Irlanda
Jefa del Estado
Mary McAleese
Jefe del gobierno
Brian Cowen
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,6 millones
Esperanza de vida
80,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

Las normas de protección a la infancia eran insuficientes, tanto en la legislación como en la práctica. Las condiciones de reclusión en las cárceles distaban de cumplir los criterios exigidos. La prestación de servicios de salud mental era deficitaria.

Información general

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó Irlanda a principios de año y se centró en las condiciones penitenciarias y en la asistencia a los pacientes de instituciones psiquiátricas. En julio, Irlanda ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

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Derechos de la infancia

El gobierno no cumplió los diversos compromisos contraídos en 2009 a raíz del informe de la Comisión para Investigar los Abusos Infantiles. Entre otras cosas, no aprobó un anteproyecto que diera carácter de ley a las directrices de protección de la infancia.

En febrero, la Comisión Parlamentaria Conjunta sobre la Enmienda Constitucional relativa a la Infancia, con representación de todos los partidos, propuso una nueva disposición constitucional sobre los derechos de niños y niñas. Sin embargo, el gobierno no programó en 2010 la fecha del referéndum necesario para aprobar esta disposición, como había prometido.

Suscitaba gran preocupación la falta de investigación adecuada y de informes transparentes por parte del Servicio de Salud irlandés sobre las muertes de niños y niñas en los servicios estatales de protección al menor. El gobierno estableció en marzo un Grupo Independiente de Examen de Muertes de Menores para que revisara las investigaciones del Servicio de Salud sobre las muertes de niños y niñas bajo tutela.

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Discriminación: lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En julio se aprobó la Ley de Uniones Civiles, que regulaba el registro de uniones civiles, incluidas las de parejas del mismo sexo, y cuya entrada en vigor estaba prevista para 2011. No obstante, esta ley no establecía el derecho igualitario al matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, ni resolvía la desigualdad imperante en la situación jurídica de los hijos de parejas del mismo sexo.

Tras retirar en junio su recurso de apelación en la causa Foy v. An t-Ard Chláraitheoir & Ors, el gobierno prometió introducir legislación que reconociera la identidad de género de las personas transgénero.

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Condiciones de reclusión

Las condiciones de vida en las cárceles no reunían los criterios exigidos. Según un informe publicado en octubre por el inspector de Prisiones, existían graves condiciones de hacinamiento en las cárceles, y la violencia entre reclusos en la prisión de Mountjoy era endémica. Además, el informe calificaba de “inhumana y degradante” la práctica del “saneamiento precario” –según la cual los internos debían orinar y defecar en su celda dentro de un pequeño recipiente– en las cárceles de Mountjoy, Cork y Limerick.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En un informe publicado en febrero, la organización Centros de Asesoramiento Jurídico Gratuito (FLAC) criticaba las condiciones de vida de los solicitantes de asilo sujetos al “sistema de dispersión y manutención directa” del gobierno, en virtud del cual se colocaba a estas personas en diversos centros de acogida repartidos por el país, en los que debían permanecer mientras aguardaban la decisión sobre su situación. Según este informe, el sistema no creaba “un entorno propicio para el disfrute o el ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda y a la vida familiar”.

En vista de los motivos de preocupación sobre los procedimientos de determinación de los casos de asilo en Grecia, el Tribunal Superior decidió remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determinara si Irlanda debía asumir la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo de quienes hubieran atravesado territorio griego. Al final del año, las transferencias a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II estaban suspendidas en la práctica.

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Derecho a la salud: salud mental

El inspector de los Servicios de Salud Mental publicó en julio su informe anual, en el que ponía de relieve las precarias condiciones de varios centros de internamiento y calificaba algunas de ellas de “completamente inaceptables e inhumanas”. También señalaba que los significativos recortes de personal estaban afectando al enfoque progresista de los servicios comunitarios de salud mental, “causando el retroceso a una forma de servicio de salud mental más orientada a la privación de libertad”.

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Derechos de las mujeres

En la causa A, B and C v. Ireland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en diciembre que se había violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el caso de una de las demandantes, C., porque ésta no había contado con un mecanismo efectivo o accesible que determinara si tenía el derecho constitucional a abortar legalmente por correr su vida peligro.

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