La nueva revisión por la ONU de la situación de los derechos humanos en Bahréin habrá sido un ejercicio vacío a menos que el reino del Golfo le dé seguimiento con medidas reales para aplicar sus recomendaciones, ha declarado Amnistía Internacional.
El miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó en Ginebra el resultado de su examen periódico universal (EPU) de Bahréin, un balance cuatrienal del historial de derechos humanos del país.
El gobierno de Bahréin ha aceptado totalmente más de 140 de las 176 recomendaciones derivadas del examen, que incluyen medidas encaminadas a excarcelar a los presos de conciencia, fomentar las garantías de imparcialidad procesal e investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de las multitudinarias protestas a favor de la reforma del año pasado.
“Ya hemos visto a Bahréin comprometerse con la reforma en materia de derechos humanos en el ámbito internacional —después de que la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, integrada por expertos internacionales, publicara sus conclusiones el año pasado—, pero la triste realidad es que estas promesas siguen estando vacías, sin medidas reales que las respalden”, declaró Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “A menos que el gobierno de Bahréin ponga en práctica ahora las recomendaciones del EPU en el ámbito nacional, esto sólo habrá sido una formalidad carente de contenido.”Libertad de expresión y juicios justos
Entre las recomendaciones del EPU que ha aceptado el gobierno de Bahréin figuran 16 medidas relacionadas con las garantías procesales de imparcialidad, que incluyen la excarcelación de las personas recluidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Pese a las reiteradas garantías que ha dado el gobierno de respetar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, sigue habiendo numerosos presos de conciencia entre rejas, y en las últimas semanas se está produciendo una nueva oleada de represión de estas libertades.
Este mismo mes, el Tribunal Penal Superior de Apelación de Bahréin confirmó las duras condenas impuestas a 13 presos de conciencia. Y en agosto, el activista por los derechos humanos Zainab al Khawaja fue detenido y acusado formalmente de una larga lista de delitos —incluido el de romper un retrato del rey—, mientras el defensor de derechos humanos Nabeel Rajab fue condenado a tres años de cárcel sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación.Denuncias de tortura
El gobierno de Bahréin aceptó 11 recomendaciones de que investigara las denuncias de tortura y otros malos tratos de personas detenidas tras las protestas de 2011, e hiciera comparecer a los responsables ante la justicia.
Aunque las autoridades de Bahréin han condenado a tres policías por abusos y hace poco han formulado cargos contra varios más, la inmensa mayoría de los presuntos autores de abusos han eludido hasta ahora la acción de la justicia.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Bahréin que garanticen la rendición de cuentas cuando se hayan cometido violaciones de derechos humanos y que hagan públicos los resultados de las investigaciones sobre denuncias de tortura y de homicidios a manos de las fuerzas de seguridad. La reforma legislativa
El gobierno de Bahréin aceptó 22 de los cambios recomendados en el EPU a la legislación nacional, si bien rechazó nueve propuestas de modificaciones legales para que las leyes de Bahréin sean compatibles con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Amnistía Internacional lamentó este rechazo, pues negará la justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. El gobierno también rechazó las recomendaciones relativas a la abolición de la pena de muerte.
La organización también ha instado a las autoridades de Bahréin a que eliminen de la legislación nacional las disposiciones redactadas de forma imprecisa que podrían seguir usándose para penalizar el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, asociación y reunión.
“Al seguir imponiendo restricciones generales a las asociaciones políticas y deteniendo a decenas de personas en manifestaciones pacíficas, las autoridades de Bahréin incumplen flagrantemente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, afirmó Luther.
“Asumir al pie de la letra las recomendaciones de la ONU y hacer un cambio real es un primer paso urgente para corregir la terrible situación de los derechos humanos en el reino del Golfo.”