Argelia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Democrática y Popular de Argelia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Argelia is now live »

Jefe del Estado : Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno : Abdelaziz Beljadem
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 33,9 millones
Esperanza de vida : 71,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 35/31 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 69,9 por ciento

La violencia política que siguió imperando en todo el país se saldó con al menos 491 personas muertas, cifra superior a la del año 2006. Muchas perecieron en atentados con bomba cuya autoría se atribuyó un grupo denominado Organización Al Qaeda en el Magreb Islámico. Se recluyó en régimen de incomunicación y en secreto a personas sospechosas de estar relacionadas con el terrorismo, que corrieron peligro de ser sometidas a torturas y otros malos tratos. Varios sospechosos de terrorismo devueltos a Argelia por otros Estados fueron condenados a penas de cárcel en juicios que no cumplieron las normas internacionales. Se hostigó a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas. El gobierno tomó alentadoras medidas con miras a atajar la violencia contra las mujeres y abolir la pena de muerte, pero no hizo nada para romper el escudo de impunidad que protegía a los miembros de grupos armados y de las fuerzas de seguridad gubernamentales que habían cometido graves abusos contra los derechos humanos durante el conflicto interno de la década de 1990.

Información general

La baja participación en las elecciones parlamentarias de mayo pareció haber sido un reflejo de la falta de confianza pública en la capacidad de las autoridades estatales para abordar con eficacia, entre otros, los problemas de seguridad, desempleo, falta de vivienda y escasez de agua. La inquietud por la corrupción avivó el descontento, dado que aparentemente los beneficios de las crecientes exportaciones de gas y petróleo no estaban favoreciendo a la población en general. El flujo de migrantes hacia Europa era continuo.

En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó que el gobierno abordase los persistentes problemas de impunidad, detención secreta y tortura, discriminación contra las mujeres y restricciones a la libertad de expresión.

Homicidios por motivos políticos

El principal grupo armado islamista activo en Argelia, la Organización Al Qaeda en el Magreb Islámico, previamente conocida como Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, atacó objetivos civiles y militares. El grupo se atribuyó la responsabilidad de los atentados con bomba cometidos en Argel en abril y diciembre, y en Batna y Dellys en septiembre. Esos ataques se saldaron con al menos 130 personas muertas, muchas de ellas civiles, y centenares de personas heridas. En septiembre, las autoridades anunciaron que Hassan Hattab, primer líder del Grupo Salafista, se había entregado.

Fuerzas gubernamentales mataron a decenas de presuntos miembros de grupos armados en el curso de operaciones de registro y durante enfrentamientos violentos. No se disponía de muchos datos al respecto, pero se temía que algunas de las víctimas pudieran haber sido ejecutadas extrajudicialmente.

Violaciones de derechos humanos en el contexto de operaciones antiterroristas

Detención en secreto

El Departamento de Información y Seguridad (Département du renseignement et de la sécurité,DRS), órgano de inteligencia militar, siguió recluyendo a presuntos terroristas en régimen de incomunicación y en lugares secretos, a menudo establecimientos militares donde corrían peligro de que los sometieran a torturas y otros malos tratos. Entre los detenidos había varios nacionales argelinos devueltos desde otros países.

  • Mohamed Rahmouni fue detenido el 18 de julio por agentes de seguridad que vestían ropas de civil en las proximidades de su domicilio de Bourouba, Argel. Su familia realizó indagaciones sobre su paradero y un mes después de la detención su madre fue citada en las dependencias de la policía judicial de Bourouba, donde le comunicaron que su hijo se encontraba detenido bajo custodia del DRS y que se le estaba dispensando buen trato. Al finalizar el año, sin embargo, no estaba claro dónde se encontraba recluido ni si se habían presentado cargos en su contra, y a sus familiares aún se les seguía negando el acceso a él.
  • El DRS detuvo a su llegada a Argel el 20 y el 24 de enero, respectivamente, a un hombre conocido como «K» (por restricciones legales) y a Reda Dendani. Las autoridades británicas los habían expulsado del Reino Unido por considerarlos una amenaza para la seguridad nacional. «K» quedó en libertad sin cargos el 4 de febrero tras haber permanecido privado de libertad sin cargos ni acceso a un abogado durante un plazo superior al permitido legalmente de 12 días en esas condiciones. Reda Dendani permaneció bajo custodia del DRS hasta el 5 de febrero y fue luego trasladado a prisión en espera de juicio (véase infra). Ambos estuvieron recluidos en secreto, posiblemente en dependencias militares de Argel, y sin acceso a sus familiares.

Procedimientos judiciales injustos

Las personas sospechosas de delitos de terrorismo se enfrentaban a procedimientos judiciales injustos. Los detenidos no siempre estaban asistidos por un abogado en su primera comparecencia ante un juez y algunos afirmaron no haber denunciado que habían sido objeto de torturas u otros malos tratos a manos del DRS por temor a las represalias. En cualquier caso, las autoridades judiciales no investigaban las denuncias de tortura y otros malos tratos de los detenidos, ni siquiera cuando en el juicio se presentaban en su contra «confesiones» presuntamente extraídas bajo tortura u otras formas de coacción.

  • Un hombre conocido como «H», que había sido devuelto a Argelia por las autoridades del Reino Unido, fue condenado a tres años de cárcel el 10 de noviembre por «pertenencia a un grupo terrorista que opera en el extranjero». «H» denunció en el juicio que el DRS lo había sometido a torturas y que lo habían obligado a firmar una declaración cuyo contenido desconocía antes de comparecer ante las autoridades judiciales. El tribunal aceptó esa declaración firmada como prueba inculpatoria sin investigar la denuncia del procesado. También desestimó su alegación de que en la embajada argelina en Londres se le había asegurado que, de ser devuelto a Argelia desde Reino Unido, podría beneficiarse de las medidas de amnistía aprobadas en 2006 en Argelia.
  • Reda Dendani fue condenado a ocho años de prisión en noviembre por «pertenencia a un grupo terrorista que opera en el extranjero». En el juicio denunció que agentes del DRS lo habían golpeado cuando pidió ver el contenido de la declaración que le presentaban y que le pedían firmar, y que no había denunciado estos hechos en su primera comparecencia ante el juez a causa de las amenazas del DRS. El tribunal no investigó estas denuncias.

Impunidad

El gobierno no adoptó ninguna medida para abordar los abusos de derechos humanos graves y generalizados cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto interno de la década de 1990 en el que al menos 200.000 personas perdieron la vida.

En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno que enmendase los artículos 45 y 46 de la Ordenanza Núm. 06-01 sobre la Implementación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, de 2006, que otorgaba impunidad a las fuerzas de seguridad y penalizaba las críticas públicas de su conducta.

Desapariciones forzadas

Argelia firmó el 6 de febrero la nueva Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero no adoptó medida alguna para investigar la suerte de las miles de víctimas de desaparición forzada, y siguió aplicando las disposiciones de la Ordenanza Núm. 06-01, conforme a las cuales los familiares podían solicitar indemnización si conseguían de las autoridades un certificado de defunción de la persona desaparecida. Algunas familias se quejaron de que se habían ejercido presiones sobre ellas para que solicitaran esos certificados, y otras se negaron a realizar ese trámite preocupadas por el hecho de que ello pudiera cerrar toda vía de investigación ulterior. Las autoridades comunicaron al Comité de Derechos Humanos que habían seleccionado 6.233 solicitudes de indemnización y que habían catalogado unos 17.000 casos como de «terroristas muertos», pero no aportaron datos sobre las personas desaparecidas a las que esos casos se referían. Algunas familias obtuvieron certificados de defunción en los que se decía que sus familiares desaparecidos habían muerto en el curso de sus actividades como miembros de grupos armados. Se desconoce el número de familias que recibieron indemnización.

  • No hubo progresos en la resolución de la desaparición forzada de Salah Saker, docente detenido por agentes del Estado en 1994, pese a que el Comité de Derechos Humanos había pedido en 2006 que se llevase a cabo una investigación inmediata sobre su caso.
  • En julio, el Comité de Derechos Humanos se pronunció sobre los casos de Mohamed Grioua y Mourad Kimouche, desaparecidos tras su detención por agentes del Estado en 1996. El Comité de Derechos Humanos concluyó que el Estado no había protegido sus derechos y su vida, y pidió que se llevase a cabo una investigación plena y se procesase a los responsables.

Libertad de expresión

Las autoridades hostigaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas. Varios de ellos fueron procesados y se los amenazó con ser encarcelados por cargos de difamación, al parecer como sanción o medida disuasoria contra las críticas a las políticas del gobierno y a la actuación de las autoridades. Aunque el Comité de Derechos Humanos recomendó que se cambiase la ley para despenalizar la difamación, la ley siguió en vigor.

  • El abogado de derechos humanos Amine Sidhoum fue acusado formalmente de difamación en relación con unos comentarios que se le habían atribuido en un artículo de prensa aparecido en 2004. La periodista que había redactado el artículo también fue acusada a fines de octubre. El juicio de ambos, fijado para noviembre, se aplazó hasta enero de 2008. En marzo, Amine Sidhoum y otra abogada de derechos humanos, Hassiba Boumerdessi, fueron absueltos de pasar objetos prohibidos a presos que eran clientes suyos.
  • Mohamed Smain, presidente de la delegación en Relizane de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, fue declarado culpable el 27 de octubre de «denunciar delitos imaginarios». Había denunciado que los cadáveres de unas 20 personas desaparecidas tras ser capturadas por una milicia local armada por el Estado habían sido enterrados en una fosa común en Sidi Mohamed Benaouda. Fue condenado a dos meses de prisión y al pago de una multa y de daños y perjuicios. El tribunal ya lo había condenado en 2002, pero el Tribunal Supremo ordenó después que fuera juzgado de nuevo. Mohamed Smain presentó nuevo recurso y seguía en libertad.
  • A Hafnaoui Ghoul, periodista y activista de derechos humanos en la delegación en Djelfa de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, se le notificó en septiembre que el jefe de la gendarmería de Djelfa había presentado cargos en su contra por difamación y que había ordenado que se personara semanalmente en la gendarmería. En 2004 había sido declarado culpable de difamación de autoridades locales y estuvo encarcelado seis meses.

Personas refugiadas y migrantes

Las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular corrían el riesgo de ser detenidas, expulsadas de forma colectiva y sometidas a malos tratos. No se disponía de mucha información al respecto, pero se creía que habían sido expulsadas por millares a países del áfrica subsahariana sin posibilidad de solicitar asilo o apelar contra su expulsión.

  • En agosto, 28 personas de países del áfrica subsahariana, reconocidas como refugiadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), fueron expulsadas a Malí, tras un juicio en el que no tuvieron ni representación letrada ni la asistencia de intérpretes, por cargos de entrar ilegalmente en Argelia. Los refugiados fueron abandonados en las proximidades de la localidad desértica de Tinzaouatene (en la que había activo un grupo armado de Malí), sin alimentos, agua ni asistencia médica. Permanecieron allí durante tres días a causa de la situación de inseguridad, y después consiguieron llegar a la capital maliense.

Violencia y discriminación contra las mujeres

En febrero visitó Argelia la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer. La relatora expresó su satisfacción por las importantes enmiendas introducidas en 2005 para reducir la discriminación contra las mujeres, pero llamó la atención sobre determinados aspectos del Código de Familia que permiten la discriminación contra las mujeres en materia de vivienda y derechos de herencia. La relatora manifestó también su incertidumbre sobre si se estaba indemnizando a las víctimas de violación y de esclavitud sexual durante el conflicto interno.

El Comité de Derechos Humanos recomendó la enmienda de la legislación argelina para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en materia de matrimonio, divorcio y vivienda, y la criminalización de la violación marital.

Pena de muerte

Las autoridades mantuvieron una moratoria de hecho sobre las ejecuciones, aunque siguieron dictándose penas de muerte. Decenas de miembros de grupos armados fueron sentenciados a muerte por cargos de terrorismo, en su mayoría in absentia. En noviembre, Argelia copatrocinó la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria global sobre las ejecuciones.

Informe de Amnistía Internacional

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