Un tribunal guatemalteco ha condenado a un ex jefe de policía a 70 años de prisión por la desaparición y tortura en 1981 de un estudiante universitario, en lo que Amnistía Internacional califica de enérgico mensaje de que, incluso transcurridos treinta años, se puede hacer justicia.El martes, un tribunal de la ciudad de Guatemala declaró a Pedro García Arredondo, ex jefe del Cuerpo de Detectives de la extinta Policía Nacional, culpable de ordenar la desaparición forzosa del estudiante de agronomía Édgar Enrique Sáenz Calito durante el largo conflicto armado interno del país.La desaparición es un delito tipificado en el derecho internacional, y el tribunal declaró que la tortura de la víctima en detención equivalía a un crimen de lesa humanidad.“La justicia ha tardado más de tres décadas en alcanzar a Pedro García Arredondo, pero esta sentencia transmite otro enérgico mensaje de que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en Guatemala rendirán cuentas de sus actos”, declaró Sebastian Elgueta, investigador de América Central de Amnistía Internacional.En el juicio de García Arredondo, los jueces concluyeron que éste “planificó, cooperó y apoyó la desaparición” de Sáenz Calito, y que “[…] el procesado tenía plena autoridad y, como consecuencia conocimiento de lo que ocurrió con la persona desaparecida.”El 4 de marzo de 1981, agentes del Comando Seis de la Policía Nacional detuvieron al estudiante de agronomía por supuesto atentado contra la seguridad interna de la nación, tras encontrarle en posesión de textos del grupo de resistencia armada Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas.Según los testigos, Sáenz Calito fue llevado al “cuartito” que solía usar el Comando Seis para interrogar a presuntos guerrilleros.La esposa de la víctima, Violeta Ramírez Estrada, declaró al tribunal que visitó a su esposo en un hospital penitenciario tras su detención y que tenía señales de haber sido torturado. Sáenz Calito había sido sometido a palizas, simulacros de ahogamiento y quemaduras de cigarrillos, y le habían aplicado descargas eléctricas en los órganos genitales.El 9 de junio de 1981 fue puesto en libertad por falta de pruebas, pero minutos después de que saliera del edificio del Comando Seis, cuatro hombres armados vestidos de civil le introdujeron en un vehículo y se lo llevaron.Violeta Ramírez dijo que, debido al acoso continuo de las autoridades tras la desaparición de su esposo, tuvo que exiliarse junto con su hija.“Édgar Enrique Sáenz Calito y su familia sufrieron una terrible experiencia a manos de las fuerzas de seguridad de Guatemala, pero al fin se ha hecho justicia. Esta sentencia dará a las decenas de miles de víctimas y familiares de víctimas más la esperanza de que ellos también verán a sus torturadores rendir cuentas por los espantosos abusos que cometieron durante la guerra civil de Guatemala”, afirmó Elgueta.La apertura de los archivos policiales de la década de 1980 contribuyó a la investigación y enjuiciamiento de García Arredondo.Amnistía Internacional pide que se abran los archivos militares de ese mismo periodo, lo que podría ayudar a resolver muchos otros casos de violaciones de derechos humanos y a hacer que los responsables comparezcan ante la justicia.Se calcula que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala, que comenzó en 1960, murieron 200.000 personas, de las que aproximadamente 45.000 desaparecieron y fueron torturadas.El acuerdo de paz firmado en 1996 puso fin al conflicto, pero hasta 2008 no se inició el primer juicio en el país por un caso de desaparición.El Congreso de Guatemala introdujo en 2007 un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que contribuiría a la crucial labor de investigación sobre los casos de desaparición forzada. Amnistía Internacional pide al Congreso de Guatemala que tramite este proyecto de ley.Se han celebrado recientemente en Guatemala otros juicios de gran repercusión contra ex soldados y oficiales militares retirados, en algunos de los cuales se han impuesto condenas por crímenes de lesa humanidad.Entre ellos está el enjuiciamiento del ex gobernante militar José Efraín Ríos Montt por el genocidio de unos campesinos mayas.“Los esfuerzos en curso por enjuiciar a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos durante del conflicto armado interno de Guatemala deben avanzar”, concluyó Elgueta.
