Los cuatro miembros del personal de la Corte Penal Internacional (CPI) regresan a La Haya, según los informes, en lo que Amnistía Internacional ha calificado de final satisfactorio de su inaceptable detención durante más de tres semanas en poder de una milicia libia.
Las autoridades libias tuvieron recluidos a los cuatro desde el 7 de junio en la remota ciudad de Zintan, en el oeste del país, tras haberse reunido con Saif al Islam al Gadafi, hijo del ex gobernante coronel Muamar al Gadafi que está detenido.
La noticia de su liberación se conoció mientras el presidente de la CPI, Sang-hyun Song, visitaba Libia el lunes.
“La liberación de estos cuatro miembros del personal de la CPI es una noticia muy grata, pero su detención por las autoridades libias durante más de tres semanas ha sido totalmente inaceptable”, ha afirmado Marek Marczyński, director de Investigación, Política y Campañas de Justicia Internacional de Amnistía Internacional.
“Esta detención no sólo les ha negado su libertad y les ha impedido ejercer sus funciones, sino que también ha menoscabado el derecho de Saif al Islam al Gadafi a una defensa efectiva y ha demorado la decisión de la CPI sobre la reciente solicitud de las autoridades libias de someterlo a juicio en tribunales libios.”
A principios de junio, las autoridades acusaron de espionaje a uno de los miembros del personal de la CPI, la abogada australiana Melinda Taylor, afirmando que había intentado pasar clandestinamente documentos a Saif al Islam al Gaddafi.
Taylor y sus colegas, la libanesa Helene Assaf, el ruso Alexander Khodakov y el español Esteban Peralta Losilla, permanecieron bajo la custodia de una milicia en Zintan hasta su liberación el lunes.
Mientras estuvieron detenidos, miles de activistas instaron al gobierno de Libia, en el marco de la Campaña a favor de la Justicia Internacional de Amnistía Internacional, a poner en libertad de inmediato a los miembros del personal de la CPI.
“Deben investigarse exhaustivamente, de conformidad con los procedimientos adecuados de la CPI, la legalidad de la detención por Libia de los miembros del personal de la CPI y las afirmaciones hechas por las autoridades contra estas personas, y deben hacerse públicos resultados de esa investigación”, ha afirmado Marek Marczyński.
“La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI debe examinar también las repercusiones de esta detención y tomar medidas efectivas para garantizar que la defensa dispone de tiempo y medios adecuados para retomar los procedimientos en curso contra Saif al Islam al Gadafi para determinar dónde debe ser enjuiciado.”
Amnistía Internacional considera que la detención de los miembros del personal de la CPI muestra que las autoridades libias no se toman en serio el derecho de Gadafi a una defensa efectiva, y que no lo someterán a un juicio con garantías en caso de ser enjuiciado en Libia.
“Si se rechaza la solicitud de Libia para enjuiciar en tribunales nacionales a Saif al Islam al Gadafi, éste debe ser entregado a la CPI sin más demora”, ha afirmado Marek Marczyński.
El 5 de julio, dos días antes de la fecha prevista para las elecciones nacionales en Libia, Amnistía Internacional hará público un nuevo informe sobre las milicias en ese país.
El informe expone en detalle cómo los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo corren el riesgo de eclipsar este momento histórico y están llevando al país por el camino equivocado. En Libia prevalece la impunidad para los homicidios ilegítimos, las detenciones y reclusiones arbitrarias, la tortura, incluso hasta la muerte, y el desplazamiento forzoso.
Miles de presuntos leales y soldados de Gadafi continúan detenidos. Muchos están en poder de milicias armadas, fuera del marco de la ley, en instalaciones de detención no oficiales, donde siguen siendo especialmente vulnerables a la tortura y otros malos tratos.
La inmensa mayoría de los detenidos no han sido acusados formalmente de ningún delito y no tienen acceso a abogados.