La terrible escalada de homicidios ilegítimos, tortura, detención arbitraria y destrucción injustificada de casas en Siria demuestra la extrema urgencia de emprender acciones internacionales enérgicas para detener la oleada de ataques cada vez más generalizados lanzados contra la población civil, con total impunidad, por las fuerzas gubernamentales y las milicias. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.
El informe, titulado Deadly Reprisals, ofrece nuevas pruebas de los abusos generalizados y sistemáticos, incluidos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que se están cometiendo como parte de la política gubernamental consistente en ejercer la venganza contra las comunidades sospechosas de apoyar a la oposición y en intimidar a la población para que se someta.
“Estas inquietantes pruebas de un patrón organizado de abusos graves subrayan la acuciante necesidad de una acción internacional enérgica para frenar la oleada de ataques cada vez más generalizados, incluidos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, lanzados con total impunidad contra la población civil por las fuerzas gubernamentales y las milicias”, ha manifestado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional, que recientemente ha pasado varias semanas investigando violaciones de derechos humanos en el norte de Siria.
“Durante más de un año, el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado titubeando, mientras se desataba la crisis de derechos humanos en Siria. Es hora de que el Consejo rompa este punto muerto y emprenda acciones concretas para poner fin a estos abusos y hacer rendir cuentas a los responsables.”
Aunque no ha recibido de las autoridades sirias permiso oficial para entrar en el país, Amnistía Internacional ha podido investigar la situación sobre el terreno en el norte de Siria y ha concluido que las fuerzas gubernamentales sirias y las milicias han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos y serias violaciones del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Amnistía Internacional visitó 23 pueblos y ciudades en las gobernaciones de Alepo e Idlib, incluidas zonas en las que las fuerzas gubernamentales sirias han lanzado ataques en gran escala, incluso durante las negociaciones en torno a la aplicación del acuerdo de seis puntos de alto el fuego promovido por la ONU y la Liga Árabe en marzo y abril.
En todos los pueblos y ciudades visitados, Amnistía Internacional ha escuchado de boca de familias de luto cómo los soldados sacaron a rastras a sus seres queridos –jóvenes y viejos, e incluso niños–, los mataron a tiros y, en algunos casos, prendieron fuego a sus cadáveres.
Los soldados y las milicias shabiha quemaron casas y pertenencias y abrieron fuego indiscriminadamente contra zonas residenciales: al hacerlo, mataron e hirieron a transeúntes civiles. A los detenidos, incluidos los enfermos y ancianos, los torturaron sistemáticamente, en ocasiones hasta la muerte. A muchos los sometieron a desaparición forzada, y se desconoce la suerte que han corrido.
“Donde quiera que fuera, encontraba residentes angustiados que preguntaban por qué el mundo se limita a observar sin hacer nada”, ha manifestado Donatella Rovera.
“Esa inacción de la comunidad internacional termina por alentar nuevos abusos. Mientras la situación sigue deteriorándose, y mientras la cifra de muertes civiles aumenta a diario, la comunidad internacional debe actuar para detener la espiral de violencia.”
La represión gubernamental se ha dirigido contra pueblos y ciudades a los que se considera baluartes de la oposición, ya hayan sido escenario de enfrentamientos con fuerzas del Ejército de Liberación de Siria, o lugares donde la oposición se mantiene pacífica.
En Alepo, una de las ciudades más grandes de Siria, Amnistía Internacional vio en varias ocasiones, durante la última semana de mayo, cómo miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y miembros de las milicias shabiha vestidos de civil disparaban ráfagas de munición real contra manifestantes pacíficos y causaban así la muerte y heridas a manifestantes y transeúntes, incluidos niños.
Los patrones de abusos cometidos en estas zonas no son casos aislados; se han recibido informes similares generalizados de todo el país, como el ataque lanzado por fuerzas sirias contra Houla el 25 de mayo. Según la ONU, 108 personas, entre ellas 49 niños y niñas y 34 mujeres, murieron allí.
Desde que se iniciaron las protestas en favor de la reforma en febrero de 2011, Amnistía Internacional ha recibido los nombres de más de 10.000 personas muertas a consecuencia de la violencia, aunque la cifra real puede ser considerablemente más alta.
El informe respalda las conclusiones de otras investigaciones sobre la situación en Siria, como el informe del secretario general de la ONU sobre los niños y los conflictos armados, que subrayó que, año tras año, las fuerzas gubernamentales eran responsables de “matanzas y mutilaciones, arrestos arbitrarios, detención, torturas y malos tratos” de niños de tan sólo nueve años de edad.
En su informe, Amnistía Internacional pide una vez más al Consejo de Seguridad que remita la situación de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional y que imponga un embargo de armas al país con el fin de detener el flujo de armas hacia el gobierno sirio.
Además, insta a los gobiernos de la Federación Rusa y China en particular a detener de inmediato las transferencias al gobierno sirio de todo tipo de armas y municiones y de material, formación y personal militar, de seguridad y policial.
Asimismo, pide al Consejo de Seguridad que congele los bienes del presidente Bachar el Asad y otras personas que puedan estar implicadas en ordenar o cometer delitos de derecho internacional.
Amnistía Internacional ha formulado a las autoridades sirias numerosas recomendaciones que, de ponerse en práctica, ayudarían a frenar los abusos generalizados –constitutivos de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra– que están teniendo lugar.
Sin embargo, parece que el gobierno sirio no tiene ninguna intención de detener, no digamos investigar, estos crímenes.
“Los intentos del gobierno sirio por bloquear el acceso a Amnistía Internacional, otros observadores de los derechos humanos y los medios de comunicación internacionales no han conseguido protegerlo del escrutinio. Este informe proporciona nuevas pruebas detalladas de que las autoridades sirias están llevando a cabo ataques constantes, generalizados y brutales contra la población civil”, ha manifestado Donatella Rovera.
Nota a periodistas:
Entre mediados de abril y finales mayo de 2012, Amnistía Internacional llevó a cabo investigación sobre el terreno en las gobernaciones noroccidentales de Alepo e Idlib, incluidas las zonas de Jabal al Zawya y Jabal Wastani, al noroeste de Hama.
Estas investigaciones incluyeron más de 200 entrevistas con familiares de las personas muertas y detenidas, con personas cuyas casas y bienes habían sido incendiados, dañados o saqueados, con supervivientes de ataques, con testigos presenciales y con detenidos liberados.
Este informe se centra en los patrones de abusos sistemáticos perpetrados por las fuerzas gubernamentales –incluidas las milicias shabiha que colaboran con el ejército y las fuerzas de seguridad–, tales como ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, ataques directos e indiscriminados con tanques, morteros y helicópteros que han matado ilegítimamente y herido a civiles, incendios y saqueos sistemáticos de casas y bienes, detenciones arbitrarias y tortura.
Las conclusiones de este informe sustancian las de otros órganos, como la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria y el Comité de la ONU contra la Tortura, así como los datos reunidos por Amnistía Internacional durante visitas de investigación realizadas a Líbano, Turquía y Jordania para entrevistar a sirios que han huido de su país desde que comenzó la violenta represión de los disturbios.
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Si desean una copia del informe embargado, o concertar una entrevista con portavoces de Amnistía Internacional, pónganse en contacto con Shukri Shewayish, de la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional, en el número +44 (0) 20 7413 5511 o en el correo electrónico [email protected].