Dos reclusos de una cárcel nigeriana podrían ser ejecutados ya este martes según la información recibida por Amnistía Internacional, que ha pedido que se respeten sus recursos y se paralicen los preparativos del patíbulo.La noticia llegó tres semanas después de la firma de sus órdenes de ejecución por parte de Adams Oshiomhole, gobernador del estado de Edo, en el suroeste de Nigeria.De acuerdo con la información recibida por Amnistía Internacional, la fecha prevista para la ejecución no se ha notificado a los condenados ni a sus familiares.“Las autoridades nigerianas deben paralizar de inmediato cualquier plan de ejecución de los dos condenados a muerte en la cárcel municipal de Benín” ha afirmado Lucy Freeman, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África.“Los reclusos están inmersos en un proceso de apelación y debe ser respetado.”“Seguir adelante con la ejecución de unos condenados cuando su recurso contra las condenas de muerte sigue pendiente ante los tribunales supone una violación flagrante de sus derechos humanos.”“Negarse a comunicar por adelantado la fecha y hora de la ejecución a los condenados y a sus familias constituye sin duda una violación de derechos humanos y es cruel, inhumano y degradante.”Entre la noche del domingo y la mañana del lunes, guardias de la cárcel municipal de Benín fueron vistos preparando la horca para las ejecuciones.En una cruel vuelta de tuerca, se obligó a otros internos no condenados a muerte a fregar el patíbulo a primera hora del martes.
La ONG nigeriana Proyecto de Defensa y Asistencia Jurídica presentó un recurso en marzo de 2010 en nombre de 840 condenados a muerte, incluidos los dos de la cárcel de Benín.
El tribunal dictó un mandamiento para su admisión a trámite, pero en abril de 2012 lo anuló.Continúa pendiente de resolución un segundo recurso presentado por la citada organización ese mismo mes.
El gobernador del estado de Edo firmó las órdenes de ejecución cuando las autoridades penitenciarias le comunicaron que los condenados a muerte de la cárcel municipal de Benín estaban “volviéndose incontrolables”. Algunos reclusos en espera de ejecución habían participado en un reciente episodio de fuga en la prisión de Oko, según el fiscal general del estado de Edo.“Amnistía Internacional reitera que ejecutar a presos simplemente como método de control de internos ‘inmanejables’ es una medida arbitraria y constituye una violación totalmente inaceptable de su derecho a la vida” ha señalado Freeman.Osagie Obayuwana, fiscal general y comisario de Justicia del estado de Edo, se negó confirmar la fecha de las ejecuciones pero señaló que las autoridades penitenciarias del estado adoptarían una decisión. Posteriormente, el supervisor de la cárcel de Oko, en la ciudad de Benín, rehusó informar a Amnistía Internacional sobre si las ejecuciones iban a llevarse a cabo y en qué momento.
Los Estados que mantienen la pena de muerte en su legislación tienen la obligación de garantizar la transparencia en su aplicación en virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos.Negarse a notificar con antelación la fecha y hora de la ejecución a los condenados y a sus familiares es contrario a las exigencias de las normas internacionales de derechos humanos.
Las normas disponen que se avise con una antelación razonable a los condenados a muerte y a sus familiares de la fecha y la hora previstas para la ejecución, a fin de reducir la presión psicológica que provoca la falta de oportunidad para prepararse para ese trance, y que se permita a sus abogados presentar los últimos recursos según corresponda.
La información relativa a cualquier ejecución prevista debe darse a conocer públicamente.
Los hijos y cualquier otro familiar del condenado que va a ser ejecutado deben conocer la fecha, la hora y el lugar de la ejecución prevista, y tener la posibilidad de visitarlo o comunicarse con él por última vez.