Los planes del gobierno para ampliar considerablemente el uso de pruebas secretas en el sistema de justicia merecen duras críticas de Amnistía Internacional en su nuevo informe, publicado el 15 de octubre.Las propuestas permitirían el gobierno apoyarse en pruebas secretas en causas civiles, incluidos los casos de presunta responsabilidad gubernamental en violaciones de derechos humanos como tortura y desaparición forzada.Tales medidas, contenidas en el proyecto de Ley de Justicia y Seguridad que se va a debatir en la Cámara de los Lores en las próximas semanas, permitirían al gobierno recurrir a los llamados “procedimientos basados en material secreto” para impedir que la persona y sus representantes letrados vean la documentación, incluso cuando ésta demuestre la implicación de funcionarios británicos en conductas indebidas, con independencia de su gravedad. Los documentos podrán mantenerse en secreto, incluso por tiempo indefinido, si se considera que la revelación de su contenido podría dañar la “seguridad nacional”, aunque exista un abrumador interés de la opinión pública por conocerlo.El gobierno ya puede apoyarse en pruebas secretas en al menos 21 contextos diferentes, por ejemplo en los recursos contra la imposición de las Medidas de Investigación y Prevención del Terrorismo (sucesoras de las “órdenes de control”), sumamente restrictivas, y en los procedimientos de expulsión por motivos de seguridad nacional.El informe de Amnistía Internacional, Left In The Dark: the use of secret evidence in the United Kingdom, critica duramente el aumento sin precedentes del uso de las medidas basadas en pruebas secretas en Reino Unido durante el pasado decenio, ya que en su opinión supone “apartarse radicalmente” de los requisitos básicos de imparcialidad en las causas civiles y penales.El informe de Amnistía Internacional incluye testimonios críticos de unos 25 abogados que han actuado en estos casos, y de tres “defensores especiales” que tienen autorización para ver pruebas secretas pero no para comentarlas con la persona afectada.Uno de los abogados, Richard Hermer, afirmó:”La idea de que uno pueda acudir a los tribunales en busca de justicia cuando le ha ocurrido algo terrible y que se lo excluya de las actuaciones y al final simplemente se le diga que ha perdido sin darle los motivos de esa decisión, es contraria a toda noción de imparcialidad, transparencia judicial y Estado de derecho.”El informe incluye además los testimonios de varias personas que han sufrido las medidas basadas en pruebas secretas, quienes describen las graves consecuencias de esas medidas para ellas y sus familias. A lo largo de un decenio, un hombre de 43 años –a quien sólo puede identificarse en público como G.– ha sufrido detenciones y ha tenido que soportar duras condiciones restrictivas en su vida diaria, basadas en gran medida en pruebas secretas que él nunca ha visto. G. dijo a Amnistía Internacional:”Quiero que se haga justicia. Tener la oportunidad de defenderme en un juicio justo […] Ni siquiera me permiten ver las pruebas que el Estado asegura tener contra mí.”La esposa de G. afirmó:”En diciembre del año pasado se cumplió el décimo aniversario de la primera detención de mi esposo. Aún no sabemos de qué se lo acusa y seguimos viviendo en condiciones que hacen la vida muy difícil […] Mi esposo lleva un dispositivo de control, pero todos los demás llevamos otro invisible.”Alice Wyss, investigadora de Amnistía Internacional sobre Reino Unido, ha señalado lo siguiente:”El proyecto de Ley de Justicia y Seguridad es una amenaza real para los principios de imparcialidad y transparencia judicial en Reino Unido, principios que siempre deberían estar en la misma base del sistema de justicia.””Ya era lamentable que se hubiera permitido la inclusión paulatina de los procedimientos secretos en el sistema de justicia; pero es que ahora el gobierno intenta extender la justicia secreta a unos niveles sin precedentes. Quiere implantar un sistema en el que sólo tenga que esgrimir la carta de la “seguridad nacional” cada vez que le convenga para mantener las cosas en secreto.””Pruebas mantenidas en secreto, abogados que no pueden hablar con sus clientes… es un sistema de justicia secreta directamente extraído de las páginas de una novela de Kafka.””Si una persona puede hacer acusaciones verosímiles contra Reino Unido por responsabilidad en su tortura, desaparición forzada u otras violaciones de sus derechos humanos, tiene derecho a un recurso efectivo y justo. La opinión pública tiene igualmente derecho a saber la verdad sobre si el gobierno ha participado en los hechos y de qué manera.””El proyecto de Ley de Justicia y Seguridad facultará al gobierno para envolver en un manto de secreto cualquier actuación indebida. Queremos que la Cámara de los Lores lo rechace si no se reforma en profundidad, despojándolo de todos los elementos de justicia secreta.”Los esfuerzos del gobierno para conseguir el consenso sobre las polémicas medidas contenidas en el proyecto de Ley de Justicia y Seguridad llegan después de que, entre otras cosas, varias personas hayan presentado recientemente una demanda por daños y perjuicios en la que alegan que Reino Unido participó en su entrega, detención ilegal y maltrato, incluso durante su estancia en Guantánamo.Amnistía Internacional reconoce que los gobiernos pueden imponer restricciones legítimas a la revelación de información en algunas circunstancias, pero considera que las amplias propuestas del gobierno británico no se ajustan a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las medidas propuestas se apartan además de los criterios tradicionales de imparcialidad y transparencia judicial, y permitirían al gobierno eludir el debido escrutinio de su historial de derechos humanos.
