Alemania
Jefe del Estado
Christian Wulff (sustituyó a Horst Köhler en julio)
Jefa del gobierno
Angela Merkel
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
82,1 millones
Esperanza de vida
80,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años)(h/m)
5/5 por cada 1.000

La respuesta a las denuncias de malos tratos continuó siendo inadecuada. Varios estados federados seguían devolviendo a romaníes a Kosovo a pesar de su necesidad de protección internacional.

Escrutinio internacional

El relator especial de la ONU sobre el racismo recomendó reforzar el mandato y los recursos de la Oficina Federal contra la Discriminación con iniciativas como incluir en el Código Penal una mención expresa del racismo como circunstancia agravante, impartir formación específica a agentes de policía, fiscales y jueces en relación con la identificación de crímenes de odio y adoptar medidas especiales para asegurar una adecuada representación de las personas de origen migratorio en las instituciones estatales.

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Tortura y otros malos tratos

Las autoridades no garantizaban una investigación adecuada de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Este factor, unido a la falta de información sobre los procedimientos para presentar una querella y a los obstáculos existentes para la identificación de agentes de policía, podía ocasionar la impunidad de los responsables y amenazaba el acceso de las víctimas a la justicia y su derecho a obtener resarcimiento.

Continuaron las denuncias de malos tratos, y no se crearon mecanismos independientes de atención de denuncias contra la policía para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sólo algunos estados ofrecían información en sus sitios web sobre cómo presentar denuncias por conducta policial indebida.

  • La Fiscalía General archivó el 3 de marzo las investigaciones sobre los presuntos malos tratos infligidos a una periodista gráfica por agentes de policía durante la Cumbre del G-8 celebrada en Rostock en 2007, aduciendo que era imposible identificar a los agentes con la certeza necesaria. Berlín fue el único estado que introdujo la identificación individual obligatoria para la policía uniformada, medida que entraría en vigor en enero de 2011. En el resto del país, los agentes de policía no estaban obligados a llevar chapas de identificación.
  • En el proceso penal sobre la muerte de Oury Jalloh en 2005 por inhalación de humo tras un incendio declarado en su celda cuando estaba bajo custodia policial en la localidad de Dessau, el Tribunal Supremo Federal anuló el 7 de enero la absolución de un agente de policía y ordenó un nuevo juicio. Las actuaciones en primera instancia, concluidas en 2008, habían puesto de manifiesto la existencia de graves deficiencias en cuanto a la exhaustividad de las investigaciones en su etapa preliminar.
  • Según testimonios de manifestantes, efectivos de policía desplegados para proteger un gran proyecto de infraestructura en Stuttgart hicieron uso excesivo de la fuerza durante una manifestación celebrada el 30 de septiembre. El Parlamento del estado de Baden-Wurtemberg estableció el 27 de octubre una comisión de investigación sobre la operación policial. La Fiscalía seguía investigando las denuncias al final del año.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Varios estados continuaron devolviendo a miembros de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana a Kosovo a pesar de que allí corrían peligro de persecución a su regreso y sufrían discriminación debido a la falta de acceso a la educación, la asistencia médica, la vivienda y las prestaciones sociales. Sin embargo, en el estado de Renania del Norte-Westfalia se dictó un decreto el 21 de septiembre que obligaba a efectuar una evaluación individual del riesgo previa a la devolución de romaníes, ashkalíes y egipcianos a Kosovo, y el 1 de diciembre se aprobó la suspensión de las devoluciones durante cuatro meses debido a las bajas temperaturas del invierno kosovar.

Durante el año se transfirió a 55 solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II, a pesar de que en ese país no había un sistema operativo de determinación de las solicitudes de asilo. En varios casos, el Tribunal Constitucional suspendió las transferencias en espera de una decisión final.

El 15 de julio, el gobierno informó al secretario general de la ONU de que había retirado sus reservas a la Convención sobre los Derechos del Niño e insistió en que no eran necesarios cambios en su legislación sobre asilo. Como consecuencia, los niños de 16 y 17 años seguían recibiendo trato de personas adultas durante el procedimiento de asilo y no contaban con la asistencia de un tutor.

  • Khaled Kenjo, kurdo de Siria devuelto a este país en 2009 y posteriormente detenido y condenado a un breve periodo de cárcel por “difundir información falsa que podría perjudicar la reputación del Estado” sirio, vio reconocida su condición de refugiado y obtuvo permiso en julio para regresar a Alemania.
  • Yonas Haile Mehari y Petros Aforki Mulugeta, ciudadanos de Eritrea devueltos a su país en 2008, regresaron a Alemania en abril y junio, respectivamente, después de que en 2009 se les hubiera reconocido in absentia la condición de refugiados.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Según las conclusiones de un estudio de la ONU sobre la detención secreta publicado en febrero, Alemania había sido cómplice en la detención secreta del ciudadano sirio-alemán Muhammad Zammar, víctima de transferencia ilegal a Siria en diciembre de 2001. Las pruebas presentadas en una investigación parlamentaria realizada entre 2006 y 2009 confirmaban que agentes alemanes lo habían interrogado en Siria en noviembre de 2002 y habían remitido, además, a las autoridades sirias preguntas que debían formularle en su interrogatorio. No obstante, las conclusiones de la investigación parlamentaria, publicadas en junio de 2009, indicaban que no había existido complicidad de las autoridades alemanas en ninguna de las violaciones de derechos humanos relacionadas con este caso. Desde entonces, las autoridades se habían negado a abrir otra investigación sobre su papel en las entregas.

El gobierno confirmó que seguiría basando su decisión de devolver a personas a sus países de origen en “garantías diplomáticas”, que supuestamente reducían el peligro de tortura y otros malos tratos.

  • El Tribunal Administrativo Superior del estado de Renania del Norte-Westfalia confirmó en mayo la decisión adoptada en 2009 por el Tribunal Administrativo de Düsseldorf en la causa de un ciudadano tunecino sospechoso de actividades terroristas, según la cual el uso de “garantías diplomáticas” socavaba la prohibición absoluta de la tortura. En consecuencia, no se permitió la devolución de esta persona a Túnez.
  • Un palestino apátrida y un ciudadano sirio liberados de Guantánamo fueron acogidos el 16 de septiembre en los estados de Hamburgo y Renania-Palatinado, respectivamente. El ministro federal del Interior anunció que Alemania ya no brindaría protección a más ex detenidos de Guantánamo.

El 7 de diciembre, el Tribunal Administrativo de Colonia desestimó una demanda interpuesta por el ciudadano alemán Khaled el Masri. Éste había pedido a Alemania que volviera a considerar su decisión de no solicitar la extradición de 13 ciudadanos estadounidenses presuntamente responsables de su transferencia ilegal a Afganistán en 2004. El Tribunal adujo que la actuación del gobierno había sido legítima, ya que la petición de Khaled el Masri se había evaluado teniendo en cuenta los intereses de Alemania en materia de seguridad nacional y política exterior. Khaled el Masri recurrió la sentencia.

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