Las autoridades rusas deben anular un proyecto de ley, aprobado por el Parlamento en tercera lectura, que restringe drásticamente la independencia de todas las ONG, ha afirmado Amnistía Internacional.
De ser sancionada por el presidente Vladimir Putin –en principio una mera formalidad–, la ley impondrá una pesada carga económica y administrativa a las ONG rusas que reciban financiación extranjera cuando entre en vigor dentro de cuatro meses.
Las organizaciones que reciban fondos del exterior y no se registren como entidades que “desempeñan funciones de agentes extranjeros” podrían recibir multas de hasta 300.000 rublos (6.000 libras esterlinas o 9.000 dólares estadounidenses) o incluso penas de prisión de hasta dos años.
“Esta ley aplastará el desarrollo de la sociedad civil en Rusia y probablemente se use para silenciar las voces críticas que a menudo siguen dependiendo de la financiación extranjera. Las ONG que operan en la Federación Rusa ya tienen que abrirse camino por los numerosos niveles de burocracia para llevar a cabo su labor”, afirmó John Dalhuisen, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Las autoridades no han demostrado que estas medidas sean necesarias. El proyecto de ley no parece tener otro objetivo que poner trabas a las principales ONG críticas con el gobierno para que les sea todavía más difícil operar en Rusia. Por ello, debe anularse con efecto inmediato.”
En ruso, las palabras “agente extranjero” (inostrannyi agent) tienen connotaciones negativas, pues se asocian a la idea de espionaje.
El Kremlin afirma que las medidas son necesarias para proteger a Rusia de intentos externos de influir en la política interna. Los autores del proyecto de ley aducen que la ley proporcionará transparencia y el “control público adecuado” sobre ONG financiadas con fondos extranjeros que realizan actividades políticas en el país.
Sin embargo, todas las ONG que trabajan en Rusia están ya sometidas a reglamentos muy estrictos. Tienen la obligación de informar a las autoridades sobre sus actividades, poner esa información a disposición de terceros si así se solitita y presentar informes económicos detallados.
Desde hace algún tiempo, las autoridades pertinentes del Estado tienen amplios poderes para realizar inspecciones económicas y de otra índole, así como otro tipo de controles, en las ONG rusas y extranjeras que operan en la Federación Rusa.
“El hecho de que este proyecto de ley pasara los trámites parlamentarios tan rápido pone de manifiesto que las autoridades rusas tienen una intención clara de reducir el espacio democrático en el país”, afirmó John Dalhuisen.
“Al actuar así, están amenazando el derecho a la libertad de asociación, consagrado en instrumentos de derecho internacional en los que la Federación Rusa es signataria.”
En Rusia, las ONG prestan servicios públicos esenciales en numerosos ámbitos, como los derechos humanos, la educación, la asistencia social y el activismo medioambiental. El activismo de la sociedad civil ha aumentado considerablemente en el país desde el desmembramiento de la Unión Soviética.
Las fuentes de financiación nacionales de las actividades de la sociedad civil son escasas e inestables y un porcentaje importante de los fondos proviene del gobierno, que los destina principalmente y de forma selectiva a las ONG leales o “apolíticas”, por lo que la financiación extranjera es extremadamente importante para la supervivencia de muchas organizaciones de la sociedad civil, grandes y pequeñas.
En su mayoría, esas ONG prestan servicios cruciales a la población rusa y son indispensables para la salvaguardia de los derechos humanos en el país.
“Muchas no tendrán más remedio que escoger entre aceptar la financiación extranjera y someterse a esta nueva normativa represiva, o renunciar a la financiación y poner en peligro su propia existencia”, declaró John Dalhuisen.
Es la segunda vez en la historia reciente de Rusia que las autoridades se ceban con la sociedad civil independiente, y en ambos casos ha ocurrido bajo el mandato de Vladimir Putin.
En enero de 2006, Putin promulgó cambios que imponían a las ONG que operaban en Rusia restricciones y requisitos adicionales de presentación de información. Estos cambios otorgaban a las autoridades poderes más amplios para vigilar la financiación y las actividades de las ONG en el país.
Esta ley ha recibido numerosas críticas de Amnistía Internacional y de otros grupos de derechos humanos, pues es indebidamente onerosa, obliga a desviar fondos de los programas, establece disposiciones clave que carecen de una definición jurídica precisa y que podrían aplicarse de forma arbitraria, e introduce sanciones desproporcionadamente duras.
La normativa se relajó bajo el mandato de Dimitri Medvedev, que sucedió en el cargo de presidente a Vladimir Putin en 2008, pero los cambios legislativos que se proponen ahora son incluso más estrictos que los que se introdujeron inicialmente en 2006.