• Comunicado De Prensa

Nigeria: La victoria de la gente de un barrio marginal sobre el gobierno en tribunal internacional, triunfo frente a la impunidad

La decisión judicial dictada hoy contra las fuerzas de seguridad nigerianas que abrieron fuego indiscriminadamente contra manifestantes pacíficos en Bundu Ama hace casi cinco años es una victoria frente a la impunidad y un triunfo para la justicia, han declarado Amnistía Internacional y Collaborative Media Advocacy Platform (CMAP).

“Esta extraordinaria victoria pone fin a una larga batalla por la justicia de los miembros de la comunidad de Bundu Ama que fueron víctimas de homicidios ilegítimos y heridos a manos de las fuerzas de seguridad nigerianas”, afirmó Netsanet Belay, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“Dice a los gobiernos con claridad que no pueden violar impunemente los derechos de las personas. También demuestra que con valentía y compromiso, las comunidades —no importa lo marginadas que estén— pueden defender con éxito sus derechos. Esta sentencia es un testimonio del coraje de una comunidad que se negó a permitir que se violaran sus derechos con impunidad.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) resolvió que  los disparos no estaban justificados. También sostuvo que el gobierno nigeriano había incumplido su obligación de proteger y respetar el derecho a la asociación y reunión pacíficas.

El Tribunal concedió un total de 11 millones de nairas nigerianos (casi 70.000 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización por daños.

El 12 de octubre de 2009, las fuerzas de seguridad armadas abrieron fuego contra los manifestantes desarmados en Bundu Ama, un asentamiento informal de Port Harcourt, y causaron la muerte de al menos una persona e hirieron de gravedad a 12. El número total de muertos sigue sin conocerse porque el gobierno no sólo se negó a realizar una investigación sobre el incidente, sino que negó que se hubiera producido.

Diez residentes de los muelles de Bundu y de las comunidades de alrededor, y el Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas (SERAP) demandaron al gobierno federal y al del estado de Rivers.

“Hemos recorrido un largo camino y logrado mucho”, dijo Joy Williams, una de los demandantes, que tenía 17 años cuando le dispararon en la pierna durante el incidente.

“Nuestra comunidad se negó a rendirse y convertirse en víctimas: actuó y ahora hemos vencido al gobierno en los tribunales”, dijo.

“Esta es una victoria importante en nuestra campaña por la justicia, pero no es el final de nuestra lucha. Ahora debe aplicarse en su totalidad la sentencia judicial”, afirmó por su parte Fubara Samuel, de CMAP.

Amnistía Internacional y CMAP piden al gobierno nigeriano que aplique total y efectivamente la sentencia de un modo exhaustivo y puntual, y no ignore la resolución, como ha hecho una y otra vez en otros casos. En diciembre de 2012, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO declaró que el gobierno nigeriano era responsable de la contaminación causada por las compañías petroleras y resolvió que debía exigir cuentas a las compañías y a otros perpetradores. No se ha adoptado aún ninguna medida al respecto.

El caso pone de relieve varias cuestiones que preocupan a Amnistía Internacional, como el uso de los desalojos forzosos y el uso de fuerza excesiva por la policía y el ejército nigerianos. Amnistía Internacional y CMAP piden:

 • Que el ejército y la policía nigerianos pongan fin al uso de fuerza excesiva y que se deroguen los reglamentos incompatibles con las normas internacionales, como la Orden sobre la Fuerza Policial, que permite que los agentes de policía disparen contra los manifestantes, representen o no una amenaza para la vida.

• Que se ponga fin de inmediato a los desalojos forzosos masivos en Nigeria y se promulguen salvaguardias legales para proteger a las personas de los desalojos forzosos.

Si desean más información, pueden ponerse en contacto con Stefan Simanowitz en Londres, teléfono +44 (0)207 413 5729 o stefan.simanowitz@amnesty.org / press@amnesty.org o con Michael Uwemedimo en Port Harcourt, teléfono +234 8164667037

Información complementaria

La sentencia judicial (núm. ECW/CCJ/APP/10/10) se basa en las disposiciones combinadas de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de la que Nigeria es firmante.

Aunque no se han realizado desalojos forzosos en Bundu Ama desde 2012, la posibilidad de que se produzcan sigue siendo una amenaza para los residentes de la comunidad.

Bundu Ama es uno de los más de 40 asentamientos de las áreas portuarias de Port Harcourt, que representan algunas de las zonas más densamente pobladas de la ciudad y albergan a más de 200.000 personas. Bundu Ama no ha sido derribado, pero miles de personas han sido desalojadas forzosamente de sus casas en los muelles en los últimos cuatro años. El 28 de agosto de 2009, hasta 17.000 personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares en el asentamiento portuario de Njemanze cuando las autoridades nigerianas lo demolieron como parte del plan de reordenación urbana de la ciudad de Port Harcourt. El 27 de junio de 2012, entre 10.000 y 20.000 personas fueron desalojadas por la fuerza de Abonnema Wharf.

Los desalojos forzosos son un grave problema de derechos humanos en Nigeria que debe abordar el gobierno. Desde 2000, más de dos millones de personas han sido desalojadas por la fuerza de sus casas en diferentes partes del país. Cientos de miles de personas más siguen estando en situación de riesgo. Estos desalojos suelen afectar a personas marginadas y residentes de asentamientos precarios, muchos de los cuales llevan años viviendo sin acceso a agua potable, saneamiento, atención médica adecuada o educación.

En virtud del artículo 15.4 del Tratado de la CEDEAO, la sentencia del Tribunal es vinculante para los Estados miembros, incluido Nigeria. Además, el artículo 19.2 del Protocolo de 1991 establece que las decisiones del Tribunal serán definitivas y aplicables de inmediato. Por otra parte, el incumplimiento de la sentencia del Tribunal puede ser sancionado en aplicación del artículo 24 del Protocolo Suplementario del Tribunal de Justicia de la CEDEAO y del artículo 77 del Tratado de la Comunidad.