Las autoridades peruanas deben garantizar que se pone a disposición judicial, para que respondan penalmente de ello, a los presuntos responsables de los trágicos sucesos de Bagua, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando se cumplen cinco años de los actos de violencia, que se cobraron 33 vidas. En 2009 resultaron muertos gran número de manifestantes y agentes de policía durante el enfrentamiento de ésta con la población indígena, que protestaba contra una serie de leyes que permitían la explotación de los recursos naturales de sus tierras ancestrales. Durante los violentos sucesos perdieron la vida 23 agentes de policía y 10 civiles, y resultaron heridas centenares de personas más. Hasta ahora sólo se ha llevado a juicio a manifestantes. “Si las autoridades peruanas están de verdad dispuestas a llevar ante la justicia, para que respondan penalmente, a los presuntos responsables de estas muertes, no basta con sancionar a los manifestantes y hacer caso omiso de los posible abusos de la policía”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América. Los violentos sucesos estallaron el 5 de junio de 2009, al proceder la policía a dispersar a los participantes en el bloqueo de un tramo de carretera conocido como la “Curva del Diablo”, cerca de Bagua, en el departamento peruano de Amazonas. En el enfrentamiento consiguiente resultaron muertos 12 agentes de policía, 5 lugareños y 5 indígenas. Se cree que murió un agente de policía más, pero se ignora su paradero.Como consecuencia de la violencia resultaron heridas 200 personas más, 80 de ellas por disparos. Al día siguiente murieron otros 11 policías a quienes los manifestantes indígenas habían hecho rehenes en una estación de bombeo de Petroperú cerca de la localidad de Imacita, provincia de Bagua.El 14 de mayo de este año comenzó el juicio de 53 personas, en su mayoría de las comunidades awajún y wampís, acusadas de actos de violencia y del homicidio de 12 agentes de policía, cometidos en el primer día de enfrentamientos. Es uno de los diversos procesos judiciales entablados tras los sucesos. Han concluido tres que se habían abierto contra manifestantes, pero apenas se hecho nada hasta ahora para determinar la responsabilidad de las fuerza de seguridad. Ni se han tomado tampoco medidas para investigar a las autoridades políticas que dieron la orden de lanzar la operación policial.Los manifestantes llevados a juicio podrían ser condenados a entre seis años de cárcel y cadena perpetua. Sin embargo, según han señalado abogados de derechos humanos, no hay pruebas sólidas de la vinculación de ninguno de los acusados con los delitos por los que están siendo juzgados.“Amnistía Internacional estará muy atenta al juicio de estas personas. Es preciso poner a disposición de la justicia a los responsables de los trágicos sucesos de Bagua, pero lo importante es que el proceso judicial sea justo –ha añadido Guadalupe Marengo–. Si el fiscal no puede presentar pruebas sólidas y admisibles contra ellos, los acusados han de ser puestos en libertad, porque, de lo contrario, no se hará justicia.” “Las autoridades deben aprender las lecciones de Bagua. Mientras el gobierno no cumpla con su deber de respetar los derechos de los pueblos indígenas, persistirá el riesgo de que aquellos trágicos sucesos se repitan.”Amnistía Internacional pide al gobierno que haga valer el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y sus medios de supervivencia, así como el derecho a dar su consentimiento libre, previo e informado en todos los asuntos que los afecten.Información complementariaEl 5 de junio de 2009, la policía procedió a disolver a los participantes en un bloqueo que las comunidades indígenas awajún y wampís habían organizado en un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry conocido como la “Curva del Diablo”, en el departamento de Amazonas.Millares de indígenas llevaban más de 50 días bloqueando pacíficamente la carretera como protesta por una serie de decretos ley sobre el uso de la tierra y los recursos naturales que, a su juicio, representaban una amenaza a su derecho a sus tierras ancestrales y sus medios de sustento. Durante la operación policial se cometieron graves actos de violencia y violaciones de derechos humanos.Los pueblos indígenas de Perú están todavía luchando por tierras ancestrales que les quitaron hace años. Negarles su legítimo acceso a ellas les priva no sólo de los vínculos con su cultura, sino también de un hogar y de medios de producción de alimentos.
