Brasil: El peligroso cóctel de abusos policiales e impunidad amenaza la Copa Mundial

Los manifestantes que se echen a la calle en Brasil durante la celebración en breve de la Copa Mundial están expuestos a sufrir violencia indiscriminada a manos de la policía y el ejército a medida que el país intensifica los esfuerzos por controlar las manifestaciones, ha manifestado Amnistía Internacional a una semana del comienzo del campeonato. “El deficiente historial de Brasil en materia de mantenimiento del orden público, la dependencia del ejército para controlar las manifestaciones, la falta de formación y el clima de impunidad constituyen un peligroso cóctel en el que los únicos perdedores son los manifestantes pacíficos”, ha señalado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil. “La Copa Mundial 2014 será una prueba decisiva para las autoridades de Brasil. Tienen que aprovechar la oportunidad e intensificar sus esfuerzos para garantizar que las fuerzas de seguridad encargadas de controlar las manifestaciones durante el campeonato no cometen ninguna violación más de derechos humanos”, ha añadido Atila Roque. En el informe "Usan una estrategia de miedo": Protección del derecho a la protesta en Brasil, Amnistía Internacional analiza el catálogo de abusos que las fuerzas de seguridad cometieron el año pasado. Entre ellos figuran el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y de balas de goma contra manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias y uso indebido de la ley para abordar y sancionar a quienes se echan a la calle. Es de suponer que seguirán empleándose estas tácticas durante el campeonato. Activistas de Amnistía Internacional sacarán hoy en Brasilia decenas de “tarjetas amarillas” a las autoridades federales, firmadas por personas de todo el mundo, para advertirles de que deben respetar el derecho de manifestación pacífica. “El mundo está enviando a las autoridades un mensaje claro, a saber: manifestarse no es delito, es un derecho humano. En vez de recurrir a la violencia para reprimir las protestas, el gobierno y las fuerzas de seguridad tienen que cumplir con su obligación de garantizar  que se puede decir lo que se piensa en condiciones de seguridad y sin temor a resultar herido o detenido”, ha explicado Atila Roque. Desde junio de 2013, millares de brasileños se vienen echando a la calle en manifestaciones multitudinarias que no tienen precedente. Protestan por el aumento del precio del transporte público, el alto costo de la Copa Mundial y la falta de inversión suficiente en servicios públicos. Centenares de personas han resultado heridas en ciudades de todo Brasil tras disparar la policía militar balas de goma contra ellas pese a que no representaban ninguna amenaza o golpearlas con porras. Sérgio Silva, fotógrafo profesional de 32 años, perdió el ojo izquierdo tras recibir el impacto de una bala de goma durante una manifestación contra el alza del precio del billete de autobús en São Paulo el 13 de junio de 2013. A Silva, que está casado y tiene dos hijos, le resulta ahora muy difícil realizar su trabajo. Jamás ha recibido oficialmente una explicación, disculpa ni ofrecimiento de una indemnización por parte de las autoridades. La policía militar también ha hecho uso de gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, llegando incluso a lanzar un bote de humo dentro de un hospital en Río de Janeiro. Asimismo, se ha detenido indiscriminadamente a centenares de personas, en algunos casos en aplicación de leyes contra la delincuencia organizada y sin prueba alguna de participación en actividades delictivas.   Humberto Caporalli, de 24 años, fue detenido y acusado formalmente tras participar en una manifestación en favor de la educación en São Paulo el 7 de octubre de 2013. En la comisaría de policía, lo presionaron para que revelara a los agentes la contraseña de su cuenta de Facebook a fin de que pudieran comprobar lo que publicaba. Lo tuvieron recluido durante dos días, hasta que un juez le concedió la libertad bajo fianza. Los legisladores brasileños están examinando también una serie de propuestas de ley que restringen aún más el derecho de manifestación pacífica. En virtud de un proyecto de ley antiterrorista que se ha presentado al Congreso Nacional se podría adoptar una amplia definición del terrorismo que permite, por ejemplo, entender como tal los daños a bienes y a servicios esenciales. Se teme que, si se aprueba esta ley, se haga uso indebido de ella contra manifestantes pacíficos. “Con la atención mundial centrada en Brasil, las autoridades deben comprometerse públicamente a no hacer uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y a investigar los abusos. De lo contrario, darán carta blanca a las fuerzas de seguridad para que sigan cometiendo abusos contra los derechos humanos”, ha manifestado Atila Roque.