Irak - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Irak

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irak is now live »

Jefe del Estado
Yalal Talabani
Jefe del gobierno
Nuri al Maliki
Pena de muerte
retencionista
Población
30,7 millones
Esperanza de vida
67,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
43/38 por cada 1.000

Las fuerzas del gobierno y los grupos políticos armados continuaron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos, aunque el grado de violencia fue en general menor que en años anteriores. Millares de civiles murieron o sufrieron heridas de gravedad en atentados suicidas y otros ataques con explosivos perpetrados por grupos políticos armados. El gobierno y la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos seguían manteniendo a millares de personas detenidas sin cargos por razones de seguridad, en algunos casos desde hacía varios años, aunque dejaron en libertad a millares más. La tortura y otros malos tratos infligidos por las fuerzas iraquíes –incluidos los guardias de prisiones– a personas detenidas seguían estando muy extendidos y se llevaban a cabo con impunidad. Según informes, había al menos 1.100 personas condenadas a muerte, muchas de las cuales habían sido sometidas a juicios injustos. El gobierno no reveló ninguna información sobre las ejecuciones llevadas a cabo, pero se tuvo noticia de al menos 120, y al parecer algunas tuvieron lugar en secreto. Todavía había al menos 1,5 millones de personas desplazadas internamente en Irak y cientos de miles de iraquíes refugiados en otros países. Se tuvo noticia de nuevas violaciones de derechos humanos en la región semiautónoma de Kurdistán, donde la situación era en general mucho mejor que en el resto de Irak.

Información general

En enero entró en vigor el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado entre los gobiernos de Irak y Estados Unidos y en virtud del cual las fuerzas estadounidenses se retiraron antes del 30 de julio de todas las localidades iraquíes y comenzaron a dejar en libertad a las personas que mantenían recluidas o a ponerlas bajo custodia iraquí. Estados Unidos transfirió también al gobierno iraquí el control de la Zona Verde de Bagdad.

La coalición Estado de Derecho del primer ministro, Nuri al Maliki, se hizo con el control de 10 de las 14 gobernaciones del país, incluido Bagdad, en unas elecciones provinciales celebradas a finales de enero en todas las zonas, excepto Kirkuk y las tres provincias kurdas.

El Consejo de Representantes (el Parlamento) estaba paralizado por las divisiones, por lo que hasta noviembre no se acordó una nueva ley electoral. Quedó prevista la celebración de elecciones parlamentarias para marzo de 2010.

A pesar de la riqueza petrolera del país, millones de iraquíes soportaban cada vez mayor pobreza, junto con un alto nivel de desempleo y una corrupción oficial generalizada. Un alto cargo público dijo a la ONU en octubre que había 5,6 millones de iraquíes viviendo por debajo del umbral de pobreza, lo que representaba un aumento del 35 por ciento con respecto al periodo anterior a la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos en 2003.

Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos políticos armados cometieron graves abusos contra los derechos humanos, incluidos secuestros, actos de tortura y asesinatos. Se perpetraron atentados suicidas con explosivos y otros ataques contra lugares públicos, que parecían tener por objeto causar víctimas civiles. Muchos de ellos fueron organizados por Al Qaeda en Irak y por grupos armados sunníes. Las milicias chiíes también cometieron abusos, entre ellos secuestros, actos de tortura y asesinatos. Entre las víctimas hubo miembros de minorías étnicas y religiosas, periodistas, mujeres, hombres homosexuales y otras personas civiles.

  • Al menos 25 muchachos y hombres fueron víctimas de homicidio en el primer trimestre del año en Bagdad, aparentemente por ser homosexuales o parecerlo, a raíz de que líderes religiosos del distrito predominantemente chií de Ciudad Sadr instaran a sus seguidores a erradicar la homosexualidad. Se creía que estos homicidios eran obra de milicias armadas chiíes o de miembros de las familias o tribus de las víctimas. A muchas de ellas las secuestraron y torturaron antes de matarlas. Algunos de los cadáveres estaban mutilados.
  • El 12 de julio, cinco iglesias cristianas de Bagdad sufrieron ataques con explosivos en los que murieron 4 civiles y resultaron heridos al menos 21 más.
  • El 13 de agosto murieron al menos 20 personas en un doble atentado suicida con explosivos cometido en la ciudad de Sinyar, bastión de los fieles de la religión yazidí.
  • El 25 de octubre, dos atentados suicidas con explosivos mataron al menos a 155 personas en el centro de Bagdad e hirieron a más de 700. Primero hizo explosión un camión bomba cerca de los ministerios de Justicia y Municipios, y minutos después explotó un vehículo bomba a la entrada del edificio de la gobernación de Bagdad.

Detenciones

El 1 de enero, la fuerza multinacional tenía a más de 15.000 personas detenidas, en su mayoría sin cargos, en Campo Cropper y en otras prisiones. Esta cifra se redujo a 6.466 a principios de diciembre en virtud del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, que exigía a la fuerza multinacional dejar en libertad a los detenidos o ponerlos bajo custodia iraquí. Unas 7.499 personas quedaron en libertad tras revisar sus casos un comité de representantes de varios ministerios iraquíes y ser interrogadas por agentes de seguridad. Al menos 1.441 más, algunas de ellas extranjeras, quedaron bajo custodia iraquí tras dictar las autoridades judiciales iraquíes órdenes de detención o privación de libertad contra ellas.

En septiembre se cerró la gran prisión de Campo Bucca, administrada por la fuerza multinacional cerca de Um Qasr, en el sur de Irak. Los reclusos fueron puestos en libertad, quedaron bajo custodia iraquí o fueron trasladados a las otras dos prisiones de la fuerza multinacional que quedaban abiertas: Campo Cropper, donde se hallaban recluidos la mayoría de los ex altos cargos del partido Baás detenidos, y Campo Taji, situado al norte de Bagdad.

  • El 8 de abril, un tribunal del distrito bagdadí de Al Karj determinó que no había pruebas suficientes contra Kadhum Ridha al Sarraj y ordenó su liberación. Sin embargo, la fuerza multinacional no lo dejó en libertad hasta el 7 de octubre. Había sido detenido el 15 de septiembre de 2008 en el aeropuerto internacional de Arbil, entregado a la fuerza multinacional y recluido sin cargos en Campo Cropper, aparentemente porque, debido a sus investigaciones médicas, se sospechaba que fabricaba bombas.

Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a 391 personas, con lo que el número total de condenados a muerte ascendió a 1.100 como mínimo, de los cuales al menos 900 habían agotado todos los recursos legales. Se llevaron a cabo al menos 120 ejecuciones, pero la verdadera cifra probablemente fuera mayor, pues las autoridades apenas revelaban información sobre las ejecuciones, y, según informes, algunas se llevaban a cabo en secreto.

La mayoría de las condenas de muerte se impusieron en juicios injustos y por participación en ataques armados, asesinatos u otros actos violentos. Los acusados solían denunciar que las “confesiones” admitidas como prueba contra ellos habían sido obtenidas con tortura al ser interrogados durante su prisión preventiva en régimen de incomunicación, y que no habían podido elegir a sus abogados defensores. En algunos casos, estas “confesiones” se emitieron por televisión.

  • El 10 de junio fueron ahorcados en la prisión de Al Kadhimiya de Bagdad 18 hombres y una mujer. Las ejecuciones no se anunciaron oficialmente.

Juicios de ex autoridades

El Alto Tribunal Penal Iraquí continuó juzgando a ex altos cargos y otras personas asociadas al ex presidente Sadam Husein, ejecutado el 30 de diciembre de 2006 por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos. El Alto Tribunal, cuya independencia e imparcialidad se habían visto afectadas por injerencias políticas, impuso varias penas de muerte. A finales de octubre, más de 50 miembros del Parlamento pidieron que se lo separara del Consejo de Ministros, presidido por el primer ministro, de manera que quedara únicamente bajo la autoridad del Consejo Judicial Supremo. También pidieron que se ampliara su competencia para abarcar delitos cometidos por autoridades civiles y militares a partir del 1 de mayo de 2003.

  • Watban Ibrahim al Hassan y Sabawi Ibrahim al Hassan, hermanastros del ex presidente Sadam Husein, que desempeñaron los cargos de ministro del Interior y jefe de los servicios de inteligencia, respectivamente, fueron condenados a muerte el 11 de marzo por crímenes de lesa humanidad. El ex viceprimer ministro Tariq Aziz fue condenado a 15 años de prisión, al igual que Ali Hassan al Majid, condenado ya a muerte en otras tres causas. Los cuatro formaban parte de un grupo de ocho personas sometidas a juicio en relación con el homicidio en 1992 de 42 comerciantes de Bagdad que habían sido acusados de crimen organizado cuando el país quedó sujeto a las sanciones económicas de la ONU. Otros tres acusados fueron condenados a entre seis años de prisión y cadena perpetua, y un hombre fue absuelto.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad iraquíes

Las fuerzas de seguridad iraquíes cometieron graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos y detenciones arbitrarias, y lo hicieron en gran medida con impunidad. A las personas detenidas se las recluía en condiciones de gran hacinamiento en prisiones y centros de detención donde sufrían abusos a manos de los interrogadores y los guardias. Según los informes, se empleaban métodos de tortura, como azotar a la víctima con cables y mangueras, colgarla de las extremidades durante largos periodos, aplicarle descargas eléctricas en los genitales y otras zonas sensibles, fracturarle extremidades, arrancarle las uñas de los pies con unos alicates y perforarle el cuerpo con una taladradora. Al parecer, algunas personas detenidas fueron violadas.

  • En junio, un organismo de derechos humanos de la gobernación de Al Diwaniya, en el sur de Irak, acusó a las fuerzas de seguridad de torturar a detenidos para obtener “confesiones”. Representantes del Ministerio del Interior que realizaron una investigación informaron posteriormente de que 10 de los 170 reclusos de la prisión de Al Diwaniya presentaban contusiones que podían haber sido causadas por tortura u otros malos tratos. Unas imágenes de vídeo grabadas al parecer por un guardia de la prisión mostraban a un preso tendido y con las manos atadas a la espalda, al que los guardias azotaban y aplicaban descargas eléctricas hasta que perdía el conocimiento. En el vídeo se oía decir a un guardia: “Ya ha tenido suficiente”.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas estadounidenses

Las fuerzas estadounidenses cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos de civiles. Los tribunales militares estadounidenses vieron varias causas contra soldados acusados de delitos cometidos en Irak en años anteriores.

  • El 1 de enero, tropas estadounidenses hirieron de gravedad a Hadil Emad, redactora de la cadena de televisión Biladi, al disparar contra ella cerca de un control de seguridad en Karrada, Bagdad. El ejército de Estados Unidos dijo que los soldados habían disparado contra una mujer que “actuaba de manera sospechosa y no hacía caso de las advertencias”.
  • El 16 de septiembre, tropas estadounidenses que patrullaban por el centro de Faluya mataron a tiros a Ahmed Latif, aparentemente cuando éste, que era, al parecer, enfermo mental, las insultó y les arrojó un zapato. Las autoridades estadounidenses dijeron que los soldados habían disparado contra él porque temieron un ataque con granadas.
  • El 21 de mayo, Steven Dale Green, ex soldado estadounidense, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Estados Unidos que lo declaró culpable de la violación y homicidio de Abeer al Janabi, niña de 14 años, y del asesinato de su madre, su padre y su hermana de 6 años en marzo de 2006 en Irak. En la misma causa fueron condenados también a cadena perpetua otros tres ex soldados.

Violencia contra las mujeres

Las mujeres continuaron sufriendo un alto grado de discriminación y violencia. Algunas fueron agredidas en la calle por hombres armados o recibieron amenazas de muerte de hombres que las acusaban de no cumplir los estrictos códigos morales islámicos. En mayo, unas reclusas de la prisión de mujeres de Al Kadhimiya dijeron a los miembros de una comisión de derechos humanos del Parlamento que habían sido violadas en prisión o durante su reclusión en otros sitios. El gobierno ofrecía poca protección contra la violencia en el seno de la sociedad y la familia.

  • Safa Abd al Amir al Khafaji, directora de una escuela femenina del distrito bagdadí de Al Ghadir, resultó gravemente herida por los disparos efectuados por unos desconocidos el 12 de noviembre, poco después de anunciar su intención de concurrir a las elecciones como candidata del Partido Comunista de Irak.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Había cientos de miles de iraquíes refugiados en Siria, Jordania, Líbano, Turquía y otros países, así como hasta 1,5 millones más desplazados internamente en Irak, aunque, según informes, en 2009 regresaron a sus hogares unos 200.000, en muchos casos porque consideraron que en materia de seguridad la situación había mejorado. No obstante, los que regresaban tenían que enfrentarse a grandes dificultades: muchos se encontraban con que sus casas habían sido destruidas o estaban ocupadas por otras personas, y tenían problemas para conseguir suficientes alimentos, agua y combustible.

Campo de Ashraf

El 28 y el 29 de julio, tras meses de creciente tensión, las fuerzas de seguridad iraquíes asaltaron el campo de Ashraf, en la gobernación de Diyala, y se hicieron con el control del lugar. El campo, que acogía a unos 3.400 miembros y partidarios del grupo de oposición iraní Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, había estado bajo control del ejército estadounidense desde 2003 hasta la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas. Unas imágenes de vídeo mostraron a las fuerzas de seguridad iraquíes avanzando deliberadamente con sus vehículos contra los residentes del campo congregados para protestar. Las fuerzas de seguridad utilizaron también munición real, con la que, al parecer, mataron al menos a 9 personas residentes en el campo, y detuvieron a otras 36, a las que torturaron. Los 36 detenidos fueron conducidos a la comisaría de policía de Al Jalis, en Diyala, donde se declararon en huelga de hambre, y posteriormente fueron trasladados a Bagdad a pesar de haberse dictado reiteradas órdenes judiciales para que fueran puestos en libertad. Quedaron libres y pudieron regresar al campo de Ashraf en octubre, tras una campaña internacional en su favor. Sin embargo, según informes, el gobierno insistió en el traslado de los residentes del campo a otro lugar del sur de Irak, pese al temor de que allí estuvieran menos seguros, y les dio de plazo hasta el 15 de diciembre para mudarse o ser trasladados por la fuerza. Al final del año, los residentes aún no habían abandonado el campo.

Región de Kurdistán

El 25 de julio se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias en la región semiautónoma administrada por el Gobierno Regional de Kurdistán. Masud Barzani fue reelegido presidente. La Lista Kurda, que agrupaba al Partido Demócrata del Kurdistán y a la Unión Patriótica del Kurdistán, conservó la mayoría en el Parlamento de Kurdistán. El principal grupo de oposición, la Lista del Cambio, ganó 25 de los 111 escaños.

En abril, el primer ministro del Gobierno Regional de Kurdistán, Nechirvan Barzani, dijo a una delegación de Amnistía Internacional que se hallaba de visita en la región que había ordenado personalmente a la policía de seguridad, conocida como Asayish, y a otros cuerpos encargados de hacer cumplir la ley que respetaran las salvaguardias de los derechos humanos recomendadas por la organización y que estaba tomando medidas para hacer rendir plenamente cuentas a la Asayish. El primer ministro especificó las medidas que se estaban adoptando en contra de los denominados homicidios en nombre del “honor” y otras formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, a pesar de tales medidas y de la continua mejora de la situación de los derechos humanos en el Gobierno Regional de Kurdistán, se denunciaron casos de detención arbitraria, así como de tortura y otros malos tratos, infligidos sobre todo por las fuerzas de seguridad del Partido Demócrata del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán, conocidas como Parastin y Zanyari, respectivamente. Activistas de la Lista del Cambio y algunos periodistas independientes sufrieron amenazas, intimidación y, en ocasiones, violencia por criticar al Gobierno Regional de Kurdistán o a altos cargos.

Detención arbitraria

Al menos nueve personas detenidas anteriormente continuaron recluidas sin cargos ni juicio.

  • Walid Yunis Ahmed, miembro de la minoría turcomana detenido en 2000, pasó su noveno año de reclusión sin juicio. Según informes, había sido torturado tras su detención, y en 2009 se hallaba recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Erbil.

Libertad de expresión

A pesar de la introducción de una ley de prensa más liberal en 2008, los periodistas de medios de comunicación independientes sufrían hostigamiento mediante demandas que parecían entablarse contra ellos por motivos políticos. Algunos fueron agredidos físicamente por hombres vestidos de civil relacionados aparentemente con las fuerzas de seguridad Parastin y Zanyari.

  • A finales de octubre, Nabaz Goran, director de la revista independiente Jihan, fue agredido por tres desconocidos a la entrada de las dependencias de la publicación, en Arbil.

Violencia contra las mujeres

Se siguió teniendo noticia de un alto grado de violencia contra las mujeres, como homicidios de mujeres cometidos por familiares.

  • En octubre se encontró el cadáver de Jian Ali Abdel Qader junto a la casa de su familia en el pueblo de Qadafari, Sulaimaniya. Jian había denunciado ser víctima de violencia familiar y en julio había buscado protección en una casa refugio de Sulaimaniya. Sin embargo, había regresado al hogar de su familia tras recibir garantías de que estaría segura. Se detuvo a varios familiares, entre ellos su padre, en relación con el asesinato.

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