Las autoridades chinas deben garantizar de inmediato que los activistas detenidos reciben toda la atención médica necesaria, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras la censurable muerte de una destacada activista a la que se había negado reiteradamente tratamiento.Cao Shunli, de 52 años, murió el viernes por insuficiencia orgánica en un hospital de Pekín, tras cinco meses de detención. Su familia había solicitado reiteradamente que se le prestara atención médica por graves problemas de salud, pero se la habían denegado. “La muerte de Cao Shunli pone de manifiesto lo insensibles y calculadoras que las autoridades chinas están dispuestas a ser para silenciar a las personas críticas –ha señalado Anu Kultalahti, quien realiza labores de investigación sobre China para Amnistía Internacional–. Las autoridades tienen hoy las manos manchadas de sangre.” “Cao Shunli era una mujer valiente, que pagó el precio máximo por luchar por los derechos humanos en China. Aparte de que jamás debía haber sido detenida, el hecho de que se le negara la atención médica que necesitaba desesperadamente es un acto de barbarie extrema.”En los últimos meses se ha negado también asistencia médica a otros activistas notorios, como Liu Xia, esposa del Nobel de la Paz encarcelado Liu Xiaobo, que está sometida a arresto domiciliario ilegal y no ha recibido tratamiento para una grave dolencia de corazón hasta finales de febrero, cuando se le permitió por fin ser atendida en un hospital. “Es común negar atención médica a activistas detenidos a fin de debilitarlos o castigarlos. Las autoridades chinas deben poner fin de inmediato es esta práctica ilegítima e inhumana”, ha añadido Kultalahti.Cao padecía tuberculosis en ambos pulmones, cirrosis hepática y miomas uterinos. La policía de Pekín la había detenido en septiembre del año pasado, cuando intentaba viajar a Ginebra para asistir a un programa de formación en derechos humanos. Se enfrentaba a cargos de “buscar pelea y causar problemas”, debido, se cree, a una sentada de protesta que había organizado con otros activistas a la entrada del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.Cao había dirigido iniciativas dirigidas a permitir a los activistas colaborar en la elaboración del informe nacional sobre derechos humanos que China debía presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
