El Tribunal Penal Superior de Apelación de Manama ha confirmado las sentencias condenatorias de nueve profesionales de la salud juzgados por su participación en manifestaciones contra el gobierno el año pasado, por lo que Amnistía Internacional insta a las autoridades bahreiníes a que las anulen.
El Tribunal ha reducido a los nueve profesionales las condenas impuestas por cargos como “pedir el derrocamiento del régimen por la fuerza”, “participar en concentraciones ilegales” e “instigar al odio contra otra secta” a penas de entre un mes y cinco años de prisión por su presunta participación en las manifestaciones. Otros nueve profesionales médicos han sido absueltos.
“Es un aciago día para la justicia en Bahréin”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Son cargos presentados por motivos políticos contra profesionales médicos que trabajaban para salvar vidas en circunstancias muy difíciles”.
A otros dos médicos que fueron condenados originalmente a 15 años de cárcel por un tribunal militar se les ha rechazado el recurso por no haber asistido a todo el proceso de apelación, por lo que sus condenas se mantienen.
La mayoría de los 20 profesionales juzgados trabajaba en el complejo médico de Salmaniya, en la capital bahreiní, Manama, en febrero y marzo de 2011, cuando las fuerzas de seguridad hicieron uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones contra el gobierno.
No se presentó ninguna prueba de que hubieran cometido delitos, y Amnistía Internacional cree que las acusaciones contra ellos son infundadas.
Uno de los profesionales, Ghassan Dhaif, estaba acusado de “participar en concentraciones ilegales”, “instigar al odio contra otra secta” y “secuestrar con fines terroristas”, pero se le ha reducido la condena de 15 años a un año. “Lo conseguido hoy ha sido gracias a la presión de la comunidad internacional, pero necesitamos todavía que se realicen más esfuerzos para que quedemos absueltos de todos los cargos”, ha dicho Ghassan Dhaif a Amnistía Internacional.
“Presenté seis testigos que niegan estas acusaciones. Todos los cargos y el juicio mismo han estado politizados, y se me condena por hablar con la prensa”, ha explicado.
Mientras tanto se han dictado órdenes de detención contra cuatro de los acusados: ‘Ali ‘Esa Mansoor al-‘Ekri, Ghassan Ahmad ‘Ali Dhaif, Ebrahim ‘Abdullah Ebrahim y Sa’eed Mothaher Habib al Samahiji.
“Las sentencias condenatorias confirmadas hoy indican una vez más que la verdadera razón del procesamiento de estos profesionales de la salud es que se habían destacado por denunciar ante los medios de comunicación internacionales el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad y ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación durante las marchas y manifestaciones”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui.
“Si son encarcelados, serán presos de conciencia, recluidos únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones. Con estas sentencias condenatorias, lo único que hacen las autoridades bahreiníes es poner de manifiesto la falta de independencia del poder judicial.”
Muchos de los 20 profesionales juzgados afirman que fueron torturados bajo custodia, con métodos como golpearlos, propinarles patadas, aplicarles descargas eléctricas, obligarlos a permanecer mucho tiempo de pie, impedirles dormir e ir al retrete y recluirlos en régimen de aislamiento. No se tiene noticia de que se haya realizado una investigación independiente sobre sus denuncias de tortura.
“Estas denuncias de tortura son muy preocupantes -ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui-. Las autoridades bahreiníes deben revelar de inmediato si se ha abierto alguna investigación sobre ellas, hacer públicos los resultados y garantizar que quienes hayan cometido abusos son puestos a disposición judicial.