El final de 31 años de estado de excepción en Egipto debe marcar el regreso al Estado de derecho, ha dicho Amnistía Internacional tras levantarse esta medida el jueves, dos años después de la última vez que fue renovada por el gobierno de Hosni Mubarak.
“Las autoridades egipcias deben romper definitivamente con las prácticas del Estado de excepción combatiendo los abusos sistémicos que éste facilitó y que aún hoy continúan bajo el régimen militar”, ha dicho Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Entre estas prácticas figuran graves violaciones de derechos humanos, como brutales operaciones de represión de manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias, torturas y juicios sin garantías de civiles con arreglo al derecho militar”.
Aunque el Parlamento egipcio no ha renovado el estado de excepción, no ha sido capaz de poner fin a los juicios sin garantías de civiles ante tribunales militares.
En mayo, el Parlamento aprobó enmiendas al Código de Justicia Militar, una ley que en la práctica permite el juicio de civiles ante tribunales militares, pero estas enmiendas no tuvieron calado suficiente como para impedir que el ejército continúe con este tipo de juicios. Unas 100 personas detenidas tras una protesta en mayo en el barrio Abbaseya de El Cairo se enfrentan a procesos militares.
Desde la “Revolución del 25 de enero”, los tribunales militares han condenado a miles de civiles en juicios sin garantías por delitos tales como “matonismo” e “incumplimiento del toque de queda”.
Amnistía Internacional también pide a las autoridades y el Parlamento egipcios que combatan el clima de impunidad fomentado por el estado de excepción.
“Bajo el régimen de Mubarak, las fuerzas de seguridad disfrutaron de casi total impunidad para cometer abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura sistemática de los detenidos”, ha dicho Ann Harrison.
“Ahora toca a las autoridades y el Parlamento egipcios combatir el clima de impunidad fomentado por el estado de excepción”.
Mientras estuvo en vigor esta medida de excepción, la práctica sistemática de la tortura y otros malos tratos apenas se cuestionaron. Bajo el régimen militar ha habido abusos de este tipo, como las “pruebas de virginidad” forzosas a las manifestantes en marzo de 2011 y las palizas a los manifestantes detenidos tras la sentada ante el edificio del gobierno de la nación en diciembre.
Bajo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas también ha continuado la impunidad de violaciones perpetradas durante la brutal represión de las manifestaciones por las fuerzas de seguridad y el ejército.
Entre estas operaciones figuran la represión de las protestas del edificio Maspero de El Cairo, en octubre, que se saldó con 27 víctimas mortales; la de cerca del Ministerio del Interior, en noviembre, en la que hubo 50 muertos, y la de los alrededores del edificio del gabinete del gobierno en diciembre, en esta ocasión con 17 personas fallecidas. Hasta la fecha, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas aún no ha exigido cuentas a un solo miembro de las fuerzas de seguridad.
Bajo el régimen de Mubarak, el estado de excepción dio a las fuerzas de seguridad egipcias poderes para actuar por encima de la ley. En concreto, el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, ahora desmantelado, perpetró graves violaciones de derechos humanos, como torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, por las cuales sus miembros aún no han rendido cuentas.
Amnistía Internacional pide a las autoridades que abran investigaciones independientes e imparciales sobre todas las violaciones de derechos humanos perpetradas bajo el estado de excepción, y que cualquier persona hallada responsable sea puesta a disposición judicial y juzgada con garantías y sin recurrir a la pena de muerte.
Bajo el régimen de Mubarak, el estado de excepción se utilizó para mantener a decenas de miles de personas bajo detención administrativa sin cargos ni juicio durante meses o años, a menudo incumpliendo reiteradas órdenes judiciales para que fueran puestas en libertad. La Ley del Estado de Excepción también fomentó un sistema de justicia paralelo de tribunales de excepción, que incumplía las garantías básicas para un juicio justo, como el derecho a apelar ante un tribunal superior.
Amnistía Internacional pide a las autoridades que toda persona que siga detenida en aplicación de esta ley sea puesta en libertad o acusada de algún delito común reconocible y juzgada ante un tribunal civil con arreglo a procedimientos que se ajusten plenamente a las normas internacionales sobre garantías procesales.