La condena de nueve años de cárcel a un destacado abogado de derechos humanos es otro revés para la libertad de expresión y asociación en Irán y debe ser revocada de inmediato, ha advertido Amnistía Internacional.
Mohammad Ali Dadkhah, uno de los fundadores del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de Irán (CDHR), fue condenado en julio del año pasado a nueve años de cárcel tras ser declarado culplable de “pertenecer a una asociación [el CDHR] que trata de lograr el derrocamiento suave del gobierno” y “difundir propaganda contra el sistema mediante entrevistas con los medios de comunicación extranjeros”.
Fue convocado para que se presentara ante las autoridades el sábado, cuando se cree que empezará a cumplir condena.
“El único delito de Mohammad Ali Dadkhah es defender los derechos de los demás. Ni siquiera debería haber sido procesado, y su condena debe ser revocada de inmediato”, ha dicho Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Encarcelarlo durante nueve años será otro revés para la libertad de expresión y asociación en Irán, donde con frecuencia se presentan cargos falsos e imprecisos para tratar de silenciar a quienes trabajan en favor de los derechos humanos.”
Entre los clientes de Mohammad Ali Dadkhah se encuentran muchas personas destacadas, como el pastor religioso Yousef Nadarkhani, preso de conciencia, que se enfrentaba a una posible pena de muerte por presunta “apostasía del islam”, y el ex dirigente del prohibido Movimiento de Liberación de Irán Ebrahim Yazdi, de 80 años, que padece cáncer y fue convocado recientemente para que comenzara a cumplir una condena de ocho años de cárcel.
Mohmmad Ali Dadkhah iba a representar a un cliente en un juzgado cuando un juez le informó el 28 de abril que un tribunal de apelación había confirmado su condena de nueve años y su inhabilitación para la práctica de la abogacía y la enseñanza. El abogado, que no había recibido ninguna notificación previa del fallo del tribunal de apelación, no pudo seguir representando a su cliente.
En 2008, una selección discriminatoria inhabilitó a Mohammad Ali Dadkhah para presentarse como miembro de la Junta Central del Colegio de Abogados por sus actividades como defensor de los derechos humanos. En 2012, a pesar de que la junta actual del Colegio de Abogados había confirmado que podía presentarse, Mohammad Ali Dadkhah volvió a ser inhabilitado como candidato.
Las autoridades iraníes clausuraron el CHRD, dirigido por la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, en diciembre de 2008. Sus miembros han seguido desempeñando su labor en apoyo de los derechos humanos, pero han sido sometidos a reiterados hostigamientos, intimidaciones, detenciones y encarcelamientos, y varios de ellos cumplen actualmente penas de cárcel en la prisión de Evin de Teherán.
La presidenta ejecutiva del Centro, Narges Mohammadi, ingresó el mes pasado en la cárcel de Evin, donde cumple una condena de seis años por “reunión y conspiración para cometer delitos contra la seguridad nacional” y “difundir propaganda contra el sistema”.
Abdolfattah Soltani, otro de los fundadores del CHRD y destacado abogado, que lleva en la cárcel de Evin desde su detención en septiembre de 2011, ha sido condenado a 18 años de cárcel por “difundir propaganda contra el sistema”, “formar un grupo ilegal de oposición [el CHRD]” y “reunión y conspiración para intentar dañar la seguridad nacional”.
Otro miembro fundador del CHRD, el abogado Mohammad Seyfzadeh, cumple actualmente dos años de condena por “formar y pertenecer a una asociación [el CHRD] […] cuyo objetivo es dañar la seguridad nacional” y “difundir propaganda contra el sistema”.
Amnistía Internacional los considera a todos presos de conciencia, encarcelados por expresar pacíficamente sus convicciones profundas.
“Al hacer al CHRD objetivo de su represión, las autoridades tratan claramente de transmitir el mensaje de que quienes defienden los derechos de los demás en Irán deben dejar de hacerlo o enfrentarse a ser procesados. Estas personas deben ser puestas en libertad incondicional de inmediato”, ha dicho Ann Harrison.
“Los defensores y defensoras de los derechos humanos deben poder seguir realizando sin trabas su importante y legítima labor.”