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España: La tragedia de los migrantes de Ceuta, lamentable menosprecio hacia la vida humana

El hecho de que las autoridades españolas no hayan investigado debidamente el ahogamiento de 14 migrantes frente a la costa de Ceuta después de que la Guardia Civil abriese fuego contra ellos con balas de goma de gran calibre pone de relieve el lamentable menosprecio hacia la vida humana que impera en las fronteras de España con Marruecos, ha declarado Amnistía Internacional en el aniversario de la tragedia.

“Un año después de este trágico incidente, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia, mientras la investigación ha sido bloqueada y paralizada”, afirma Irem Arf Rayfield, investigadora de Amnistía Internacional sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes en Europa. 

Hoy hace un año que 200 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo del África Subsahariana intentaron llegar a nado desde la frontera con Marruecos hasta Ceuta, ciudad autónoma de España ubicada en la costa septentrional de África. Miembros de la Guardia Civil española abrieron fuego con balas de goma de gran calibre, gas lacrimógeno y munición de fogueo para impedir su llegada, y causaron o contribuyeron a causar la muerte de 14 personas. Según informes, murió otra mujer tras el incidente, aunque nunca se encontró su cuerpo.

El portavoz del gobierno negó al principio el uso de material antidisturbios; tras aparecer posteriormente imágenes del material empleado, el ministro del Interior reconoció dicho uso, aunque dijo que se había evitado alcanzar a las personas que estaban en el mar. Sin embargo, los sobrevivientes declararon a las organizaciones no gubernamentales españolas que algunos de ellos habían sido alcanzados con balas de goma cuando estaban en el agua y que el gas lacrimógeno lanzado por la Guardia Civil les causó dificultades para ver y para respirar.

El Parlamento votó en contra de la propuesta de crear una comisión parlamentaria para investigar el incidente. Aunque en febrero de 2014 se abrió una investigación criminal sobre las muertes, esta está a cargo de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, el mismo órgano que dirigió la operación con resultados fatales del año pasado. Hasta la fecha no parece que haya sido exhaustiva, rápida o imparcial.

La juez de instrucción no recogió información vital, como la identidad de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, después de que las organizaciones no gubernamentales cuestionaran su inacción ante los tribunales.

“Ha pasado un año y parece que ha habido pocos avances para que los responsables de las muertes rindan cuentas de sus actos. Las víctimas de esta tragedia y sus familias merecen justicia y una reparación, no retrasos y evasivas”, dijo Irem Arf Rayfield.

Las expulsiones: una infracción fundamental de la ley

Además de las denuncias de uso excesivo de la fuerza, la expulsión sumaria de los sobrevivientes a Marruecos violó normas internacionales de derechos humanos vinculantes para España.

Un grupo de 23 personas que llegó a la playa fue devuelto sumariamente a Marruecos sin que se les diera la oportunidad de pedir asilo o recurrir contra la expulsión. El Ministerio del Interior dijo que las devoluciones eran compatibles con la legislación española y con las obligaciones internacionales de España porque los migrantes no habían cruzado la frontera española.

Sin embargo, resulta indudable que las personas afectadas fueron expulsadas de territorio español, pues estaban en el lado de Ceuta de la frontera de la playa de Tarajal. Con independencia de dónde estuvieran físicamente, las 23 personas estaban bajo jurisdicción española cuando las apresó la Guardia Civil española.

“Esta devolución sumaria es una vulneración directa de las obligaciones españolas, europeas e internacionales. No fue la primera ni tampoco la última. Las expulsiones han continuado periódicamente durante todo el año pasado”, añadió Irem Arf Rayfield.

Nueva legislación que pone en peligro vidas

El Parlamento español estudia actualmente varias enmiendas a la ley de inmigración que permitirían la devolución sumaria de personas (“devoluciones en caliente”) en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla sin ninguna salvaguardia procesal. El Ministerio del Interior ha declarado que, de adoptarse dichas enmiendas, aprobaría el uso de material antidisturbios para realizar estas devoluciones.

“Para colmo, en lugar de corregir la práctica mortal vigente de impedir a toda costa que refugiados y migrantes entren en España a través de sus enclaves en el Norte de África y devolver ilegalmente a quienes llegan, el gobierno está estudiando vías para legalizar las devoluciones sumarias y el uso potencialmente excesivo de la fuerza para sellar sus fronteras”, concluyó Irem Arf Rayfield.

“Las enmiendas propuestas violarían claramente las obligaciones contraídas por España en materia de derechos humanos y pondrían más vidas en peligro. Los legisladores españoles deben rechazar la vergonzosa propuesta del gobierno.”