Los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de la muerte de 85 manifestantes hace hoy ocho años en Tak Bai, en el sur de Tailandia, deben comparecer ante la justicia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El 25 de octubre de 2004, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes que protestaban ante la comisaría de policía de Tak Bai, en la provincia meridional de Narathiwat.
Siete manifestantes murieron por disparos, y otros 78 murieron aplastados o asfixiados en los furgones del ejército en los que los transportaban a un campo de detención militar.
“Es vergonzoso que nadie haya comparecido ante la justicia por estas muertes, y que exista una impunidad prácticamente total por otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno que está teniendo lugar en el sur del país”, ha manifestado Isabelle Arradon, directora del Programa para Asia de Amnistía Internacional.
“Por desgracia, este caso pone de manifiesto el grave problema de impunidad general de que gozan los agentes del Estado tanto en el sur como en el resto del país.”
El represivo Decreto de Emergencia –en vigor desde julio de 2005 en las tres provincias más al sur de Tailandia y que, en la práctica, concede inmunidad de procesamiento a las fuerzas de seguridad– debe ser derogado inmediatamente o reformado para garantizar que cumple las obligaciones de derechos humanos contraídas por Tailandia.
Durante 2012, las autoridades tomaron la bien recibida medida de otorgar indemnización económica a las familias de las víctimas de la protesta de Tak Bai y a otras personas afectadas por violaciones de derechos humanos en el sur del país, pero esta medida no basta.
“El limitarse a entregar dinero a las víctimas de violaciones de derechos humanos no libera a las autoridades de su obligación de hacer comparecer a los responsables ante la justicia y otorgar plena reparación a las personas afectadas. Tampoco ayuda a garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se repetirán en el futuro”, ha manifestado Arradon.
En junio de 2012, el Tribunal de Apelación de Tailandia denegó a las familias de las víctimas de Tak Bai una nueva oportunidad de justicia, al bloquear un intento de apelar contra las conclusiones de una investigación realizada en 2009. La investigación había concluido que las fuerzas de seguridad se habían limitado a cumplir con su deber en octubre de 2004.
Desde 2004, unas 5.000 personas han muerto en el conflicto armado entre el Estado y los insurgentes musulmanes en las tres provincias más meridionales de Tailandia. Los dos bandos han sido responsables de violaciones del derecho internacional: grupos a los que se cree insurgentes han matado deliberadamente a civiles y han lanzado ataques indiscriminados en los que han muerto civiles.
“La violencia que está teniendo lugar en el sur de Tailandia es aterradora. Por desgracia, los ataques dirigidos a sembrar el terror entre la población civil se han convertido en una característica de la vida cotidiana. Estas violaciones del derecho internacional humanitario constituyen un importante desafío para el aparato de seguridad de Tailandia. Sin embargo, la labor de garantizar la seguridad pública debe llevarse a cabo respetando los derechos humanos, y no debe obstaculizar el camino de la justicia por los abusos contra los derechos humanos cometidos tanto por el Estado como por los grupos insurgentes”, ha manifestado Isabelle Arradon.