Pakistán - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Islámica de Pakistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Pakistán is now live »

Jefe del Estado : Pervez Musharraf
Jefe del gobierno : Mohamadmian Sumro (provisional, sustituyó a Shaukat Aziz en noviembre)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 164,6 millones
Esperanza de vida : 64,6 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 95/106 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 49,9 por ciento

Se detuvo arbitrariamente a millares de profesionales del derecho, periodistas, personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y activistas políticos. Se restringió la independencia del poder judicial. Reaparecieron algunas víctimas de desaparición forzada, pero siguió sin saberse nada de centenares más. Continuaron cometiéndose homicidios por motivos de «honor» y siguió recurriéndose a consejos tribales informales. Continuó ejerciéndose violencia contra las mujeres con impunidad. Se condenó a muerte a unas 307 personas y se ejecutó a un mínimo de 135. Miembros de grupos partidarios de los talibanes y otras organizaciones islamistas tomaron rehenes, cometieron homicidios ilegítimos de civiles y perpetraron actos de violencia contra mujeres y niñas.

Información general

El proceso político se caracterizó por un enfrentamiento entre el gobierno y el poder judicial que tuvo dos fases. En marzo, Iftikhar Chaudhry, presidente del Tribunal Supremo, fue suspendido de su cargo por presunta conducta indebida, pero el Tribunal lo restituyó en julio. El 3 de noviembre, el general Musharraf declaró el estado de excepción y suspendió la Constitución, para sustituirla por la Orden Constitucional Provisional.

El 28 de noviembre, tras confirmar los jueces del Tribunal Supremo que habían jurado su cargo en virtud de la Orden Constitucional Provisional que Pervez Musharraf podía ser presidente, el general dimitió de su cargo militar y prestó juramento como presidente civil.

El 15 de noviembre se instituyó un gobierno provisional mientras se preparaba la celebración de elecciones para enero de 2008. El 15 de diciembre se levantó el estado de excepción y se restableció la Constitución, pero reformada.

La ex primera ministra Benazir Bhutto y el ex primer ministro Nawaz Sharif regresaron del exilio para participar en las elecciones. En diciembre, Benazir Bhutto murió de un disparo en un atentado suicida con bomba, tras el cual estallaron actos generalizados de violencia. Las elecciones se aplazaron hasta febrero de 2008.

En las zonas tribales que formaban frontera con Afganistán y en Swat (provincia de la Frontera Noroeste), los grupos armados islamistas y fuerzas talibanes locales consolidaron su control a lo largo del año. En los ataques del ejército contra presuntos grupos islamistas armados (calificados de «extremistas» por el gobierno) u objetivos talibanes se cometieron homicidios indiscriminados de civiles.

Cambios jurídicos y constitucionales

La Orden Constitucional Provisional suspendió derechos constitucionales fundamentales, como las salvaguardias relacionadas con la detención y el encarcelamiento y el derecho a la seguridad de la persona y a la libertad de expresión, reunión y asociación.

En noviembre se pidió a los jueces de los niveles superiores del poder judicial que juraran de nuevo su cargo en virtud de la Orden Constitucional Provisional. Doce de los 17 que componían el Tribunal Supremo, incluido su presidente, y alrededor de 40 pertenecientes a los tribunales superiores provinciales no lo hicieron, en unos casos por decisión propia, y en otros porque no se les había pedido que lo hicieran. Los jueces del Tribunal Supremo que sí prestaron juramento en virtud de la Orden Constitucional Provisional procedieron entonces a validar ésta, así como el estado de excepción.

El 10 de noviembre, el presidente Musharraf reformó la Ley del Ejército a fin de poder formar consejo de guerra a civiles sospechosos de haber cometido traición, sedición o el impreciso delito de «declaración causante de problemas públicos» desde enero de 2003.

El 21 de noviembre, el presidente Musharraf promulgó una enmienda a la Constitución que prohibía someter a examen judicial el estado de excepción, la Orden Constitucional Provisional y cualquier medida tomada durante el estado de excepción.

Centenares de causas abiertas ante el Tribunal Supremo y los cuatro tribunales superiores provinciales sufrieron demoras al boicotear los abogados los tribunales presididos por jueces que habían jurado su cargo en virtud de la Orden Constitucional Provisional.

Detención arbitraria

Durante el estado de excepción se restringió el derecho a la libertad de reunión mediante la aplicación estricta de la sección 144 del Código de Procedimiento Penal, que prohibía las reuniones de más de cuatro personas en público sin autorización de la policía. En la mayoría de los casos de detención no se aplicó ninguna ley para mantener privadas de libertad a las personas detenidas, pero en algunos se las recluyó por infringir la sección 144 del Código de Procedimiento Penal o por amenazar el orden público. En varios casos quedaron sometidas a detención administrativa en virtud de la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público. Se acusó de delitos de terrorismo y sedición a varios manifestantes.

Entre marzo y julio se detuvo a centenares de abogados y activistas políticos que apoyaban al presidente del Tribunal Supremo. Se sacó de sus casas en plena noche a activistas políticos veteranos y se los recluyó en prisiones situadas lejos de sus hogares. Durante el periodo previo al esperado regreso del ex primer ministro Nawaz Sharif en septiembre se detuvo a centenares de activistas políticos.

Tras la declaración del estado de excepción se sometió a arresto domiciliario de facto, sin aplicar para ello ninguna ley, a algunos de los jueces retirados de sus cargos, incluido el presidente del Tribunal Supremo, y se les negó el acceso a sus familiares y amigos. Se detuvo a millares de profesionales del derecho y defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos unos 55 activistas de los derechos humanos que se habían congregado en la oficina de la ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán en Lahore el 4 de noviembre. La presidenta de la Comisión y relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión, Asma Jahangir, estuvo recluida en su casa en virtud de una orden de detención de 90 días, dictada en aplicación de la Orden Constitucional Provisional y que se anuló el 16 de noviembre. No se aplicó, en cambio, a su regreso al país, una orden de detención por 90 días dictada contra Hina Jilani, representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

  • El 5 de noviembre, Hasil Bizenjo, líder nacionalista baluchi; Ayub Qureshi, jefe provincial del Partido Nacional Baluchi; Yusuf Mastikhan, vicepresidente del Partido Nacional de los Trabajadores, y Liaquat Sahi y Farid Awan, dirigentes sindicales, fueron detenidos en Karachi, acusados de sedición y disturbios por haber pronunciado discursos en contra de la imposición del estado de excepción. Quedaron en libertad bajo fianza el 22 de noviembre, pero no se retiraron los cargos contra ellos.

Tortura y otros malos tratos

Según informes, muchas de las personas detenidas arbitrariamente fueron torturadas o sometidas a otros malos tratos, como impedirles dormir y negarles la atención médica que necesitaban recibir con urgencia. Era habitual infligir tortura y otros malos tratos a los sospechosos de delitos comunes.

  • Mohammad Shahid Rind, detenido el 28 julio, fue torturado, según informes, por la policía, que lo confundió, al parecer, con el hermano de un delincuente buscado. El Tribunal Superior de Sind ordenó que fuera puesto en libertad y sometido a tratamiento médico, y abrió una investigación sobre su detención y tortura. Al final del año continuaba detenido.

Desaparición forzada

El Tribunal Supremo atendió peticiones sobre más de 400 personas que habían sido víctimas de desaparición forzada en el contexto de la «guerra contra el terror» y otras campañas de seguridad nacional del gobierno. Casi un centenar de ellas reaparecieron tras la presentación de las peticiones. Algunas de estas personas habían sido detenidas por cargos aparentemente falsos.

El 5 de octubre, el todavía presidente del Tribunal Supremo Iftikhar Chaudhry aseguró que había «pruebas irrefutables» de que las personas en paradero desconocido estaban bajo custodia de organismos secretos y que se iba a procesar a los responsables. El magistrado ordenó llevar ante el Tribunal a todas las personas que seguían sin aparecer. Las vistas continuaron hasta el 2 de noviembre, cuando se aplazaron hasta el 13 de noviembre. Sin embargo, con la imposición del estado de excepción el 3 de noviembre y la separación de varios jueces del Tribunal Supremo de su cargo, no se celebró ya ninguna más.

Se ignoraban la suerte y el paradero de centenares de personas, y se temía que estuvieran expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos.

  • Saud Memon, presunto propietario de un cobertizo donde el periodista estadounidense secuestrado Daniel Pearl había sido asesinado en 2002, fue localizado cerca de su casa, en Karachi, el 28 de abril de 2007. Había perdido la memoria, no podía hablar y pesaba sólo 36 kilos. Murió el 18 de mayo en el hospital. Se creía que había sido detenido por agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos en Sudáfrica en marzo de 2003. Se ignoraba dónde había estado recluido posteriormente y bajo custodia de quién.

Continuaron los traslados ilegales de víctimas de desaparición forzada a países donde estaban expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos.

  • Osman Alihan, hombre de etnia uigur de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang de China, fue recluido en un lugar desconocido tras su detención en Rawalpindi el 4 de julio. Las autoridades chinas lo buscaban por su presunta pertenencia a la organización prohibida Movimiento Islámico del Turquestán Oriental. Fue entregado ilegalmente a China al final de julio. Se ignoraba su suerte. Otro hombre de etnia uigur, Ismail Semed, fue ejecutado en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang el 8 de febrero de 2007 por «intentar dividir la patria» y otros delitos. Había sido devuelto a China desde Pakistán en 2003 (véase el apartado sobre China).

Uso excesivo de la fuerza

En el curso de varias oleadas de manifestaciones, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo o innecesario de la fuerza contra personas que participaban pacíficamente en ellas.

  • El 29 de septiembre, más de 80 abogados y activistas políticos que protestaban en Islamabad contra las próximas elecciones presidenciales resultaron heridos, en algunos casos de gravedad, al ser golpeados con porras por agentes de la policía, muchos de los cuales vestían de civil. El 1 de octubre, el Tribunal Supremo declaró al jefe de policía de Islamabad responsable de haber autorizado el uso desproporcionado de la fuerza y ordenó que fuera suspendido en sus funciones. El 23 de octubre, el Tribunal Supremo determinó que el despliegue de agentes de policía vestidos de civil había sido ilegal.

En julio, las fuerzas de seguridad, que no se habían ocupado previamente de detener para su procesamiento a clérigos y estudiantes de la Mezquita Roja de Islamabad que secuestraban, golpeaban y amenazaban a quienes consideraban que incumplían las normas islámicas, pusieron sitio al edificio y, al final, lo asaltaron. Según cálculos, en el asalto murieron al menos un centenar de personas, entre ellas mujeres y menores desarmados que posiblemente habían sido utilizados como escudos humanos por quienes se habían atrincherado en la mezquita. El presidente Musharraf había dicho previamente a los clérigos y los estudiantes que si no se entregaban los matarían.

La policía fue cómplice de ataques presuntamente perpetrados por aliados políticos del gobierno, en particular durante una campaña organizada por abogados contra la suspensión del presidente del Tribunal Supremo en marzo. El 12 de mayo, el menos 40 personas que participaban en una concentración en favor del presidente del Tribunal Supremo en Karachi resultaron muertas en uno de estos ataques. Según informes, la policía no hizo nada para proteger a los abogados ni a los demás manifestantes, o para impedir la violencia.

El ejército afirmó haber matado a centenares de «extremistas» en las zonas tribales y en Swat, aunque la población local aseguraba que muchas de las víctimas eran mujeres y menores de edad. Según informes, los militares llevaron a cabo varios bombardeos aéreos sobre pueblos, en los que mataron a muchos civiles desarmados. Apenas se hizo nada para detener y juzgar a los presuntos «extremistas».

  • El 7 de octubre, aviones de combate bombardearon supuestas «guaridas de extremistas» en Waziristán Septentrional y mataron a unas 250 personas, entre las que había, al parecer, civiles. Según informes, miles de habitantes de la zona huyeron de ella.

Represión de la libertad de expresión

Gran número de periodistas que informaban de concentraciones de protesta fueron víctimas de palizas, amenazas y detenciones. Tras la imposición del estado de excepción se cerraron canales de noticias de radio y televisión independientes. En noviembre se promulgaron nuevas leyes que restringían arbitrariamente la libertad de información de la prensa y los medios de comunicación electrónicos. A los canales de televisión paquistaníes independientes se les prohibió emitir dentro del país si no firmaban un código de conducta que impedía criticar al gobierno.

Abusos cometidos por grupos armados

Toma de rehenes y homicidios

Miembros de grupos islamistas armados fueron responsables de ataques con toma de rehenes, homicidios de personas cautivas y otros homicidios ilegítimos. Tras el asalto a la Mezquita Roja aumentaron los atentados suicidas contra instalaciones militares y del gobierno, lo que causó alrededor de 400 muertes. Sólo en julio murieron 194 personas, muchas de ellas civiles, en 13 atentados suicidas.

Miembros de grupos islamistas llevaron a cabo decenas de homicidios, a modo de ejecución, de personas acusadas de infringir la ley islámica o de cooperar con el gobierno, en algunos casos tras juicios ante un consejo islámico (shura).

En agosto, un grupo pro talibán de Waziristán Meridional publicó un vídeo en el que un adolescente parecía decapitar a un hombre, miembro de una fuerza paramilitar partidaria del gobierno, que había sido capturado. Las imágenes hicieron temer también que el grupo estuviera utilizando a menores para perpetrar abusos graves contra los derechos humanos.

Violencia contra niñas y mujeres

Los abusos perpetrados específicamente contra las niñas y las mujeres fueron en aumento en las zonas de la frontera con Afganistán controladas por los talibanes.

  • En Bannu, en la provincia fronteriza del noroeste, se encontraron en septiembre los cadáveres de dos mujeres. Uno de ellos llevaba una nota donde se explicaba que la habían matado para castigarla por sus actividades inmorales.

Discriminación contra las minorías religiosas

Las autoridades no protegían a las minorías religiosas.

  • En septiembre mataron en Karachi a dos médicos de la minoría ahmadi debido, al parecer, a su religión. No se practicó ninguna detención.

Continuaron llevándose a cabo procesamientos en aplicación de legislación sobre la blasfemia y se condenó a muerte a muchas personas.

  • Younus Masih, cristiano, fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de blasfemia por un tribunal de Lahore el 30 de mayo en un juicio que, según informes, fue injusto. Había sido acusado falsamente de hacer observaciones despectivas sobre el profeta del islam en un servicio religioso celebrado en 2005. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.

Violencia contra las mujeres

Persistió la violencia contra mujeres bajo custodia, incluidas las violaciones. El Estado no impedía ni perseguía judicialmente la violencia en el ámbito de la familia y la comunidad, que incluía mutilaciones, violaciones y homicidios por motivos de «honor». La ONG Fundación Aurat dijo que en los 10 primeros meses de 2007 sólo en Sind habían sido asesinados 183 mujeres y 104 hombres por presuntos daños al «honor» de sus familias. A pesar de que el Tribunal Superior de Sind los había prohibido en 2004, los consejos de ancianos (jirgas) siguieron contando con el apoyo oficial. En noviembre, el ministro provisional de Información, Nisar Memon, manifestó que eran una realidad y tenían que «integrarse en el sistema establecido».

Las instancias superiores del poder judicial ordenaron en varias ocasiones el procesamiento de personas responsables de haber entregado a una niña o una mujer a un grupo rival para dirimir una disputa. Esta práctica, conocida como swara, se castigaba con penas de hasta 10 años de prisión en virtud de una ley de 2005, pero seguía siendo generalizada.

Menoscabo de los derechos de la infancia

El número de tribunales de menores siguió siendo insuficiente. Se continuó juzgando y recluyendo a menores junto con adultos. En las zonas tribales se detuvo a menores por delitos cometidos por otros en aplicación de una cláusula de responsabilidad colectiva del Reglamento sobre Delitos Fronterizos, lo que constituía un claro incumplimiento de la prohibición de los castigos colectivos recogida en el derecho internacional.

Pena de muerte

Según informes, se condenó a muerte a unas 310 personas, en la mayoría de los casos por asesinato. Se ejecutó a 135 personas como mínimo; al menos una de ellas era menor de edad en el momento de cometerse el delito.

  • Muhammad Mansha fue ejecutado en Sahiwal en noviembre. Había sido condenado a muerte en marzo de 2001 por un asesinato cometido cuanto tenía alrededor de 15 años.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

En la ordenanza sobre hudud seguían previéndose penas de flagelación y amputación, pero no se ejecutó ninguna condena de este tipo en 2007. En junio, el Tribunal Federal de la Ley Islámica anuló una condena de amputación de la mano derecha y el pie izquierdo impuesta en enero de 2006 al ciudadano afgano Ajab Khan por robo. En su sentencia determinó que no podían imponerse penas preceptivas como la amputación de extremidades en aplicación de la ley islámica si no se podía tener plena confianza en los testigos.

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