Corea del Norte - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Popular Democrática de Corea

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Corea del Norte is now live »

Jefe del Estado: Kim Jong-il
Jefe del gobierno: Pak Pong-ju
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Continuaron produciéndose violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida y la alimentación. Los derechos a la libertad de circulación, expresión y asociación estaban gravemente limitados. Se siguió restringiendo el acceso al país a observadores independientes. Se recibieron numerosos informes de desapariciones forzadas de familiares de personas norcoreanas que abandonaban el país o que eran devueltas desde otro. A pesar de haberse introducido algunos cambios en el derecho penal, continuó haciéndose un uso político y, en ocasiones, arbitrario del encarcelamiento, la tortura y la pena capital.

Información general

En julio, Corea del Norte realizó ensayos con misiles y en octubre llevó a cabo una prueba nuclear sin precedentes.
Tras los ensayos con misiles, el Consejo de seguridad de la ONU aprobó la resolución 1695, en la que expresaba su desaprobación. En octubre, después de la prueba nuclear, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 1718, en la que exigía a Corea del Norte la eliminación de todas sus armas nucleares e imponía sanciones económicas y sobre armas. En ambas resoluciones se pedía a Corea del Norte que regresase, sin condiciones previas, a las conversaciones hexapartitas sobre su programa nuclear, que estaban estancadas. La resolución 1718 se acogía al capítulo VII de la Carta de la ONU, que establece las competencias del Consejo de Seguridad para mantener la paz, pero en ella no se llegó a mencionar la amenaza de la fuerza en caso de incumplimiento por parte de Corea del Norte. En diciembre, tras 13 meses de estancamiento, se reanudaron en Pekín las conversaciones hexapartitas (en las que participaron China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Rusia); sin embargo, las conversaciones quedaron en un punto muerto.
En noviembre, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó su segunda resolución de condena del historial de Corea del Norte con respecto a los derechos humanos.
Las graves inundaciones que se produjeron en julio y octubre causaron la muerte y la desaparición de varios miles de personas.

Agravamiento de la crisis alimentaria

En octubre, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación afirmó que el 12 por ciento de la población sufría hambre extrema. Tras las inundaciones, se esperaba que la producción agrícola fuese considerablemente inferior a la del año anterior.
En mayo se recibieron informes de que el Programa Mundial de Alimentos tenía previsto poner en marcha un plan bienal que destinaría 150.000 toneladas métricas de cereales para los 1,9 millones de norcoreanos «más necesitados, especialmente mujeres y menores». Según los informes, hasta octubre el Programa Mundial de Alimentos había recibido solamente el 8 por ciento de los 102 millones de dólares necesarios.

Personas norcoreanas en Asia

Según los informes, aproximadamente 100.000 norcoreanos se ocultaban en China y vivían con el temor constante de ser expulsados. Se calculaba que cada semana se producían entre 150 y 300 repatriaciones forzosas de norcoreanos desde China. Según los informes, la mayor parte de las mujeres norcoreanas residentes en China estaban expuestas a abusos, como prostitución y violaciones sistemáticas.
En agosto se produjo la detención masiva de 175 norcoreanos en Bangkok, Tailandia. En octubre fueron detenidas 86 personas más y en noviembre, otras 50. Según los informes, más de 500 norcoreanos fueron detenidos por las autoridades tailandesas y casi 10.000 vivían en Corea del Sur.

Desapariciones forzadas

Se desconocía el paradero de cientos de norcoreanos que habían sido devueltos desde China. También desaparecieron varias familias de norcoreanos que habían abandonado el país sin autorización. Se creía que habían sido sometidas a desaparición forzada, dado que las autoridades de Corea del Norte castigaban a familias enteras por estar relacionadas con personas a quienes se consideraba hostiles al régimen («culpables por asociación»).
* En marzo, Lee Kwang-soo llegó en barco a Corea del Sur con su esposa, dos hijos y un amigo. En agosto descubrió que 19 miembros de su familia y de la de su amigo que vivían en Corea del Norte habían desaparecido entre marzo y comienzos de agosto de 2006.
Las fuerzas de seguridad norcoreanas secuestraron a norcoreanos que vivían en Corea del Sur, en la frontera con China. Las autoridades norcoreanas también secuestraron a ciudadanos de otros países, como Corea del Sur, Líbano, Japón y Tailandia.

Denegación de acceso al país

Pese a las reiteradas peticiones, el gobierno siguió denegando el acceso a observadores independientes de derechos humanos, como los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y sobre el derecho a la alimentación.
Los organismos de ayuda humanitaria de la ONU obtuvieron autorización, según informes, para visitar solamente 29 de las 213 regiones. Tras la petición del gobierno de que recortase su personal, el Programa Mundial de Alimentos redujo el personal internacional de 46 a 10 personas y disminuyó el número de visitas de observación. Se cerraron cinco de las oficinas regionales del Programa, desde las que sus inspectores vigilaban la distribución de ayuda alimentaria. Estas reducciones intensificaron la preocupación por la falta de transparencia en la distribución de la ayuda.

Libertad de expresión
No se toleró ningún tipo de oposición. Según los informes, cualquier persona que expresase una opinión contraria a la posición del Partido de los Trabajadores Norcoreanos, en el poder, estaba expuesta a sufrir un severo castigo y, en muchos casos, también su familia. Los medios de comunicación nacionales continuaban sometidos a una estricta censura, y el acceso a las emisiones de los medios de comunicación internacionales seguía estando sumamente restringido. En octubre, la ONG Reporteros sin Fronteras catalogó a Corea del Norte como el país en el que más se violaba la libertad de expresión.
Las reuniones o asociaciones no autorizadas se consideraban «alteración colectiva» y podían ser causa de castigo. Aunque la libertad de religión se garantizaba en la Constitución, en la práctica estaba gravemente limitada. Las personas que participaban en actividades religiosas públicas o privadas se exponían a ser encarceladas, torturadas y ejecutadas.

Pena de muerte

Las ejecuciones se llevaban a cabo mediante ahorcamiento o fusilamiento. Se recibieron informes de ejecuciones de opositores políticos en prisiones para presos políticos. También fueron ejecutadas personas acusadas de delitos económicos, como el robo de alimentos.
*Según los informes, Son Jong-nam fue condenado a muerte por cargos de traición a su país y por haber facilitado información a Corea del Sur y recibido ayuda económica de su hermano, norcoreano que vivía en Corea del Sur desde 2002. Según fuentes de la ONU, en abril de 2006 estaba encarcelado en los sótanos del Departamento de Seguridad Nacional en Pyongyang, «prácticamente muerto» a consecuencia de las torturas. Son Jong-nam había abandonado Corea del Norte en 1997 con su esposa, su hijo y su hermano, y se había convertido al cristianismo, algo que se consideraba delito grave en Corea del Norte. En abril de 2001, las autoridades chinas lo devolvieron a Corea del Norte, en donde permaneció recluido durante tres años en el campo penitenciario de Hamgyung-buk do. Quedó en libertad en mayo de 2004 y se reunió con su hermano en China antes de volver a Corea del Norte. Las autoridades norcoreanas tuvieron noticia de ese encuentro y lo detuvieron en enero de 2006. Al finalizar 2006 se creía que seguía con vida.

Condiciones de reclusión

Según los informes, la población reclusa, especialmente las personas encarceladas por motivos políticos, vivía en condiciones espantosas en una amplia variedad de centros de detención y prisiones.
Las personas norcoreanas devueltas desde China se exponían a ser torturadas o maltratadas y a pasar hasta tres años encarceladas. El castigo que recibían dependía de su edad, género y experiencias. Por lo general, las mujeres y los menores eran condenados a pasar dos semanas en un centro de detención, aunque también era habitual la imposición de condenas más largas en campos de trabajo. Según los informes, las consecuencias de la repatriación eran más graves para las mujeres embarazadas, a las que se obligaba a abortar en condiciones médicas deficientes. Las personas que confesaban haberse reunido con surcoreanos o misioneros eran castigadas con especial dureza. Continuaban llevándose a cabo ejecuciones sumarias e imponiéndose largas condenas de trabajos forzados, aunque las autoridades a menudo excarcelaban a las personas que estaban a punto de morir y que fallecían poco después de quedar en libertad.

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