La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha anulado este lunes la sentencia y condena recién dictadas contra el ex jefe del régimen militar José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad.“Este fallo judicial es un duro golpe para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto”, ha afirmado Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Guatemala. “No están claros los fundamentos jurídicos de esta decisión, ni se sabe con seguridad cómo el tribunal de primera instancia puede pulsar el botón de reiniciar para volver a un punto de mediados de abril. Lo que está claro es que la Corte de Constitucionalidad, con su sentencia, ha levantado unos obstáculos tremendos para poder hacer justicia y garantizar rendición de cuentas por un periodo desgarrador de la historia reciente de Guatemala.”“Con la sentencia del 10 de mayo, el tribunal de primera instancia había transmitido el contundente mensaje de que no se tolerarían los crímenes cometidos contra miles de víctimas mayas. Ahora, la Corte de Constitucionalidad ha cuestionado ese mensaje y, con ello, ha puesto en peligro el derecho a obtener verdad, justicia y reparación en Guatemala.”Ríos Montt había sido declarado culpable y condenado a 80 años de cárcel por su participación como autor intelectual de los homicidios de 1.771 personas y el desplazamiento forzoso de decenas de miles más del denominado Triángulo Ixil, en el sur del departamento de El Quiché, en 1982 y 1983, en el contexto del conflicto armado interno de Guatemala.Una comisión de la verdad respaldada por la ONU concluyó que unas 200.000 personas habían muerto o desaparecido durante la guerra civil de Guatemala, que duró 36 años (1960-1996). Más del 80 por ciento eran de ascencencia indígena maya.A pesar de los recientes esfuerzos para reforzar la justicia y la rendición de cuentas por los abusos del pasado, las fuerzas armadas guatemaltecas continúan sin cooperar en la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.El ejército sigue negándose a facilitar información en las investigaciones sobre los homicidios, las desapariciones forzadas, el uso de la violación como arma de guerra y otros crímenes cometidos durante el conflicto.El hecho de no presentar la documentación supone una pesada carga para las familias y las víctimas que buscan justicia o simplemente tratan de averiguar el paradero de sus seres queridos desaparecidos.
