Las autoridades saudíes deben retirar su amenaza de tratar “con firmeza” a las personas que participen en manifestaciones y abstenerse de detener a quienes ejercen su derecho a protestar pacíficamente, ha declarado Amnistía Internacional.
La organización ha hecho este llamamiento después de que el ministro del Interior hiciera la semana pasada una declaración en la que advirtió de que todas las personas que participaran en manifestaciones serían enjuiciadas y “tratadas con firmeza” por los miembros de las fuerzas de seguridad.
“Las autoridades saudíes deben poner fin a sus reiteradas medidas destinadas a reprimir los intentos de los ciudadanos de protestar contra el uso generalizado de las detenciones arbitrarias en el país”, ha afirmado Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Debe respetarse el derecho de las personas a protestar pacíficamente, y las fuerzas de seguridad deben abstenerse de detener a quienes lo ejercen y de hacer un uso excesivo de la fuerza contra ellas.”
En su declaración, el Ministerio del Interior reveló asimismo los nombres de 10 personas que han sido o son objeto de actuaciones judiciales en relación con delitos del “grupo rebelde”. Entre ellas figuraba el activista por los derechos humanos Mohammed Saleh al Bajady, condenado en abril de 2012 a cuatro años de prisión y a cinco de prohibición de viajar por comunicarse con entidades extranjeras “para realizar actividades que menoscaban la seguridad”.
Según informes, Al Bajady también fue declarado culpable de participar en la creación de una organización de derechos humanos, dañar la imagen del Estado a través de los medios de comunicación, pedir a las familias de los detenidos que protestaran e hicieran sentadas, cuestionar la independencia del poder judicial y estar en posesión de libros prohibidos.
Al Bajady está encarcelado desde que fue detenido, el 21 de marzo de 2011, al día siguiente de asistir en la capital, Riad, a una manifestación de familias de detenidos que protestaban porque sus familiares estaban recluidos sin cargos.
Mohammed Saleh al Bajady es cofundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, ONG no inscrita oficialmente creada en 2009 para hacer campaña por las reformas civiles y políticas. La asociación también ha hecho campaña a favor de detenidos recluidos sin cargos ni juicio, y de quienes considera presos políticos.
“Amnistía Internacional considera a Mohammed Saleh al Bajady preso de conciencia, declarado culpable de unos cargos que equivalen a la criminalización de sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión”, declaró Philip Luther.
“Aparentemente, se le está represaliando por su activismo a favor de los derechos humanos, y debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.”
Información general
Aunque en Arabia Saudí están prohibidas las protestas, éstas se vienen realizando periódicamente desde febrero de 2011, sobre todo en la Provincia Oriental. Cientos de personas han sido detenidas, aunque en su mayoría fueron puestas en libertad posteriormente.
Desde noviembre de 2011, alrededor de una docena de hombres han muerto y varios más han resultado heridos por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad durante las protestas en la Provincia Oriental o en relación con ellas. Las autoridades saudíes han afirmado que las muertes y heridas se produjeron durante enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y personas que habían usado armas de fuego o cócteles molotov, pero suscita preocupación el hecho de que las fuerzas de seguridad usaran, al menos en algunos casos, la fuerza excesiva —y medios letales— contra manifestantes desarmados.
Recientemente, el 26 de septiembre de 2012, dos hombres perdieron la vida y un tercero murió posteriormente a causa de las heridas sufridas cuando las fuerzas de seguridad allanaron una vivienda para detener a un hombre que figuraba en una lista de 23 hombres buscados por “fomentar disturbios”. El hombre a quien buscaban murió, junto con dos de sus acompañantes. Amnistía Internacional desconoce las circunstancias exactas de estas muertes y ha pedido a las autoridades que ordenen una investigación imparcial e independiente.
También se ha producido recientemente un aumento del número de protestas que se realizan en otras zonas del país en apoyo de los detenidos por motivos de “seguridad”, algunos de ellos sin cargos ni juicio. En las últimas semanas, ha habido protestas sobre esta cuestión en la capital, Riad, y en la provincia de Qasim.
El 23 de septiembre de 2012, las fuerzas de seguridad rodearon a varias decenas de personas, mujeres y niños incluidos, obligándolas a estar sin comida ni agua hasta el día siguiente. Estas personas se habían reunido en el desierto, junto a la prisión de Tarfiya, en Qasim, para pedir la libertad de sus familiares.
Según informes, al día siguiente detuvieron a decenas de hombres, a quienes golpearon en el momento de la detención. Al parecer, Rima al Jareesh, que ya había sido detenida por participar en protestas para pedir que su familiar fuera acusado formalmente y juzgado o puesto en libertad, fue golpeada cuando intentaba impedir la detención de los hombres. La mayoría de ellos fueron puestos en libertad poco después.