y, en general, el régimen penitenciario para menores no se diferenciaba del de los adultos. Sobre todo, no había ningún sistema previsto para que los reclusos menores de edad continuaran sus estudios.

Juicios injustos

Persistían los procesos injustos y prolongados, especialmente de personas acusadas en aplicación de la legislación antiterrorista. Se procesó a menores en virtud de los mismos procedimientos de que eran objeto los adultos, y se los declaró culpables en aplicación de leyes injustas y sobre la base de pruebas no corroboradas y poco fiables por su presunta participación en manifestaciones ocasionalmente violentas.

  • En marzo, A.Y., de 14 años, fue declarado culpable de hacer propaganda de una organización terrorista y de pertenencia a organización terrorista. Al parecer había participado en una manifestación en octubre de 2008. Fue condenado a 3 años, 1 mes y 15 días de cárcel. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación.

Presos de conciencia: objeción de conciencia

La objeción de conciencia al servicio militar no estaba permitida y no existía un servicio civil alternativo. Seguían en vigor las leyes que permitían procesar y condenar reiteradamente a los objetores de conciencia.

  • En diciembre se detuvo nuevamente a Enver Aydemir en Estambul por negarse a realizar el servicio militar. Enver contó a su abogado que lo habían golpeado repetidamente en la prisión militar de Maltepe. Al final del año seguía en detención preventiva acusado de insubordinación y deserción recurrentes.
  • En noviembre, tres soldados fueron declarados culpables de golpear al objetor de conciencia Mehmet Bal en junio de 2008, y condenados a 3 meses y 10 días de cárcel. Los cuatro habían sido reclusos de la prisión militar de Hasdal. No se procesó a la autoridad que presuntamente había ordenado el ataque contra Mehmet Bal ni a ningún otro funcionario de la prisión.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuó en la ley y en la práctica la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género. Cinco mujeres transgénero fueron asesinadas y sólo en un caso se dictó sentencia condenatoria.

  • En enero comenzó el juicio contra el padre de Ahmet Yıldız, gay muerto por disparos en 2008 en lo que se sospechaba que podía ser un homicidio en nombre del “honor”. Ahmet Yıldız había presentado previamente una denuncia por amenazas de familiares. Su padre no fue detenido y el juicio comenzó en su ausencia.
  • En enero, el Tribunal Supremo de Apelación falló a favor del recurso interpuesto por la ONG Lambda Istanbul –que defendía los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero– contra su cierre. Sin embargo, en su fallo dejó abierta la posibilidad de ilegalizar este tipo de organizaciones por “animar a otras personas a declararse lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero”.
  • En octubre, la fiscalía intentó cerrar Triángulo Rosa Negro, organización de solidaridad con lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, después de que la oficina del gobernador de Esmirna afirmara que su estatuto quebrantaba “los valores morales y la estructura familiar de Turquía”.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Se denegó arbitrariamente el acceso al procedimiento de concesión de asilo a personas reconocidas como refugiadas, a solicitantes de asilo registrados y a otras personas con necesidad de protección, y en algunos casos se las detuvo. Algunas fueron devueltas a países donde corrían peligro de persecución.

  • En septiembre, en la causa de Abdolkhani and Karimnia v. Turkey, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que los dos demandantes, que eran refugiados, llevaban más de un año en detención ilegal. Finalmente ambos quedaron en libertad en octubre, pero otros muchos detenidos en circunstancias parecidas continuaron bajo custodia, y siguió en vigor la disposición que la sentencia había declarado ilegal.

Violencia contra mujeres y niñas

El número de casas refugio disponibles para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica seguía siendo lamentablemente insuficiente y distaba mucho de alcanzar la proporción de un refugio por cada 50.000 personas exigida por el derecho interno. En septiembre se firmó un protocolo gubernamental para facilitar la cooperación entre las instituciones del Estado con el fin de proteger a las sobrevivientes de violencia en el ámbito familiar.

  • En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en la causa de Opuz v. Turkey, que las autoridades no habían respetado su obligación de proteger a la solicitante y a su madre de la violencia. El tribunal consideró que se habían violado sus derechos a la vida y a no sufrir tortura ni discriminación, y decidió que el Estado, al no proteger –aunque fuera de forma no intencionada– a las mujeres frente a la violencia intrafamiliar, estaba violando el derecho de las mujeres a recibir igual protección de la ley, y que la pasividad en general y la pasividad discriminatoria de las autoridades judiciales en Turquía creaban un clima propicio para la violencia en el ámbito familiar.

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