Debe ponerse en libertad inmediata e incondicional a tres defensores de los derechos humanos que permanecen detenidos ilegalmente por la policía de Zimbabue. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Fidelis Mudimu, Zachariah Godi y Tafadzwa Geza fueron detenidos arbitrariamente después de que la policía asaltara el lunes sus oficinas en Harare. Desde entonces, han sido trasladados ilegalmente a más de 400 km de distancia, a Bulawayo.
Los tres detenidos son miembros destacados de la Unidad de Servicios de Asesoramiento, una clínica médica inscrita legalmente que proporciona servicios médicos y de asesoramiento a las víctimas de la violencia organizada y la tortura.
En virtud de la legislación de Zimbabue, los detenidos deben comparecer ante un magistrado y ser acusados formalmente en un plazo de 48 horas. De lo contrario, deben ser puestos en libertad.
“Amnistía Internacional considera a estos tres hombres presos de conciencia, detenidos exclusivamente por su trabajo legítimo de ayuda a las víctimas de tortura”, ha manifestado Noel Kututwa, director para el trabajo sobre África Austral de Amnistía Internacional.
“Este acoso y esta intimidación flagrantes contra defensores de los derechos humanos en Zimbabue deben cesar.”
Amnistía Internacional considera que la detención ilegal de los tres hombres forma parte de un patrón de acoso e intimidación sistemáticos contra la sociedad civil por parte del gobierno, en su intento de acallar la disidencia en el periodo previo a las elecciones que se celebrarán en 2013.
Este es el segundo asalto a las oficinas de una ONG en Harare en menos de tres meses. En agosto, las oficinas de Gays y Lesbianas de Zimbabue (GALZ) fueron asaltadas dos veces por la policía, que detuvo y puso bajo custodia a algunos de sus miembros.
“Tememos que estos hombres, muy respetados por su trabajo con supervivientes de abusos contra los derechos humanos, puedan convertirse a su vez en víctimas de tortura”, ha manifestado Noel Kututwa.
El lunes por la mañana, una docena de agentes de policía llegaron, sin orden de registro, a la Unidad de Servicios de Asesoramiento. Unas dos horas después, se les unió un camión cargado con policías antidisturbios que, cuando el personal y los pacientes les negaron la entrada, amenazaron con disparar gas lacrimógeno al interior de la clínica.
Los policías finalmente mostraron una orden de registro en la que decía que estaban allí para recuperar “material ofensivo y subversivo”. Durante el registro, confiscaron historiales médicos confidenciales, un ordenador y documentos que no estaban incluidos en la orden de registro, y detuvieron a los tres hombres.
El miércoles por la tarde, en torno a la hora a la que deberían haber sido acusados o puestos en libertad en virtud de la ley de Zimbabue, los tres activistas fueron trasladados a 464 kilómetros de distancia, a Bulawayo, tras habérseles comunicado, según los informes, que la policía los buscaba por cargos relativos a la cuestión expuesta en la orden de registro. La Unidad de Servicios de Asesoramiento no tiene oficinas ni instalaciones en Bulawayo.
“El traslado ilegal se hizo cargando a estos hombres en una camioneta abierta sin protección frente al sol, pese a la longitud del viaje a temperaturas que superaban los 30 grados centígrados”, ha manifestado Noel Kututwa.
“La policía de Zimbabue ha dado muestras una vez más de un modus operandi que incumple las normas aceptables de conducta policial y que demuestra un total desprecio por el bienestar de las personas bajo su custodia.”
“Esta situación ilustra la ausencia de medidas por parte de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) para hacer que se introduzcan reformas en los servicios de seguridad de Zimbabue, conforme se estableció en el Acuerdo Político Global. La SADC debe actuar urgentemente para detener este acoso y esta intimidación constantes contra las organizaciones de la sociedad civil de Zimbabue.”