Irlanda debe garantizar que sus leyes y su política sobre el acceso al aborto se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
La organización –que se ha dirigido por escrito al ministro de Salud irlandés, James Reilly– teme que el trágico caso de Savita Halappanavar ilustre la existencia de una laguna en las leyes y la política irlandesas sobre el nivel más básico de los derechos humanos: el derecho de una mujer a acceder al aborto cuando su vida corre peligro.
Este derecho ya fue establecido como principio constitucional por el Tribunal Supremo de Irlanda. Amnistía Internacional ha expresado también su preocupación por la falta de claridad sobre la necesidad de un marco legislativo concreto.
“El derecho internacional de los derechos humanos es claro respecto al derecho de la mujer a acceder a un aborto legal y sin riesgos cuando su vida corre peligro”, ha dicho Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.
“Los sucesivos gobiernos irlandeses no han cumplido con su obligación de aportar la claridad necesaria sobre la forma de proteger y defender este derecho, dejando a las mujeres en una situación muy vulnerable en Irlanda. El gobierno debe aportar esta claridad sin más demora.”
“Los organismos internacionales de derechos humanos –ha declarado Marianne Mollmann, asesora general sobre política del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional– han criticado a Irlanda por no ajustar su legislación interna a los principios internacionales de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una clara sentencia sobre el particular.”
El Tribunal señaló la necesidad de que un régimen jurídico o normativo proporcionara un procedimiento accesible y eficaz para el acceso de las mujeres a un aborto legal en Irlanda cuando su vida corre peligro a causa del embarazo.
En octubre del pasado año, el informe del examen periódico universal de Irlanda de la ONU contenía reiterados llamamientos de los Estados miembros de este organismo para que Irlanda ajustara sus leyes nacionales a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y al menos regulara el acceso al aborto en situaciones en que la vida de la madre corre peligro.
En 2011, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Irlanda a que aclarara mediante ley el ámbito de aplicación del aborto legal.
Amnistía Internacional ha señalado la apertura de una investigación sobre el caso de Savita Halappanavar, pero ha pedido al gobierno irlandés que se asegure de que dicha investigación es eficaz y transparente.