La condena impuesta por un tribunal civil a un suboficial del ejército colombiano por el asesinato y la violación de una niña constituye una victoria poco habitual para quienes hacen campaña contra la impunidad por los delitos sexuales cometidos durante las décadas de conflicto armado en Colombia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El lunes, el subteniente Raúl Muñoz Linares fue condenado a 60 años de prisión por la violación y el asesinato de Jenni Torres, de 14 años, así como por el asesinato de los hermanos de ésta –Jimi, de nueve años, y Jefferson, de seis– y por la violación de otra niña, todo ello ocurrido en Tame, en la región de Arauca, noreste de Colombia, en octubre de 2010.
“La condena de Raúl Muñoz da testimonio de la perseverancia de las familias de las víctimas y sus abogados. Es poco habitual que los autores de abusos contra los derechos humanos comparezcan ante la justicia en Colombia, y más cuando son miembros de las fuerzas de seguridad y cuando el delito es de violencia sexual”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
El caso contra el subteniente se demoró repetidamente por las dudosas tácticas dilatorias de sus abogados defensores –que provocaron las críticas de la juez encargada del caso–, y se caracterizó por la negativa del batallón local del ejército a ayudar a las familias de las víctimas.
Cuando los tres menores asesinados desaparecieron en Tame en octubre de 2010, el ejército se negó a ayudar a buscarlos. Más tarde, cuando se encontraron los cadáveres, las autoridades locales se negaron a recuperar los restos.
Pese a las reiteradas quejas de la comunidad local respecto a que los soldados estaban constantemente cometiendo abusos sexuales y violando a mujeres y niñas de la zona, el ejército trató de culpar de las violaciones y homicidios a los residentes locales, a bandas delictivas y a las guerrillas.
En marzo de 2011, el caso se transfirió a la capital, Bogotá, por motivos de seguridad después de que la jueza encargada del caso, Gloria Constanza Gaona, fuera asesinada a tiros en Saravena, Arauca.
La familia Torres recibió amenazas que la obligaron a abandonar la zona, y también hubo amenazas contra una organización de derechos humanos que ayuda a las familias de las víctimas.
“Aunque el gobierno y la fiscalía han adoptado medidas para luchar contra la impunidad en este tipo de casos, esas medidas han sido inefectivas. Hay que hacer más para garantizar el pleno respeto del derecho de las supervivientes a la verdad, la justicia y la reparación.”
Violencia sexual en el conflicto de Colombia
La violencia sexual sigue siendo un rasgo característico del conflicto armado de Colombia, que dura ya 45 años. Todas las partes enfrentadas –las fuerzas de seguridad, las guerrillas y los paramilitares– han sido responsables de ese tipo de delitos.
En 2008, la Corte Constitucional de Colombia describió la violencia sexual cometida en el contexto del conflicto como una práctica “habitual, extendida, sistemática e invisible”, y pidió a las autoridades que tomaran medidas efectivas para poner fin tanto a dicha violencia como a la impunidad para sus responsables.
Sin embargo, cuatro años después, la gran mayoría de los responsables de delitos sexuales relacionados con el conflicto siguen eludiendo la justicia.
Otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército
En un caso diferente, un tribunal de Bogotá condenó el viernes a un general retirado a 26 años de prisión por el asesinato, cometido en la década de 1990, de un campesino a manos de un grupo paramilitar derechista.
El tribunal concluyó que el general retirado, Rito Alejo Del Río –detenido desde 2008–, no había participado directamente en éste ni en los muchos otros homicidios cometidos en el área bajo su mando, pero había mantenido estrechos vínculos con los paramilitares cerca de Urabá, en el norte de Medellín, desde 1995 hasta 1997, y les había permitido cometer abusos impunemente.
La connivencia entre los miembros de las fuerzas de seguridad y los paramilitares ha alimentado, y sigue alimentando, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de Colombia.
El Congreso está debatiendo actualmente un proyecto de reforma constitucional que, si se aprueba, reforzará el papel del sistema de justicia militar en la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos en las que estén implicadas las fuerzas de seguridad.
“Los tribunales militares de Colombia tienen un vergonzoso historial de archivar investigaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sin hacer rendir cuentas a los responsables”, ha manifestado Marcelo Pollack.
“Si esta reforma se aprueba, supondrá un grave retroceso en la lucha contra la impunidad, y hará aún más difícil llevar ante la justicia a los responsables de abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.”