Bahréin está en una difícil encrucijada entre el Estado de derecho o la caída en una espiral de represión e inestabilidad, ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe, titulado Bahrain: reform shelved, repression unleashed (Bahréin: Las reformas se archivan, la represión se desata) aparece días antes del primer aniversario del histórico informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, creada por las autoridades del país para investigar los abusos que tuvieron lugar durante las protestas contra el gobierno de 2011.
El informe de la Comisión halló responsable al gobierno de Bahréin de graves violaciones de derechos humanos y documentó numerosos abusos. También formuló una serie de recomendaciones, entre otras que las autoridades exigieran responsabilidades a los responsables de los abusos contra los derechos humanos y llevaran a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y otras violaciones.
Tras la publicación del informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, en noviembre de 2011, el gobierno se comprometió a poner en práctica las recomendaciones.
Pero, como se desprende claramente del informe de Amnistía Internacional, en vez de cumplir estas promesas, las autoridades se apresuraron a consolidar la represión, que culminó en octubre de 2012 con la prohibición de todas las concentraciones y reuniones en el país, violando con ello la libertad de expresión y reunión pacífica, y en noviembre con la retirada de la nacionalidad bahreiní a 31 figuras de la oposición.
“La magnitud y el carácter de las violaciones que se desencadenaron en el país desde que la Comisión dio a conocer sus recomendaciones hacen que el proceso de reforma en Bahréin resulte una farsa”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Como ha documentado en su informe Amnistía Internacional, las autoridades han incumplido su promesa de seguir la vía de la reforma. Cualquier declaración del gobierno afirmando su compromiso con el Estado de derecho y la mejora de los derechos humanos suena falsa frente al moribundo proceso de reforma.
“De hecho, se ha hecho evidente que las autoridades de Bahréin no están dispuestas a seguir los pasos necesarios para la reforma, y sus afirmaciones de lo contrario sólo sirven para subrayar el abismo existente entre las palabras y los hechos.
“Con el país sumido en los disturbios y en medio de una inestabilidad creciente, la comunidad internacional, y especialmente los aliados de Bahréin, tienen la obligación de condenar lo que está sucediendo en Bahréin y dejar de utilizar el informe de la Comisión de Investigación Independiente como escudo para evitar tener que criticar a las autoridades bahreiníes.”
La creación de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, compuesta por expertos internacionales en materia jurídica y de derechos humanos, se consideró una iniciativa innovadora, que, sin embargo, un año después ha quedado archivada en la práctica.
Para las víctimas y sus familias la justicia y la reparación siguen sin concretarse.
Una de estas víctimas es Roula Jassim Mohammed al-Saffar, una de las integrantes del grupo de profesionales de la salud condenados por un tribunal militar a entre 5 y 15 años de cárcel en septiembre de 2011, que posteriormente apeló y fue absuelta por un tribunal civil. Roula afirma que, tras su detención, el 4 de abril de 2011, fue torturada bajo custodia. Cuando Amnistía Internacional se entrevistó con ella en Bahréin, Roula, que estaba en libertad bajo fianza, contó cómo había sido su interrogatorio en el Departamento de Investigación Criminal:
“Una policía entró en la habitación y dijo: ‘Ahora te voy a vendar los ojos y me ocuparé de ti”. Luego entraron tres hombres en la habitación y comenzaron a darme golpes […] La mujer tenía un dispositivo eléctrico en cada mano y me golpeó con ellos en ambos lados de la cabeza al mismo tiempo. Me mareé y me desmayé. No recuerdo lo que pasó justo después. Luego, me llevaron a otra habitación y uno de ellos me llamó puta e insultó a mi familia […] Al tercer día [la mujer] volvió a aplicarme descargas eléctricas y me preguntó si me había puesto en huelga. Otra mujer comenzó a abofetearme. Me cortó el pelo con unas tijeras y luego me lo quemaron por los lados. Me golpearon y me hostigaron sexualmente poniéndome las manos en todo el cuerpo […] Esto duró cuatro o cinco días.”
Mientras, Amnistía Internacional sigue documentando numerosas violaciones de las fuerzas de seguridad, incluido el empleo innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes, en ocasiones con consecuencias letales.
Hussam al-Haddad, de 16 años, murió el 17 de agosto de 2012 en Al Muharraq, al día siguiente de que la policía antidisturbios le disparara. Su familia afirma que había ido a un café cercano mientras había manifestaciones en la zona. Un familiar que estaba presente, afirmó que, cuando Hussam al-Haddad yacía en el suelo abatido por los disparos, un agente de la policía antidisturbios le propinó patadas y lo golpeó con el rifle. El muchacho fue trasladado al hospital militar y luego al Complejo Médico de Salmaniya. Esa madrugada, aproximadamente a las 2, sus familiares recibieron la noticia de su muerte. El 9 de octubre, la Unidad de Investigaciones Especiales determinó que el policía que le disparó había actuado en defensa propia tras haber sido agredido, y se cerró el caso.
Según los informes desde principios de 2012 es cada vez más frecuente que los asistentes a las concentraciones arrojen cócteles Molotov o corten las calles. Según fuentes oficiales, dos policías han muerto en las últimas semanas tras ser agredidos en disturbios. Este tipo de agresiones no son formas de expresión protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, y sus presuntos autores pueden ser puestos a disposición judicial siguiendo el debido proceso y con arreglo a normas de garantías procesales.
Sin embargo, el que se recurra a la violencia no exonera a las autoridades de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades de Bahréin que se abstengan de hacer un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. La organización considera que la actuación policial en las concentraciones debe estar siempre guiada por consideraciones de derechos humanos.
En los últimos meses, el número de menores de entre 15 y 18 años recluidos en cárceles y centros de detención para adultos de Bahréin ha ido en aumento, según informes de abogados y grupos de derechos humanos bahreiníes, y actualmente puede ascender a 80. Los defensores de los derechos humanos y activistas que denuncian estos abusos son hostigados reiteradamente y en algunos casos han sido encarcelados por llevar a cabo su labor de derechos humanos y ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Y en un giro nada alentador, las autoridades de Bahréin retiraron el 7 de noviembre la nacionalidad bahreiní a 31 figuras de la oposición, entre las que había políticos, activistas y figuras religiosas. El Ministerio del Interior informó en una declaración que la medida se había tomado porque los afectados habían “dañado la seguridad del Estado”.
Bahréin corre peligro de caer por una prolongada pendiente de disturbios e inestabilidad y se encuentra en una encrucijada. El informe de la Comisión de Investigación Independiente proporciona una guía para encaminar Bahréin hacia el Estado de derecho. Sólo si de verdad se aplican las recomendaciones del informe se evitará que el país caiga por esa pendiente. Los más cercanos aliados de Bahréin, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, no pueden escudarse más tras el informe de la Comisión y hacer como que nada ocurre.