La histórica declaración del gobierno de Colombia y las FARC no garantiza el derecho de las víctimas a obtener justicia

La histórica declaración que han acordado el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal grupo guerrillero del país, no contribuirá a una paz duradera si no se lleva ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; así lo ha afirmado Amnistía Internacional. 

La histórica declaración que han acordado el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal grupo guerrillero del país, no contribuirá a una paz duradera si no se lleva ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Los 10 principios sobre los derechos de las víctimas no contienen ningún compromiso para llevar ante la justicia a los responsables del desplazamiento forzado, la tortura, el secuestro, la desaparición, la violación o la muerte de millones de colombianos en los últimos cincuenta años.  

“Que el gobierno y las FARC se hayan comprometido a situar los derechos de las víctimas en el centro de las conversaciones de paz es un gran avance.  El problema está en los detalles. Todo acuerdo que no garantice que los presuntos responsables penales de los abusos comparecen ante los tribunales estará incompleto y carecerá de firmeza”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia. 

“El gobierno debe garantizar que los autores de crímenes de derecho internacional no quedan impunes sin más. Las víctimas tienen derecho a ver que se hace justicia ante tribunales civiles ordinarios. Va a ser difícil, pero es el único medio de garantizar una paz efectiva y duradera en Colombia.” 

El 7 de junio, el gobierno colombiano y las FARC emitieron una declaración conjunta –que incluía un plan de 10 puntos– sobre el conjunto de principios en los que se enmarcará la siguiente fase de las conversaciones de paz, centrada en el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación. 

En su declaración, ambas partes reconocen de manera fundamental su responsabilidad en las violaciones y abusos contra los derechos humanos y aceptan que las conversaciones de paz deben girar en torno a los derechos de las víctimas y que éstos no son negociables. Además, ambas partes acordaron incluir a las víctimas en estos debates y anunciaron la creación de una “comisión de esclarecimiento” sobre el conflicto y sus víctimas. 

Pero no se han comprometido a garantizar justicia.  

El gobierno y las FARC llevan oficialmente inmersos en conversaciones de paz desde octubre de 2012. Está previsto que las conversaciones se reanuden tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebra el domingo. 

“Una de las razones de que el conflicto haya durado tanto reside en los niveles estratosféricos de impunidad. Los perpetradores saben que pueden quedar impunes sin más”, ha dicho Marcelo Pollack.  

“Para demostrar la autenticidad de su compromiso con los derechos de las víctimas, ambas partes deben asimismo comprometerse a poner fin de inmediato a las violaciones y abusos contra los derechos humanos, y ese compromiso debe ser verificable. Las autoridades deben llevar ante la justicia a las personas con presunta responsabilidad penal en violaciones y abusos contra los derechos humanos.” 

El conflicto se ha caracterizado por violaciones y abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario generalizadas, además de sistemáticas, incluidos homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzosos, secuestros y violencia sexual. Estos crímenes han sido cometidos por las fuerzas de seguridad, que actuaban por su cuenta o en connivencia con las fuerzas paramilitares, y por los grupos guerrilleros. 

Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como los defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas, corren especial riesgo de sufrir violaciones y abusos contra los derechos humanos. Sólo en 2013, unos 70 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio.  

Amnistía Internacional escribió a los candidatos presidenciales en abril para subrayar sus principales motivos de preocupación en materia de derechos humanos y pedirles que centraran la campaña y las negociaciones de paz en el respeto de los derechos humanos y el fin de la impunidad.