• Comunicado De Prensa

Kenia: Las víctimas de la violencia postelectoral siguen buscando justicia

La persistente inacción del gobierno en lo relativo a investigar de manera adecuada los delitos cometidos durante la violencia postelectoral de 2007-2008 y de proporcionar justicia y reparación a las víctimas de esa violencia está causando un impacto devastador en las vidas y los medios de vida de esas personas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy martes. 

El informe, titulado Crying for justice: Victims’ perspectives on justice for the post-election violence in Kenya, ofrece datos convincentes sobre los sufrimientos que siguen experimentando los kenianos atrapados en la violencia que se cobró 1.100 vidas, provocó el desplazamiento de 660.000 personas y dejó a muchos miles con lesiones de larga duración. 

“Seis años después de que la violencia postelectoral convulsionara Kenia, las víctimas siguen esperando justicia. Es de vital importancia que se escuchen sus voces y se tomen medidas urgentes”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía internacional, en Nairobi para presentar el informe.

“Muchas de las personas desplazadas siguen sin ser reasentadas y sin recibir indemnización, muchos heridos y familiares de personas fallecidas siguen sin recibir una reparación que les ayude a rehacer sus vidas destrozadas, y la mayoría de los autores de los actos de violencia siguen sin responder ante la justicia.”

El informe, basado en entrevistas con víctimas de la violencia y en consultas con numerosos grupos de la sociedad civil, revela que muchas víctimas necesitan con urgencia una asistencia que les ayude a recuperarse de las lesiones sufridas y a recuperar las propiedades y los medios de vida destruidos en la violencia que azotó el país entre diciembre de 2007 y febrero de 2008. Los programas de reasentamiento sólo se han dirigido a algunas comunidades, en tanto que se ha desatendido a otras.

Las víctimas se sienten desilusionadas con el sistema de justicia, excluidas de este sistema y frustradas porque los autores de los actos de violencia continúan en libertad. “Conozco a la gente que se quedó con mi propiedad en Kericho. Nuestros hijos e hijas fueron violados y sabemos quién los violó”, dijo Samuel, de Kisii, a Amnistía Internacional.

La investigación de Amnistía Internacional indica que algunas víctimas no acuden a la policía porque temen represalias de quienes cometieron los actos de violencia o abusos a manos de la policía. Algunas víctimas dijeron que, cuando intentaron denunciar ante la policía, les pidieron dinero o se les amenazó con implicarlas en algunos de los delitos de los que habían sido testigos. De acuerdo con el informe de la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral (conocida como Comisión Waki), la policía fue responsable de 405 de las 1.113 muertes.

Una mujer relató a Amnistía Internacional que fue atacada por hombres que blandían machetes en Mathare. Cuando huía, un agente de policía detuvo su automóvil y la recogió. En lugar de brindarle protección, el agente la llevó a su propia casa y la violó. Ahora la mujer vive con el VIH y ha abandonado los intentos de denunciar al policía, que está destinado en una comisaría cercana.

La ausencia de investigación de los delitos por parte de la policía se refleja en las informaciones según las cuales el director de la Fiscalía afirmó recientemente, tras examinar más de 4.000 expedientes relacionados con la violencia postelectoral, que no había indicios suficientes para seguir adelante con ningún caso. Dada la falta de disposición del gobierno para abordar la impunidad, la mayoría de las víctimas entrevistadas apoyaban la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) a pesar de que los dos casos que se tramitan actualmente ante la Corte tienen un alcance limitado.

El gobierno también ha emprendido iniciativas políticas y ha apoyado iniciativas de la Unión Africana (UA) para menoscabar los trabajos de la CPI y detener la sustanciación de los casos de la Corte, como pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que dé por concluidos o difiera los casos de Kenia ante la CPI, promover la no cooperación con la CPI, y proponer enmiendas que pretenden menoscabar la eficacia de la CPI.

A pesar de la rotunda inacción de Kenia en lo relativo a abordar plenamente las necesidades de cientos de miles de víctimas de la violencia postelectoral, el informe concluye no obstante que sigue habiendo posibilidades de restablecer la confianza en el sistema de justicia. Amnistía Internacional pide:

el establecimiento del Comité para la Aplicación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación; mayor protección para víctimas y testigos y para los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre violencia postelectoral y abogan por justicia, la verdad y reparación; nuevas investigaciones sobre los 4.000 expedientes de los que, según los informes, el director de la Fiscalía afirmó que carecían de indicios suficientes; consulta con la sociedad civil en relación con el establecimiento de la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior para garantizar su independencia y legitimidad; el establecimiento de un programa de reparaciones para abordar los daños sufridos por las víctimas de la violencia postelectoral; la cooperación plena del gobierno de Kenia con la CPI; yel fin de las iniciativas políticas en la Unión Africana para detener las investigaciones y los enjuiciamientos de la CPI sobre Kenia. 

“Justicia demorada es justicia denegada, y las víctimas de la violencia postelectoral de Kenia han esperado ya bastante tiempo para que se haga justicia”, ha afirmado Muthoni Wanyeki, director regional para África Oriental de Amnistía Internacional.

“En el pasado, el gobierno y el Parlamento de Kenia han obstruido sistemáticamente los intentos de investigar y de enjuiciar a los sospechosos de cometer crímenes de derecho internacional. Es hora de poner fin a la impunidad, proporcionar reparación a quienes han sufrido y cerrar por fin este vergonzoso capítulo de nuestra historia.”

En el informe y en este comunicado se han modificado los nombres de las víctimas.

Información complementaria

Las víctimas que se reunieron con Amnistía Internacional procedían de algunas de las zonas más afectadas por la violencia postelectoral: Nairobi, Naivasha y Nakuru (centro del Valle del Rift), Eldoret (oeste del Valle del Rift), Kericho (sur del Valle del Rift), Kisumu y Kisii (Nyanza). Entre ellas había personas internamente desplazadas, víctimas de disparos de la policía o sus familiares, supervivientes de violación y víctimas apaleadas por grupos de hombres, algunos de los cuales eran sospechosos de pertenecer a la banda delictiva y milicia política conocida como Mungiki.

El informe se basa en entrevistas en profundidad que Amnistía Internacional realizó con 49 víctimas de la violencia postelectoral desde octubre hasta diciembre de 2013.

De las 49 víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional, 35 habían intentado denunciar los delitos que habían sufrido y sólo en un caso la policía tomó medidas.

Muchas violaciones han quedado sin denunciar y, según algunas estimaciones, en los primeros meses de 2008 tuvieron lugar unos 40.000 incidentes de violencia sexual y de género vinculados a la violencia postelectoral, cifra muy superior a la de 900 casos de los que informó la Comisión Waki.

La policía ha llevado a cabo algunas investigaciones sobre la violencia postelectoral, pero sólo un número muy reducido de los casos investigados han concluido en enjuiciamientos, la mayoría por delitos menores.

La violencia estalló entre grupos que apoyaban a Mwai Kibaki, del Partido de la Unidad Nacional, que fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales, y su principal rival, Raila Odinga, líder del Movimiento Democrático Naranja, y se concentró especialmente en el Valle del Rift y en el oeste del país.

Dos casos relacionados con la violencia postelectoral se encuentran actualmente ante la Corte Penal Internacional. El presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, que eran importantes figuras políticas en la época de la violencia postelectoral, están acusados de crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, traslado forzoso de población y persecución, junto con el ex periodista radiofónico Joshua arap Sang, acusado en el caso de Ruto. El presidente Kenyatta está acusado asimismo de responsabilidad en violación y otros actos inhumanos –entre ellos, circuncisión forzosa y amputación de pene– llevados a cabo por la banda delictiva Mungiki. En ambos casos, la Fiscalía de la Corte ha denunciado injerencias e intimidación de testigos, que han impulsado a algunos testigos a retirarse.

Muchas víctimas entrevistadas plantearon su preocupación de que los cargos presentados en los dos casos que se encuentran actualmente ante la CPI no abarquen los delitos que sufrieron. Amnistía Internacional recomienda que la Fiscalía de la CPI considere la posibilidad de ampliar sus investigaciones sobre la violencia postelectoral de 2007-2008, pero observa que la CPI nunca podrá enjuiciar más que un número representativo de casos. Las autoridades kenianas son las responsables últimas de investigar los delitos que la CPI no aborde.

Muchas víctimas desean implicarse en los casos de la CPI y ser informadas sobre los casos, aunque no aborden los delitos que sufrieron. Amnistía Internacional ha instado a la CPI a ampliar sus actividades de divulgación y a garantizar que se facilita a los representantes legales de las víctimas suficientes recursos para reunirse regularmente con sus clientes y representarlos.