El asesinato de una destacada funcionaria es un duro golpe al frágil progreso de los derechos humanos en Afganistán, ha afirmado Amnistía Internacional al tiempo que insta al gobierno a llevar a los responsables ante la justicia.
Hanifa Safi, directora del Ministerio de Asuntos de la Mujer en la provincia de Laghman, este de Afganistán, sufrió un atentado en la ciudad de Mehtarlam al explotar la bomba magnética colocada en el vehículo en el que viajaba junto con su hija y su marido.
Hanifa Safi y su esposo murieron, y 11 personas resultaron heridas, entre ellas su hijo, su hija y el conductor.
Poco antes del atentado de Hanifa Safi habían salido a la luz imágenes de vídeo en las que un presunto insurgente talibán dispara a una joven mujer afgana de 22 años, llamada Najiba en los medios de comunicación, por “cargos” de adulterio.
Las autoridades provinciales de Laghman han acusado a los talibanes del atentado de hoy, pero por el momento nadie ha reivindicado su autoría.
“Sin duda, Hanifa Safi era blanco de individuos o grupos decididos a socavar los tímidos avances conseguidos para los derechos de las mujeres en Afganistán”, afirmó Horia Mosadiq, investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán.
“No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo: en los 10 últimos años han sido asesinadas varias mujeres afganas que ocupaban puestos públicos.”
“Los atentados y homicidios de civiles son actos atroces que violan el derecho a la vida y constituyen un crimen de derecho internacional.”
Hanifa Safi es la segunda jefa provincial del Ministerio de Asuntos de la Mujer asesinada, pues Safiye Amajan, ex jefa del departamento de la mujer en la provincia de Kandahar, murió delante de su casa en 2006 al recibir disparos de un grupo armado que se cree estaba vinculado a los talibanes.
Los ataques contra mujeres afganas de puestos destacados y contra defensores y defensoras de derechos humanos son habituales.
“El curso que suelen seguir estos actos es que las autoridades no los investigan adecuadamente ni hacen comparecer a los responsables ante la justicia”, declaró Horia Mosadiq.
En la Conferencia Internacional de Donantes para Afganistán celebrada en Tokio el 8 de julio, el gobierno afgano se comprometió a forjar un Estado estable basado en “el Estado de derecho, la eficacia e independencia del poder judicial y la buena gobernanza”.
“Tales compromisos serán papel mojado si los autores de los actos violentos contra las mujeres de Afganistán logran zafarse de la justicia”, declaró Horia Mosadiq.
“El gobierno afgano, con apoyo internacional, debe aplicar plenamente el Plan Nacional de Acción sobre las Mujeres y la Ley de 2009 para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.”
En mayo de este año, Lal Bibi, joven de la provincia de Kunduz, reveló que la habían violado en grupo un jefe local de policía y sus hombres.
En los 10 últimos años, el gobierno de Afganistán apenas ha llevado ante la justicia a los autores de abusos contra los derechos humanos, sobre todo cuando se trataba de mujeres, incluso aunque las víctimas ocupasen cargos públicos. En los casos de Lal Bibi, Najiba, Safiye Amajan, entre otros, todavía no se ha detenido ni procesado a los responsables.
“Conforme a las obligaciones jurídicas internacionales y a la Constitución, el gobierno de Afganistán debe proteger a toda la población afgana, incluidas las mujeres defensoras de derechos humanos que sufren ataques por causa de su trabajo”, afirmó Horia Mosadiq.
Amnistía Internacional ha afirmado que, en el proceso de alcanzar un acuerdo político con los talibanes y otros grupos insurgentes, el gobierno de Afganistán y sus aliados deben garantizar que los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, no se ven comprometidos ni son sacrificados en soluciones de conveniencia.
Información complementaria
Las mujeres afganas que ocupan cargos públicos y las defensoras de derechos humanos están en la vanguardia de la protección de los derechos humanos en el país. Sufren intimidación y atentados, sobre todo por parte de elementos poderosos de la sociedad, en algunos casos miembros del gobierno, en otros aliados de los talibanes o de los grupos antigubernamentales.
Varias mujeres afganas, algunas de las cuales han ocupado altos cargos, han sufrido ataques desde la caída de los talibanes en 2001:
•En marzo de 2010, Fawzia Kofi, miembro del Parlamento nacional afgano, recibió heridas de bala al ser atacada por hombres armados no identificados mientras viajaba de Jalalabad a Kabul.
•En abril de 2010, Nida Khyani, miembro del Consejo Provincial, quedó en estado crítico después de que dispararan contra ella desde un vehículo en marcha en Pul-e-Khumri, capital provincial de Valgan, en el norte de Afganistán.
•En abril de 2009 mataron en Kandahar a Sitara Achekzai, miembro del Consejo Provincial de Kandahar. Los talibanes reivindicaron la autoría del atentado alegando que Sitara Achekzai era una “espía” de los estadounidenses.
•En septiembre de 2008, talibanes armados mataron a disparos a Malalai Kakar, la mujer policía de más alto rango de Afganistán. Era jefa del departamento de delitos contra las mujeres de la policía de Kandahar.
•En 2007, Zakia Zaki, directora de Radio Paz en la provincia de Parwan, y conocida por ser muy crítica con los señores de la guerra, murió tiroteada mientras dormía junto a sus dos hijos pequeños. Zakia Zaki había recibio varias amenazas de muerte tras criticar a señores de la guerra locales y a los talibanes.
•En septiembre de 2006, Safiye Amajan, entonces jefa provincial del Ministerio de Asuntos de la Mujer en Kandahar, fue tiroteada delante de su casa por hombres armados que iban en una moticicleta y que, según la información recibida, estaban vinculados a los talibanes.