La lucha por la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y genocidio del conflicto pasado en Guatemala está sufriendo un grave menoscabo, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.Hoy se cumple un año desde que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló el fallo condenatorio dictado contra el general Efraín Ríos Montt, ex presidente del país, por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en la década de 1980. Desde entonces se ha sustituido o sancionado a personas en puestos judiciales clave y se han dictado resoluciones que reducen aún más las posibilidades de obtener justicia para las víctimas del conflicto pasado. “Las víctimas de los crímenes cometidos por Ríos Montt llevan más de tres decenios luchando por obtener justicia y ahora vuelven a enfrentarse a múltiples trabas creadas para impedírselo”, ha dicho Sebastian Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Guatemala. “Guatemala tiene una deuda de justicia tanto con estas personas como con las 200.000 víctimas restantes que se calcula que ha causado el conflicto.” El 20 de mayo de 2013, la sentencia condenatoria de Ríos Montt por su participación en el homicidio, la tortura y el desplazamiento forzoso de 1.771 indígenas maya-ixil durante su mandato de 1982-1983 fue anulada en la práctica por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala debido a un tecnicismo. Desde entonces, la fiscal general que supervisó la acusación en la causa original ha sido sustituida, la jueza que presidió la causa ha sido inhabilitada y el Congreso de Guatemala ha aprobado una resolución no vinculante que declara que nunca hubo genocidio en el conflicto guatemalteco, que duró 36 años y terminó en 1996. La resolución aprobada la semana pasada por el Congreso de Guatemala contradice directamente una investigación de la ONU de 1999 que concluía que sí se habían cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio. Aproximadamente cuatro de cada cinco víctimas que causó el conflicto pertenecían a la población indígena de Guatemala, y en los 36 años que duró se documentaron más de 600 matanzas en zonas indígenas.“No se pueden pasar por alto conclusiones de hechos que se derivan de investigaciones independientes y tribunales imparciales sólo porque resulten incómodas a quienes ocupan puestos de autoridad. Únicamente los tribunales de justicia pueden llegar a una conclusión semejante”, ha dicho Sebastian Elgueta. “El Congreso debe apoyar los esfuerzos para obligar a rendir cuentas a los presuntos autores de atrocidades masivas contra los derechos humanos, y no reforzar un clima de impunidad y discriminación contra la población indígena en Guatemala.” Tres meses antes de la aprobación de esta resolución por el Congreso, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Guatemala inhabilitó a la jueza Yassmín Barrios por una decisión de carácter procesal adoptada durante el juicio de Ríos Montt que presidió en 2013. “La decisión del Tribunal de Honor de sancionar a la jueza presidente, de castigarla por una decisión judicial que tomó durante el juicio, constituye una injerencia en la independencia del poder judicial. Si se admite su validez sentará un precedente que permitirá a los abogados castigar a los jueces cuando no estén de acuerdo con sus decisiones”, ha dicho Elgueta.Además, en febrero de 2014, la Corte de Constitucionalidad acortó el periodo en el cargo de la fiscal general que había impulsado el juicio de Ríos Montt en 2013. Pese a los elogios generalizados por sus logros en el ejercicio del cargo, Claudia Paz y Paz no fue seleccionada como candidata para renovar el mandato y otra mujer acaba de asumir el cargo de Fiscal General.La reducción del mandato de Claudia Paz y Paz y su ausencia de la lista final de candidaturas dan la impresión de ser medidas de represalia por hacer que se investigaran y procesaran debidamente los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. “Guatemala está actualmente en una encrucijada. El país no debe retroceder en el tiempo y volver a una etapa en que los casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado simplemente no se investigaban ni enjuiciaban”, ha explicado Sebastian Elgueta. “Cientos de miles de víctimas del conflicto guatemalteco, incluidos los familiares de víctimas de homicidio y desaparición forzada y las personas que sobrevivieron a las matanzas o la violencia sexual, esperan que la nueva fiscal general continúe con los esfuerzos dirigidos a garantizar justicia.” Otto Pérez Molina, actual presidente de Guatemala, comenzó su mandato ratificando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y con ello estableció una salvaguardia para la futura rendición de cuentas en caso de que alguna vez volvieran a cometerse crímenes de guerra en Guatemala. “La decisión del presidente de ratificar el Estatuto de Roma fue acogida con satisfacción en el país y en el resto del mundo. Si no desea dejar un legado de impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado debe demostrar su liderazgo promoviendo un talante de rendición de cuentas, respeto a las víctimas y justicia”, ha dicho Sebastian Elgueta.
