Egipto - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Árabe de Egipto

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Egipto is now live »

Jefe del Estado: Muhammad Hosni Mubarak
Jefe del gobierno: Ahmed Nazif
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Al menos 18 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas en atentados con bomba en Dahab (Sinaí Meridional) en abril. La policía dispersó de forma violenta a manifestantes pacíficos que pedían la independencia del poder judicial y reformas políticas. Cientos de miembros de la organización prohibida Hermandad Musulmana fueron detenidos, y al terminar el año decenas de ellos estaban recluidos en espera de juicio. Miles de presuntos partidarios de grupos islamistas prohibidos, entre los que había posibles presos de conciencia, continuaron recluidos sin cargos ni juicio en virtud de la legislación de excepción; algunos llevaban recluidos más de 10 años. La tortura y los malos tratos a personas privadas de libertad siguieron siendo sistemáticos. En la mayoría de los casos de tortura, los responsables no comparecieron ante la justicia. Al menos tres personas fueron condenadas a muerte, y cuatro fueron ejecutadas.

Información general

En abril se renovó el estado de excepción por dos años, pese a los llamamientos para que se levantara. El estado de excepción, que estaba en vigor sin interrupción desde 1981, facilitaba la comisión de violaciones de derechos humanos, como reclusión prolongada sin cargos, tortura y malos tratos, las restricciones excesivas a la libertad de expresión, asociación y reunión, y los juicios sin garantías ante tribunales militares y Tribunales Supremos de Seguridad del Estado (para el estado de excepción). En marzo, el gobierno estableció un comité con el cometido de preparar una nueva ley antiterrorista para sustituir a la legislación de excepción.

En febrero, el Parlamento aprobó aplazar por dos años las elecciones locales previstas para el mes de abril. El gobierno afirmó que la demora permitiría disponer de tiempo para redactar una nueva ley que reforzaría las facultades de la administración de consejos locales, pero personas que sostenían opiniones contrarias afirmaron que haría más difícil que los posibles candidatos independientes a la presidencia cumplieran las nuevas condiciones de inscripción introducidas en 2005.

En mayo, el Tribunal de Casación confirmó la condena de cinco años de prisión impuesta a Ayman Nour, dirigente del partido Al Ghad, que quedó en segunda posición en las elecciones presidenciales de septiembre de 2005, si bien a considerable distancia del ganador. Se temió que su procesamiento y juicio obedecieran a motivos políticos.

Hubo brotes esporádicos de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos. En abril, al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas en Alejandría como consecuencia de tres días de violencia religiosa.

Egipto y la Unión Europea no alcanzaron un consenso en la aplicación del Acuerdo de Asociación que había entrado en vigor en 2004 en el contexto de la Política Europea de Vecindad. Según los informes, las negociaciones fracasaron ante todo por discrepancias sobre los derechos humanos en Egipto y sobre qué debería estipular el acuerdo en lo concerniente a las armas nucleares en Oriente Medio.

En diciembre, el Tribunal Supremo Administrativo anuló una decisión anterior de un tribunal administrativo, de abril de 2006, que reconocía el derecho de las personas de la comunidad bahaí de Egipto a que constase su condición de bahaíes en la documentación oficial. La anulación se produjo tras presentar el Ministerio del Interior un recurso. La decisión del Tribunal Supremo Administrativo significaba que los bahaíes debían inscribirse como musulmanes, cristianos o judíos si deseaban obtener documentos oficiales, como certificados de nacimiento y defunción o tarjetas de identidad.

Violaciones de derechos humanos en el marco de la «guerra contra el terror»

A pesar del número cada vez mayor de indicios en sentido contrario, las autoridades continuaron negando su implicación en la tortura y la detención secreta de personas en el contexto de la «guerra contra el terror», si bien el primer ministro había reconocido en 2005 la devolución a Egipto de unos 60 sospechosos que estaban bajo la custodia de Estados Unidos. El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo intentó visitar el país para evaluar la actuación de Egipto en materia de derechos humanos en el marco de la «guerra contra el terror», pero no obtuvo una respuesta afirmativa de las autoridades egipcias.

Después de los atentados con bombas que tuvieron lugar en Dahab, las fuerzas de seguridad mataron a un mínimo de 13 sospechosos entre abril y agosto. Según los informes, un agente de policía también perdió la vida y dos resultaron heridos en enfrentamientos en Sinaí Septentrional. Se detuvo a cientos de personas, acusadas de tener vínculos con lo que, según las fuerzas de seguridad, era un nuevo grupo terrorista llamado Unidad y Guerra Santa (Tawhid wal Jihad). Decenas de personas fueron detenidas en el norte de El Cairo en septiembre por presuntos vínculos con Al Qaeda. Algunos detenidos a quienes los tribunales absolvieron de cargos relacionados con el terrorismo continuaban privados de libertad en aplicación de órdenes de detención administrativa.

En abril, Osama Mostafa Hassan Nasr (conocido como Abu Omar) compareció ante el fiscal. Fue la primera vez desde su secuestro en Italia en febrero de 2003 que se le permitió contar con la presencia de un abogado durante el interrogatorio. Abu Omar describió su secuestro en Italia y su devolución ilegal a Egipto. Afirmó que lo habían torturado mientras estaba recluido en detención secreta en Egipto y que entre los métodos de tortura empleados figuraban la alternancia de temperaturas extremas y las descargas eléctricas en los genitales. No hubo indicios de que las denuncias fueran objeto de investigación por parte de las autoridades egipcias. En noviembre, el fiscal italiano que investigaba el secuestro de Abu Omar recibió una carta manuscrita de éste, de 11 páginas y sin fecha, que se había sacado clandestinamente de la prisión de Istiqbal Tora. En ella ofrecía detalles de los actos de tortura que había sufrido y describía las condiciones inhumanas a las que continuaba expuesto en la cárcel. En 2005, las autoridades italianas habían dictado órdenes de detención contra 22 agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en relación con el secuestro.

Continuó ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para el estado de excepción) el juicio de 13 detenidos en relación con los atentados con bomba perpetrados en Taba y Nuweiba en octubre de 2004. El Tribunal desestimó las denuncias de los acusados de que sus confesiones se habían obtenido mediante tortura, y condenó a muerte a Muhammed Gayiz Sabbah, Usama ?Abd al-Ghani al-Nakhlawi y Yunis Muhammed Abu Gareer. Otros dos acusados fueron condenados a cadena perpetua, y otras ocho personas a penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Detención administrativa

Siguió utilizándose legislación de excepción que preveía la reclusión indefinida sin cargos. Algunas personas llevaban más de 10 años en la cárcel a pesar de que los tribunales habían dictado órdenes de excarcelación. La Organización Egipcia de Derechos Humanos, de carácter no gubernamental, calculó que unas 18.000 personas permanecían recluidas sin cargos ni juicio, muchas de ellas en condiciones terribles. El Ministerio del Interior negó la veracidad de estos datos y dijo que no había más de 4.000 detenidos, pero no ofreció más detalles. Según los informes, muchos detenidos estaban enfermos debido a las deficiencias en materia de alimentación e higiene, las graves condiciones de hacinamiento y la ausencia de atención médica adecuada.

En agosto, ONG y activistas de los derechos humanos crearon la Red Egipcia para la Defensa de los Detenidos con el fin de impartir formación a los profesionales de la abogacía en cuestiones relacionadas con la detención administrativa en Egipto y de movilizar a la sociedad civil por esta cuestión.

En junio comenzó el juicio de 14 personas imputadas en relación con los atentados con bomba que tuvieron lugar en El Cairo en abril y mayo de 2005. Sin embargo, según los informes, cientos de personas detenidas después de los atentados permanecían en detención administrativa pese a haber obtenido órdenes de excarcelación de los tribunales. Al parecer, la mayoría eran vecinos o conocidos de personas que estaban en espera de juicio, o habían acudido a las mismas mezquitas para la oración. En agosto de 2006, decenas de estas personas se declararon en huelga de hambre para protestar por la continuidad de la reclusión. Algunas mujeres emparentadas con detenidos recibieron órdenes de presentarse en la oficina del Servicio de Información y Seguridad del Estado en Shubra al Kheima, al norte de El Cairo, y estuvieron dos días detenidas, durante los cuales las insultaron y las amenazaron con aplicarles descargas eléctricas.

Tortura y malos tratos

La tortura de detenidos políticos y de presuntos delincuentes comunes siguió siendo habitual y sistemática y, según los informes, estuvo en el origen de varias muertes bajo custodia. Entre los métodos denunciados con frecuencia figuraban las palizas, la aplicación de descargas eléctricas, la suspensión prolongada por las muñecas y los tobillos en posiciones forzadas, las amenazas de muerte y los abusos sexuales.

Mohammed al-Sharqawi y Karim al-Sha'ir, activistas en pro de las reformas, fueron detenidos tras las manifestaciones de abril y mayo y quedaron en libertad el 22 de mayo. A los dos los detuvieron de nuevo el 25 de mayo después de una manifestación. Los golpearon en la calle y los llevaron a la comisaría de policía de Qasr Nil, donde los torturaron. Según informes, Mohammed al-Sharqawi fue sometido a abusos sexuales por los agentes que lo habían detenido. Mohammed al-Sharqawi y Karim al-Sha'ir quedaron en libertad en julio.

Persistieron los informes de tortura de presuntos delincuentes comunes durante los interrogatorios en comisarías de policía.

Emad al-Kabir, taxista de 21 años de edad, de Bulaq Dakrurm, gobernación de Giza, fue detenido en enero tras intervenir para poner fin a un altercado entre unos agentes de policía y un primo suyo. Mientras estuvo detenido en la comisaría de policía de Bulaq Dakrur lo abofetearon y le golpearon con un palo en las manos y las piernas. Lo acusaron de «resistencia a las autoridades» y lo presentaron ante el fiscal, que ordenó su libertad bajo fianza. Sin embargo, lo llevaron de nuevo a la comisaría, donde estuvo detenido durante la noche y fue objeto de torturas, entre ellas violación con un palo. Uno de los agentes de policía filmó la violación con la cámara de un teléfono móvil y amenazó a Emad al-Kabir con difundir la grabación en vídeo en su barrio para que sirviera de humillación pública para él y de intimidación para otros. En noviembre, el vídeo, que según informes había circulado ampliamente en el barrio de Bulaq Dakrur y entre los taxistas, fue cargado en Internet. Este hecho provocó enérgicas protestas de organizaciones de derechos humanos y recibió una amplia cobertura de los medios de comunicación, lo cual propició que la Fiscalía ordenara en diciembre la detención de dos agentes de policía que después fueron transferidos al Tribunal Penal del Distrito Sur de El Cairo para ser sometidos a juicio.

El caso de Emad al-Kabir, sin embargo, fue excepcional. Aunque durante el año se juzgó a varios agentes de policía por torturar a otros detenidos, las denuncias de tortura rara vez se investigaron, y los procesamientos de presuntos responsables de estos actos fueron la excepción.

Amenaza para la independencia judicial

En junio, el Parlamento aprobó una nueva ley reguladora del poder judicial. A pesar de algunas disposiciones positivas, como las restricciones a las facultades ministeriales, jueces reformistas y parlamentarios de la oposición aliados con la Hermandad Musulmana criticaron la ley por no garantizar la independencia del poder judicial. En julio, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados expresó su preocupación por la nueva ley y señaló la falta de criterios claros para la selección y el nombramiento de jueces y la ausencia de garantías básicas para la celebración de juicios justos en los procedimientos disciplinarios para jueces.

Tras pedir públicamente una investigación sobre el presunto fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 2005, dos jueces que ocupaban puestos de responsabilidad, Mahmoud Mekki y Hisham Bastawisi, vicepresidentes del Tribunal de Casación, tuvieron que comparecer en mayo ante una junta disciplinaria que se reunió en la sede del Tribunal Superior de El Cairo. El caso, que se resolvió con la absolución de Mahmoud Mekki y una amonestación oficial a Hisham Bastawisi, suscitó la preocupación generalizada así como protestas y manifestaciones públicas de partidos políticos de la oposición, grupos partidarios de las reformas y sindicalistas en apoyo de los dos jueces. La policía antidisturbios dispersó de forma violenta estas protestas y se detuvo a más de 500 manifestantes, en su mayoría miembros de la Hermandad Musulmana, como Essam al-Aryan, Mohammed Morsy y Maged Hassan, miembros destacados del partido. La mayoría quedaron en libertad al cabo de un breve periodo de detención.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Continuaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Algunas ONG hubieron de hacer frente a obstáculos para registrarse y obtener reconocimiento jurídico. Los periodistas siguieron siendo víctimas de amenazas, hostigamiento y encarcelamiento como consecuencia de su trabajo.

Tal'at Sadat, sobrino del asesinado ex presidente Mohamed Anwar Sadat, fue condenado en octubre a un año de prisión con trabajos forzados y una multa por difamar a las fuerzas armadas y por difundir rumores falsos. Tal'at Sadat había concedido una serie de entrevistas a medios de comunicación en las que señaló la implicación de altos mandos militares en el homicidio del ex presidente por soldados islamistas en 1981. También dio a entender que el presidente Hosni Mubarak, a la sazón vicepresidente, había estado implicado. No obstante su condición de civil, Tal'at Sadat fue juzgado y condenado por un tribunal militar tras ser desposeído de su inmunidad parlamentaria.

En julio, el Parlamento aprobó una controvertida ley de prensa en virtud de la cual la libertad de prensa seguía siendo objeto de restricciones. Ciertos delitos de prensa e imprenta, como difamar a funcionarios públicos, siguieron llevando aparejada la imposición de penas de privación de libertad. Periódicos independientes y de la oposición dejaron de publicarse un día para protestar por la nueva ley, y cientos de trabajadores de medios de comunicación protestaron en el exterior de la Asamblea Nacional.

Ibrahim Eissa, redactor jefe del semanario de oposición Al Dostour, la periodista Sahar Zaki, de la misma publicación, y Saied Mohamed Abdullah fueron condenados en junio a un año de prisión y una multa por injuriar al presidente y difundir rumores falsos. Los cargos estaban relacionados con unos artículos publicados en abril en los que se informaba sobre una demanda judicial de Saied Mohamed Abdullah contra el presidente y altos cargos del gobernante Partido Nacional Democrático. La causa seguía pendiente ante el Tribunal de Apelación al acabar el año.

Pena de muerte

Siguieron imponiéndose condenas a muerte. A tres personas declaradas culpables de delitos relacionados con el terrorismo se las condenó a muerte en un juicio sin las debidas garantías. Al menos otras cuatro personas fueron ejecutadas.

Los hermanos Ezzat y Hamdi Ali Hanafi fueron ejecutados en junio. Habían sido condenados a muerte por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para el estado de excepción) en septiembre de 2005 por resistencia armada a una operación de las fuerzas de seguridad en busca de drogas no especificadas. Los procedimientos del Tribunal violaron principios básicos para la celebración de juicios justos, incluido el derecho a recurrir ante un tribunal superior.

Personas refugiadas y migrantes

El 3 de enero, las autoridades anunciaron que devolverían a Sudán hasta 650 ciudadanos sudaneses detenidos. Estas personas, entre las que había refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, habían sido detenidas tras la intervención violenta de la policía en una manifestación pacífica que tenía lugar en el exterior de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en El Cairo, el 30 de diciembre de 2005; al menos 27 ciudadanos sudaneses perdieron la vida y decenas de manifestantes resultaron heridos. Posteriormente, las autoridades pusieron en libertad a los detenidos y dijeron que no los devolverían a Sudán. Sin embargo, no abrieron investigación alguna sobre los homicidios.

En agosto, Egipto presentó su informe para el examen del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. El informe debía haberse presentado en 2004.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

•  Egipto. Temor de devolución, temor de tortura y malos tratos. Hasta 650 ciudadanos sudaneses (Índice AI: MDE 12/001/2006)

•  Egipto: Amnistía Internacional pide que se investiguen homicidios y se opone a la expulsión colectiva con la que se ha amenazado a los manifestantes sudaneses (Índice AI: MDE 12/002/2006)

•  Egipto: Amnistía Internacional condena los ataques contra civiles en Dahab (Índice AI: MDE 12/006/2006)

•  Egipto: La independencia judicial se ve amenazada por actuaciones disciplinarias contra jueces (Índice AI: MDE 12/007/2006)

•  Egipto: Amnistía Internacional, preocupada por la represión de manifestantes pacíficos en El Cairo (Índice AI: MDE 12/009/2006)

•  Egipto: Hay que poner fin a las detenciones de manifestantes pacíficos y a los ataques violentos contra ellos (Índice AI: MDE 12/010/2006)

•  Egipto: Los poderes de excepción abusivos no deben consolidarse en la nueva ley antiterrorista (Índice AI: MDE 12/014/2006)

Visitas

•  Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron El Cairo en julio y diciembre para asistir a conferencias, y en septiembre una delegación de la organización encabezada por la secretaria general mantuvo reuniones en El Cairo con el secretario general de la Liga de los Estados Árabes y con el ministro del Interior y otras autoridades gubernamentales egipcias.

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