Es preciso investigar las denuncias que afirman que el ayudante de un parlamentario de oposición ruso fue secuestrado en Ucrania y obligado a regresar a Rusia, donde asegura haber sido torturado y sometido a otros malos tratos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una carta dirigida al fiscal general de la Federación Rusa.
Según los informes, Leonid Razvozzhayev, ayudante del político de oposición Ilya Ponomaryov, fue interrogado por el Comité de Investigaciones de la Federación Rusa el 22 de octubre de 2012, tres días después de ser secuestrado en Ucrania. Su secuestro se produjo después de que Leonid Razvozzhayev se pusiera en contacto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Kiev para pedir asilo.
El secuestro tuvo lugar el mismo día que Leonid Razvozzhayev fue incluido en una “lista de busca y captura” en la Federación Rusa en relación con una causa penal emprendida contra él y otros dos hombres –el activista de izquierdas Sergey Udaltsov y su ayudante, Konstantin Lebedev– por cargos de conspiración para provocar disturbios.
“Las denuncias de que Leonid Razvozzhayev fue secuestrado por agentes del gobierno de la Federación Rusa y sometido a tortura u otras formas de malos tratos resultan extremadamente inquietantes, y la Federación Rusa debe garantizar que se investigan de manera inmediata, exhaustiva, efectiva e independiente”, ha manifestado David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Toda persona de la que se descubra que ha autorizado o realizado esos actos debe rendir cuentas. Además, aunque no está claro qué papel ha desempeñado Ucrania en este incidente –si es que ha desempeñado alguno–, debe llevarse a cabo una investigación independiente e imparcial para determinar su posible implicación.”
Al parecer, a Leonid Razvozzhayev, mientras estuvo bajo custodia de la policía en Rusia, se le extrajeron por medios ilegales de interrogatorio confesiones y declaraciones que se han utilizado para incriminarlos a él, a Konstantin Lebedev y a Sergei Udaltsov. Razvozzhayev formuló estas denuncias en un vídeo, que posteriormente se colgó en internet, mientras la policía lo escoltaba a la salida de un tribunal ruso el 21 de octubre de 2012.
En una carta enviada por Amnistía Internacional, la organización subrayó el hecho de que la Federación Rusa es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, instrumentos que prohíben todos ellos la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El 22 de octubre de 2012 se anunció que el Comité de Investigación de la Federación Rusa investigaría estas denuncias.
“A Amnistía Internacional le preocupa que la investigación realizada por el Comité sobre estas denuncias no sea efectiva e independiente, dado que las denuncias se dirigen contra el propio Comité.”
A Leonid Razvozzhayev y Konstantin Lebedev, según los informes, se les ha negado el acceso a sus abogados, y a Razvozzhayev se le ha asignado un nuevo abogado –al parecer, no de su elección– para sustituir al que él y su familia habían contratado.
“Amnistía Internacional desea subrayar que la presunta negación del acceso por parte de los abogados a sus clientes constituye una violación del procedimiento penal ruso y del derecho de Leonid Razvozzhayev y Konstantin Lebedev a asistencia letrada de su elección. Es un hecho que debe rectificarse”, ha manifestado David Diaz-Jogeix.
“Estos actos ponen en duda que las autoridades tengan intención de aplicar las normas internacionales sobre juicios justos al juicio contra Leonid Razvozzhayev, Konstantin Lebedev y las demás personas acusadas en relación con esta causa penal.”