Kirguistán
Jefe del Estado
Almaz Atambaev (sustituyó a Roza Otunbaeva en diciembre)
Jefe del gobierno
Omurbek Babanov (sustituyó a Almaz Atambaev en diciembre)
Pena de muerte
abolicionista
Población
5,4 millones
Esperanza de vida
67,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
36,6 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,2 por ciento

A pesar de haber auspiciado dos comisiones independientes de investigación, las autoridades no investigaron eficaz e imparcialmente la violencia de 2010 y sus secuelas. Rechazaron firmes indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad –incluidas violaciones y otros actos de violencia sexual– contra personas de etnia uzbeka durante los episodios violentos en Osh. Continuaron las amenazas y agresiones físicas contra profesionales del derecho que defendían a personas de etnia uzbeka. Aunque la Fiscalía General había dado oficialmente instrucciones de investigar cada denuncia de tortura, era habitual que los fiscales no investigaran las denuncias de manera exhaustiva e imparcial ni llevaran a los responsables ante la justicia.

Información general

Tras la violencia entre personas de etnia kirguís y uzbeka desatada en el sur de Kirguistán en junio de 2010, que dejó centenares de muertos, miles de heridos y cientos de miles de desplazados, las autoridades habían reconocido la necesidad de un examen independiente de los hechos y asignado el cometido a dos comisiones de investigación, una nacional y otra internacional. Aunque ambos bandos cometieron delitos graves, las víctimas de la mayoría de los daños, lesiones y muertes fueron personas de etnia uzbeka.

La comisión nacional publicó en enero su informe, en el que no abordaba las violaciones de derechos humanos cometidas, ignoraba los indicios de crímenes de lesa humanidad y reiteraba la versión oficial de una agresión uzbeka coordinada que había provocado la respuesta espontánea del bando de etnia kirguís. La Comisión de Investigación sobre Kirguistán, encargada de la investigación internacional, llegó a otras conclusiones en mayo. Según su informe, había sólidos indicios de la comisión generalizada, sistemática y coordinada de delitos contra personas de etnia uzbeka en la ciudad meridional de Osh que, si se demostraban ante un tribunal, constituirían crímenes de lesa humanidad. Asimismo, la Comisión señalaba que las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo habían sido defectuosas, además de estar marcadas por prejuicios étnicos, y concluía que la tortura de detenidos en relación con la violencia había sido “prácticamente universal”.

Las autoridades admitieron la conclusión de que había existido tortura y malos tratos, pero negaron categóricamente que se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad y acusaron a su vez a la Comisión de parcialidad por motivos étnicos y de metodología defectuosa.

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Tortura y otros malos tratos

Continuaron conociéndose a lo largo del año casos de tortura y otros malos tratos perpetrados después de los violentos sucesos de junio. Las autoridades reconocieron que la tortura y los malos tratos bajo custodia eran un problema.

En abril tuvo lugar el nombramiento de la nueva fiscal general, que en breve emitió una directiva para exigir que todos los indicios y denuncias de tortura se investigaran sin demora y que todos los lugares de detención se sometieran a inspecciones periódicas sin previo aviso, y en septiembre dio instrucciones pormenorizadas sobre la metodología de investigación de la tortura. Las organizaciones de derechos humanos y la Oficina del Defensor del Pueblo cooperaron con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en la creación de grupos de vigilancia independiente de las detenciones en todo el país con potestad para acceder sin trabas a todos los centros de detención. Estos grupos empezaron a funcionar en agosto.

La entonces presidenta y la nueva fiscal general hicieron reiterados esfuerzos por poner fin al uso sistemático de palizas y otros malos tratos con el fin de obtener confesiones. No obstante, en el ámbito local y regional no parecía haber apenas compromiso con la necesidad de abordar y prevenir estas graves violaciones de derechos humanos. La Comisión de Investigación sobre Kirguistán concluyó que las autoridades del país habían cometido tortura en los centros de detención después de los acontecimientos de junio, que persistían los actos de tortura y que la respuesta de las autoridades a las denuncias de tortura había sido manifiestamente insuficiente.

Se expresó profunda preocupación por el hecho de que, mientras se investigaban los delitos, hubiera agentes de policía que seguían actuando de manera desproporcionada contra personas de etnia uzbeka y barrios uzbecos y amenazaban con presentar cargos por asesinato y otros delitos graves en relación con la violencia de junio como método de extorsión para obtener dinero. Al menos dos hombres de etnia uzbeka murieron bajo custodia, según informes como consecuencia de tortura.

  • Usmonzhon Kholmirzaev, ciudadano ruso de etnia uzbeka, murió el 9 de agosto, según informes como consecuencia de tortura, dos días después de que unos agentes de policía vestidos de civil lo detuvieran arbitrariamente en Bazar Kurgan y lo llevaran a la comisaría local. Contó a su esposa que le habían puesto una máscara de gas en el rostro y lo habían golpeado. Cuando cayó al suelo, uno de los agentes lo golpeó con las rodillas en el pecho dos o tres veces hasta hacerle perder el conocimiento. La policía amenazó con acusarlo de delitos violentos en relación con los sucesos de junio de 2010 si no pagaba 6.000 dólares estadounidenses. Finalmente lo pusieron en libertad después de que la familia entregara 680 dólares a los agentes. A la mañana siguiente fue hospitalizado y un día más tarde murió a causa de las lesiones que, según le había contado a su esposa, le habían causado los agentes. Tanto ella como su abogado, que estuvieron presentes en la autopsia, afirmaron que el examen forense concluía que Usmonzhon Kholmirzaev había muerto por hemorragias internas. Tras una petición oficial del consulado ruso, el fiscal de Jalal-Abad emprendió acciones penales en agosto contra cuatro agentes de policía por tortura y otros cargos.

El gobierno reiteró su invitación al relator especial de la ONU sobre la tortura, que visitó el país en diciembre. Según sus conclusiones, era generalizado el uso de tortura y malos tratos para obtener confesiones. Los métodos incluían asfixiar a la víctima con bolsas de plástico y máscaras de gas, darle puñetazos y golpes y aplicarle descargas eléctricas en el momento de la detención y en las primeras horas de interrogatorio informal. El relator determinó también que las condiciones de reclusión variaban de adecuadas a terribles.

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Juicios injustos

Se celebraron juicios y vistas de apelación de todos los niveles que distaron de cumplir las normas internacionales. No se investigaron denuncias de confesión forzada ni se interrogó a testigos de descargo, y continuaron las amenazas y agresiones contra abogados, incluso en la sala del tribunal.

  • En abril, el Tribunal Supremo aplazó indefinidamente la vista del recurso de apelación del destacado defensor de los derechos humanos Azimzhan Askarov y otras siete personas acusadas, junto con él, del asesinato de un agente de policía kirguís, cometido durante los violentos episodios de Bazar-Korgan. El presidente del Tribunal ordenó una investigación exhaustiva e independiente sobre las condiciones de reclusión en el sur del país cuando la defensa argumentó que no existían instalaciones para albergar a los presos de larga duración o a los condenados a cadena perpetua y que Azimzhan Askarov y los demás acusados corrían peligro de sufrir tortura y condiciones crueles, inhumanas y degradantes si eran devueltos a Jalal-Abad. El Tribunal no ordenó investigar las denuncias de que se había torturado a los acusados para que “confesaran”. El 20 de diciembre, el Tribunal rechazó el recurso de apelación y confirmó la cadena perpetua de Azimzhan Askarov en medio de protestas internacionales. Azimzhan Askarov continuó recluido en el centro médico penitenciario al que había sido trasladado en noviembre de 2010, situado a las afueras de la capital, Bishkek. Allí tenía permiso para recibir visitas y se le prestaba asistencia médica adecuada. El relator especial de la ONU sobre la tortura calificó de atroces e inaceptables las condiciones en los centros de detención de Bishkek.
  • Tatiana Tomina, abogada de origen ruso que habitualmente representaba a personas de etnia uzbeka, contó en agosto la agresión que había sufrido a manos de cuatro mujeres de etnia kirguís a la salida del tribunal municipal de Osh. Una de ellas la había golpeado con un bolso y a continuación las demás la habían emprendido a golpes, patadas y puñetazos con ella mientras le gritaban insultos. Empleados del tribunal y agentes de policía que presenciaron la agresión no intervinieron. Antes de abandonar la sede del tribunal, las mujeres le arrojaron piedras y la amenazaron con volver a agredirla.
  • Durante una vista celebrada en el tribunal de distrito de Kara Suu en septiembre, los familiares de un hombre de etnia kirguís que había perdido la vida durante los violentos sucesos de 2010 profirieron amenazas contra la abogada defensora del acusado, Makhamad Bizurkov, ciudadano ruso de etnia uzbeka. Tiraron del pelo a la abogada, lanzaron piedras al acusado –que estaba sentado en el interior de una jaula metálica– y agredieron a los agentes de policía presentes en la sala. Una observadora de derechos humanos que había asistido a la vista informó de que el juez había amonestado a los familiares pero no había ordenado su expulsión de la sala ni los había sancionado por agredir al abogado y obstruir la acción de la justicia. Los familiares de la víctima continuaron lanzando piedras y botellas de plástico contra la jaula del acusado cuando el juez y el fiscal ya habían abandonado la sala; además, las mujeres del grupo de familiares golpearon a los agentes de policía que intentaron impedírselo, e insultaron, amenazaron y echaron a empujones de la sala a la observadora de derechos humanos.
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Impunidad

La impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que cometían tortura y otros malos tratos seguía siendo un problema grave en Kirguistán, que se hizo aún más evidente tras la violencia de junio de 2010. Continuaron las obstrucciones a los intentos de familiares de víctimas de presentar denuncias a la policía y los fiscales; además, éstos no investigaban nunca las denuncias debidamente ni llevaban a los responsables ante un tribunal.

En febrero, la presidenta del país reiteró su preocupación por la ausencia de investigaciones sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad que había recibido. La Fiscalía Regional de Osh anunció entonces que revisaría 995 causas penales para comprobar si los procedimientos se ajustaban a la legislación nacional. Al final del año, sin embargo, sólo había prosperado una causa penal por tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, y a los cinco agentes de policía declarados culpables de tortura sólo se les impusieron condenas condicionales. Sus recursos seguían pendientes al terminar el año.

Los investigadores y los fiscales tampoco iniciaron investigaciones ni enjuiciamientos sobre casi ninguno de los delitos contra personas de etnia uzbeka cometidos durante los sucesos violentos de junio de 2010 y con posterioridad, incluidos los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Osh. En al menos 200 de los casos documentados de asesinato de personas de etnia uzbeka durante la violencia de junio, o bien no se abrió una investigación criminal o bien se suspendieron las actuaciones. No obstante, los familiares de muchas de las víctimas eran reacios a que continuaran las actuaciones sobre los asesinatos por miedo a sufrir represalias.

Organizaciones de derechos humanos y de mujeres informaron de que las mujeres y las niñas eran reacias a denunciar violaciones y otros actos de violencia sexual debido al estigma cultural que sufrían las víctimas en sus comunidades tradicionales. Se documentaron y corroboraron de manera independiente unos 20 casos, pero los observadores de derechos humanos pensaban que el número real era muy superior.

La mayoría de las violaciones y otros actos de violencia sexual fueron cometidos por grupos de hombres kirguises contra mujeres y niñas de etnia uzbeka, aunque también hubo casos de mujeres kirguises violadas por hombres uzbekos. Asimismo se recibió información sobre violaciones de niños y sobre el caso de un hombre uzbeko de mediana edad al que un grupo de agresores kirguises había violado, apuñalado y prendido fuego. En la mayoría de los casos, las violaciones fueron acompañadas de insultos de índole étnica y agresiones físicas graves.

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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Kirguistán en junio.