Irán

Human Rights in República Islámica de Irán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irán is now live »

Jefe del Estado y líder de la República Islámica de Irán
ayatolá Sayed Alí Jamenei

Jefe del gobierno y presidente Mahmud Ahmadineyad
Pena de muerte retencionista
Población 72,2 millones
Esperanza de vida 70,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 35/34 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 82,4 por ciento

Las autoridades mantuvieron las estrictas restricciones impuestas a la libertad de expresión, asociación y reunión. Se reprimía el activismo de la sociedad civil, incluida la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y los derechos de las minorías. Se detuvo y se procesó a activistas, a menudo en juicios injustos, o se les prohibió viajar al extranjero y se les impidió celebrar reuniones. La tortura y otros malos tratos a personas detenidas eran comunes y se cometían con impunidad. Hubo informes de imposición de condenas de flagelación y amputación. Se tuvo noticia de la ejecución de al menos 346 personas, pero el número real probablemente fuera mayor. Se ejecutó a dos hombres por lapidación. Ocho de las personas ejecutadas eran menores de edad en el momento en que se cometió el delito.

Información general

Hubo un continuo descontento entre las principales minorías étnicas de Irán, principalmente en las comunidades azerbaiyana, baluchi y kurda, por la marginación de que creían ser objeto y por el hecho de que el gobierno no hiciera valer sus derechos económicos, sociales y culturales, ni tampoco sus derechos civiles y políticos.

El gobierno propuso cambios del Código Penal y de otras leyes que, si se ratificaban, menoscabarían aún más los derechos humanos.

Persistió la tensión internacional generada por el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en votación la prórroga de las sanciones económicas y políticas impuestas en años anteriores.

Continuaron las críticas internacionales por las violaciones de derechos humanos. En un informe de octubre, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó al gobierno a que garantizara que la legislación de Irán se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos y que se ponía fin a la discriminación de las mujeres y de las minorías étnicas y religiosas. En noviembre, la Asamblea General de la ONU pidió al gobierno que acabara con el hostigamiento, las intimidaciones y la persecución de que eran objeto los partidarios de la oposición política y los defensores de los derechos humanos, que hiciera valer el derecho al debido proceso y que pusiera fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Asimismo, le instó a facilitar la visita de los órganos de derechos humanos de la ONU.

"...se sometieron a debate en el Parlamento nuevas leyes que prescribían la pena de muerte o condenas de flagelación por producir vídeos pornográficos..."

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos sufrían hostigamiento e intimidaciones, pero continuaron presionando para conseguir mayor respeto de los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas y el fin de las ejecuciones de personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Se detuvo y encarceló a algunos tras procesarlos por imprecisos cargos, y a otros se les prohibió viajar al extranjero.

  • Shirin Ebadi, galardonada con el Nobel de la Paz y cofundadora del Centro de Defensores de los Derechos Humanos en Teherán, sufrió cada vez más hostigamiento, amenazas e intimidaciones por parte de órganos del Estado. El 29 de diciembre, unos funcionarios que dijeron ser inspectores fiscales irrumpieron en su oficina y se llevaron archivos confidenciales de sus clientes.
  • En diciembre, funcionarios de seguridad obligaron al Centro de Defensores de los Derechos Humanos a cerrar poco después de que se celebrara en él un acto conmemorativo del 60.° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
  • Emadeddin Baghi, presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Presos, quedó en libertad en octubre, tras haber cumplido una condena que le había sido impuesta injustamente en 2003 por «menoscabar la seguridad nacional» a raíz de unos comentarios suyos en contra del uso de la pena de muerte. Inicialmente se le había impuesto una condena condicional. Las autoridades de la prisión tardaron en proporcionarle atención médica que necesitaba urgentemente, pero le concedieron un permiso por razones de salud. Tanto él como sus familiares fueron absueltos por un tribunal de apelación de otros cargos relacionados con su trabajo de derechos humanos, pero, según informes, la judicatura remitió la causa a otro tribunal para que realizara de nuevo una investigación. En noviembre comenzó el juicio de Emadeddin Baghi por cargos relacionados con su trabajo en la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Presos.

Discriminación contra las mujeres

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica, y las que luchaban por sus derechos eran objeto específico de la represión del Estado. El Parlamento sometió a debate unas leyes que, si se hacían efectivas, limitarían el acceso de las mujeres a la educación universitaria de su elección al imponer nuevas restricciones a las residencias. Se retiraron del proyecto de ley unos controvertidos artículos sobre el matrimonio gracias a la presión de activistas de los derechos de las mujeres. Las autoridades cerraron el periódico Zanan (Mujeres), bloquearon sitios web sobre los derechos de las mujeres y disolvieron reuniones pacíficas de activistas de estos derechos, incluidos actos de la Campaña por la Igualdad, emprendida para pedir el fin de la discriminación jurídica de las mujeres.

En febrero, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer informó de que el gobierno no había respondido ni a una sola comunicación de 2007. En noviembre, la relatora criticó a Irán por la represión a que sometía a quienes defendían los derechos humanos de las mujeres.

Se detuvo, interrogó y, en algunos casos, juzgó a decenas de activistas de los derechos humanos de las mujeres por sus actividades pacíficas. Hasta 10 de estas personas fueron condenadas en primera instancia a prisión y, al menos en dos casos, a flagelación.

  • Maryam Hosseinkhah, Parvin Ardalan, Jelveh Javaheri y Nahid Kesharvarz fueron condenadas a seis meses de prisión en septiembre. Declaradas culpables de «difundir propaganda contra el Estado», quedaron en libertad en espera del resultado de sus apelaciones. Se habían presentado cargos contra ellas por unos artículos que habían escrito para el sitio web de la Campaña por la Igualdad y para Zanestan, sitio web sobre los derechos de las mujeres cerrado por las autoridades en 2007.

Libertad de expresión y asociación

Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia con medidas como restringir el acceso a Internet, prohibir periódicos y publicaciones estudiantiles y procesar a periodistas considerados críticos con ellas en sus artículos. También sometieron a hostigamiento, intimidaciones y detención a profesores universitarios, sindicalistas y estudiantes que propugnaban reformas.

Se expulsó temporal o permanentemente de la universidad a decenas de estudiantes por apoyar a grupos reformistas o defender los derechos de compañeros expulsados. Otros fueron detenidos y recluidos por participar en manifestaciones, por lo que posiblemente fueran presos de conciencia.

Las autoridades sometían a hostigamiento e intimidaciones a la gente debido a su apariencia. Se impidió presentarse a las elecciones parlamentarias de marzo a millares de posibles candidatos por medio de la práctica discriminatoria conocida como gozinesh (selección), que, en función de las opiniones políticas o filiación religiosa, privaba de igualdad de oportunidades a quienes buscaban empleo en el sector público.

  • Se impidió presentarse a las elecciones parlamentarias de marzo a millares de posibles candidatos por medio de un criterio discriminatorio que, en función de las opiniones políticas o filiación religiosa, privaba de igualdad de oportunidades. Criterios similares se aplicaron a quienes buscaban empleo en el sector público.

Discriminación: represión de minorías

Continuó prohibido el uso de las lenguas de las minorías en la escuela y en los centros oficiales. Quienes hacían campaña en favor de mayor participación política o reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las minorías estaban expuestos a sufrir amenazas, detención y encarcelamiento. A los miembros de minorías se les negaba el acceso al trabajo en el sector público en virtud de la legislación sobre gozinesh. Muchas mujeres se veían en situación de desventaja por partida doble: por pertenecer a minorías étnicas o religiosas marginadas y por la condición de subordinación de las mujeres en algunas comunidades, como la baluchi y la kurda.

Población árabe

Los miembros de la población árabe ahwazí continuaron protestando contra la discriminación de que creían ser objeto, especialmente en el acceso a los recursos.

  • Masoumeh Kabi y sus cinco hijos, devueltos de Siria a Irán en octubre, fueron detenidos a su llegada, con objeto, aparentemente, de presionar a su esposo, activista árabe ahwazí que se encontraba en Europa, para que regresara a Irán y se entregara a las autoridades.

Población azerbaiyana

Continuó el activismo en favor del uso de la lengua túrquica azerbaiyana en las escuelas y los servicios oficiales de las zonas donde vivía principalmente la población azerbaiyana iraní. En febrero se detuvo a decenas de activistas en relación con manifestaciones organizadas con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna.

  • Cuatro activistas estuvieron recluidos en régimen de aislamiento entre septiembre y noviembre acusados de «atentar contra la seguridad del Estado». Formaban parte de un total de 18 personas detenidas aparentemente para impedir un boicot simbólico de un día a los colegios y universidades en protesta por que no se impartieran clases en túrquico azerbaiyano. Al final del año se ignoraba qué suerte habían corrido las 18 personas.
  • Un tribunal de Ardebil condenó en diciembre a Asgar Akbarzadeh a cinco años de prisión, que debía cumplir en la provincia de Sistán Baluchistán, por los cargos de formar un partido político ilegal, elaborar y distribuir documentos «panturquistas», tomar parte en reuniones sobre los bailes folclóricos y otros aspectos de la cultura azerbaiyana y enviar información a sitios web de derechos humanos.

Población baluchi

En las zonas baluchis se produjeron enfrentamientos esporádicos entre el Movimiento Popular de Resistencia de Irán, grupo armado conocido también como Jondallah, y las fuerzas del gobierno. En junio, este grupo hizo prisioneros a 15 o 16 guardias de fronteras iraníes. Uno de ellos fue liberado, pero en octubre sus captores habían matado ya a los demás. Las autoridades tomaron duras medidas contra los presuntos miembros y simpatizantes de Jondallah.

  • En agosto, tras un juicio manifiestamente injusto, fue ejecutado Yaqub Mehrnehad, activista de los derechos culturales y civiles baluchis y miembro de la Sociedad Popular Juvenil Voz de la Justicia. Había sido detenido por criticar a las autoridades locales. Según informes, fue torturado, privado de asistencia letrada y declarado culpable por un tribunal de Zahedán de vinculación con Jondallah.

Población kurda

Los miembros del grupo armado Partido por una Vida Libre en Kurdistán, conocido por las siglas de su nombre en kurdo, PJAK, continuaron atacando a las fuerzas iraníes. Muchos kurdos detenidos se enfrentaban al cargo de pertenecer o apoyar al PJAK o a otros grupos. Algunos, como Farzad Kamangar, profesor que negó la acusación y sufrió tortura, fueron condenados a muerte en juicios injustos.

Se detuvo y se encarceló tras juicios injustos a personas partidarias de un mayor reconocimiento de la lengua, la cultura y otros derechos de la población kurda.

Las autoridades no tomaron medidas adecuadas para abordar el persistente problema de la falta de protección de las mujeres contra la violencia en el ámbito familiar, a pesar de que seguía habiendo un elevado número de casos de mujeres que se prendían fuego a sí mismas, a menudo con consecuencias mortales, aparentemente porque eran víctimas de tal violencia.

Más de 50 presos se declararon en huelga de hambre entre agosto y octubre para protestar por el uso de la pena de muerte contra presos políticos kurdos y para exigir el respeto de los derechos civiles de los presos kurdos.

  • Mohammad Sadiq Kabudvand, fundador y presidente de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán, detenido desde julio de 2007, fue condenado a 11 años de prisión en mayo tras ser declarado culpable en un juicio injusto de hacer «propaganda contra el sistema» y «atentar contra la seguridad del Estado estableciendo la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán». Un tribunal de apelación anuló la condena de un año de prisión impuesta por «propaganda contra el sistema» y confirmó la de 10 años. Mohammad Sadiq Kabudvand no fue autorizado a recibir visitas de su familia y su abogado durante largo tiempo, y recibió con retraso la atención médica que necesitaba.

Población turcomana

En enero se detuvo a centenares de miembros de la población turcomana a raíz de unas protestas contra el homicidio de un joven pescador de esta minoría a manos de las fuerzas de seguridad marítimas a finales de 2007 cerca de Bandar-e-Torkman. Al final de año no parecía que se hubiera llevado aún ante la justicia a los responsables del homicidio. Al menos seis escolares menores de 15 años pasaron hasta 12 días recluidos y según informes sufrieron torturas, como palizas, violación con un objeto y aplicación de descargas eléctricas.

Minorías religiosas

Los miembros de algunas minorías religiosas continuaron sufriendo discriminación, hostigamiento, detención arbitraria y daños en bienes de sus comunidades. Se detuvo a personas que habían abjurado del islam. Otras detenidas antes de 2008 fueron sometidas a juicio: al menos dos resultaron absueltas del cargo de «apostasía» y todas quedaron al final en libertad. A los adeptos a la fe bahaí se les siguió negando el acceso a la educación superior, y se destruyeron algunos de sus lugares sagrados. Se hostigó y detuvo a dirigentes y otros miembros de la orden sufí de Gonabad. Al menos tres clérigos sunníes fueron víctimas de homicidio en circunstancias poco claras; otros fueron detenidos, y dos, ejecutados. En agosto fue destruido un seminario sunní de Baluchistán. Se obligó a los administradores de escuelas a informar a los servicios locales de seguridad de la presencia en sus centros de miembros de «sectas subversivas», como bahaíes, seguidores de Ali Ellahi y adeptos de Ahl e Haq.

  • En marzo y mayo fueron detenidos por funcionarios del Ministerio de Información siete líderes de la comunidad bahaí, a los que se acusó en agosto de imprecisos delitos contra la seguridad nacional. Todos fueron considerados presos de conciencia.
  • El ayatolá Kazemeyni Boroujerdi, clérigo contrario al gobierno, continuó en prisión, pese a su mal estado de salud, cumpliendo una pena de 11 años que le había sido impuesta en un juicio injusto ante el Tribunal Especial para el Clero en agosto de 2007. La condena incluía el exilio interno, por lo que en noviembre fue trasladado de Teherán a Yazd.

Sistema de justicia

Fueron detenidas decenas de personas críticas con el gobierno, a menudo por agentes vestidos de civil que no les mostraron ningún tipo de identificación. Algunas pasaron largos periodos recluidas sin juicio, al margen del control de las autoridades judiciales, y según informes sufrieron tortura u otros malos tratos y no tuvieron acceso a servicios médicos, a abogados ni a sus familias. Otras fueron condenadas a prisión en juicios injustos o cumplían condenas impuestas en años anteriores.

  • Los hermanos Arash y Kamiar Alaei, médicos especializados en la prevención y el tratamiento del VIH/sida, fueron detenidos en junio y recluidos sin cargos debido posiblemente a sus vínculos con organizaciones no gubernamentales con sede en Estados Unidos y a sus críticas a la política del gobierno hacia los programas sobre VIH/sida. Fueron sometidos a un juicio injusto el 31 de diciembre, acusados de haber «cooperado» con un «gobierno enemigo» e intentar derrocar al gobierno iraní. Durante el juicio, el fiscal comunicó al tribunal pruebas secretas adicionales, que el abogado de los hermanos Alaei no tuvo oportunidad de refutar, ya que el fiscal no las reveló.
  • Mansour Ossanlu, presidente de la organización no reconocida Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Autobuses de Teherán, continuó cumpliendo una pena de cinco años de prisión que le había sido impuesta por sus actividades sindicales pacíficas y que un tribunal de apelación había confirmado en octubre de 2007. Considerado preso de conciencia, estaba mal de salud y recibía con retraso el tratamiento médico que necesitaba.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos a los detenidos eran prácticas comunes, facilitadas por los largos periodos de detención preventiva, la negación del acceso a abogados y familiares y la impunidad sistemática de que disfrutaban desde hacía mucho tiempo los responsables. Se denunciaron al menos cuatro muertes bajo custodia. No se tuvo noticia de ninguna investigación independiente sobre estos casos ni sobre otros dos ocurridos en 2007.

  • Abdolreza Rajabi, partidario de la proscrita Organización Muyahidín del Pueblo de Irán y encarcelado desde 2001, murió bajo custodia en octubre. Hubo informes según los cuales pudo haber sido torturado.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Se impusieron y se ejecutaron penas de flagelación y amputación judicial.

  • Al parecer, en noviembre un tribunal de Qom condenó a Amir Ali Mohammad Labaf, líder sufí de Gonabad, a cinco años de prisión, flagelación y exilio en Babak por «propagar mentiras».

Pena de muerte

Se ejecutó como mínimo a 346 personas, al menos ocho de las cuales habían sido condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. El número total de ejecuciones probablemente fuera mayor, pues las autoridades restringían la información sobre ellas. Se llevaron a cabo ejecuciones por una amplia variedad de delitos, como asesinato, violación, contrabando de drogas y corrupción. Había al menos 133 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad, en contra del derecho internacional. Muchos defensores iraníes de los derechos humanos hacían campaña para conseguir que se pusiera fin a esta práctica. Las autoridades intentaban justificar las ejecuciones por asesinato argumentando que eran pena de qisas (castigo equivalente al delito), no de ‘edam (ejecución), distinción no reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos. En enero se sometieron a debate en el Parlamento nuevas leyes que prescribían la pena de muerte o condenas de flagelación por producir vídeos pornográficos, así como una propuesta de imposición de la pena de muerte por «apostasía», pero al final de 2008 aún no se habían promulgado.

En enero, el presidente de la Magistratura ordenó el fin de las ejecuciones públicas en la mayoría de los casos, y en agosto funcionarios judiciales dijeron que se habían suspendido las ejecuciones por lapidación, aunque al final del año continuaban en espera de ejecución al menos 10 personas condenadas a muerte por lapidación, y en diciembre se ejecutó por este método a dos hombres.

En diciembre, Irán votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Irán continuaba acogiendo a casi un millón de refugiados, la mayoría de ellos de Afganistán. Según el gobierno, había ilegalmente en el país hasta un millón de personas más.

  • Al menos 12 ciudadanos afganos, que al parecer habían sido devueltos a su país desde Irán, murieron en abril por disparos efectuados por la policía de fronteras iraní en circunstancias poco claras.

Visitas de Amnistía Internacional

Las autoridades no respondieron a ninguna de las más de 50 cartas que les envió Amnistía Internacional y se negaron a considerar la posibilidad de que la organización visitara el país.

Informes de Amnistía Internacional

Irán: Detener las ejecuciones por lapidación (15 enero 2008)
Irán: Defensoras y defensores de los derechos de las mujeres desafían la represión (28 febrero 2008)
Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority (en inglés, 30 julio 2008)

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