La respuesta del gobierno de Bahréin a los resultados de una comisión internacional de investigación ha resultado insuficiente, ya que las violaciones de derechos humanos continúan, ha afirmado el martes Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe, de más de 50 páginas, titulado Flawed Reforms: Bahrain fails to achieve justice for protesters (Reformas deficientes: Bahréin no ofrece justicia a los manifestantes) revela que las descoordinadas reformas no han proporcionado justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a pesar de la insistencia del gobierno en que aprendería la lección de los acontecimientos de febrero y marzo de 2011.
“Con los ojos del mundo puestos en Bahréin ante la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, nadie debe hacerse ilusiones de que la crisis de derechos humanos del país ha finalizado”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades tratan de presentar la imagen de un país en vías de reforma, pero seguimos recibiendo informes de tortura y uso innecesario y excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Las reformas han sido solo superficiales.
“El gobierno habrá desperdiciado su enorme inversión económica en expertos internacionales para ayudarlo en el proceso reformista si no demuestra una verdadera voluntad política de tomar decisiones difíciles, en particular exigir responsabilidades a los mandos de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones, poner en libertad a los presos de conciencia y resolver el problema de la discriminación subyacente contra la mayoría chií.”
En su seguimiento del informe de noviembre de 2011 de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (conocida también como Comisión Bassiouni), Amnistía Internacional ha concluido que, a pesar de algunas reformas institucionales y de otro tipo, la respuesta del gobierno ha sido en general inadecuada.
Sin rendición de cuentas
El gobierno se comprometió a exigir cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones contra los manifestantes y creó un departamento oficial para ello. Pero Amnistía Internacional afirma que este departamento carece de independencia e imparcialidad y señala que solo se ha juzgado a unos cuantos agentes de seguridad y de policía de baja graduación.
No se han exigido responsabilidades a ningún mando de las fuerzas de seguridad, incluido el Departamento de Seguridad Nacional y la Fuerza de Defensa de Bahréin. Al parecer, varios agentes de seguridad a quienes se acusó de ser responsables de torturas durante las protestas del pasado año siguen en sus puestos sin haber sido investigados.
Ni siquiera han sido suspendidos los ocho policías –dos de ellos ciudadanos bahreiníes– que se sabe que han sido acusados de muertes durante las protestas, y según los informes continúan ejerciendo sus funciones en el Ministerio del Interior mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.
Presos de conciencia
Decenas de presos juzgados sin garantías ante tribunales militares que les impusieron largas penas de cárcel siguen en prisión, aunque fueron condenados únicamente por dirigir protestas antigubernamentales y participar en ellas sin emplear ni propugnar la violencia.
Los casos que han alcanzado mayor notoriedad son los de 14 opositores detenidos en marzo y abril de 2011. Está previsto que el 23 de abril se conozca la decisión sobre su recurso de apelación. Según los informes, varios de ellos han sido torturados después de su arresto.
Estos hombres han sido acusados de “establecer grupos de terror para derrocar el régimen real”. Algunos pidieron públicamente el fin de la monarquía y su sustitución por un sistema republicano. Ninguno ha empleado ni propugnado la violencia.
Uno de ellos, el activista de derechos humanos Abdulhadi al Khawaja, lleva más de dos meses en huelga de hambre en protesta por estar encarcelado injustamente. Según ha sabido Amnistía Internacional, su estado es crítico.
En diciembre, la Fiscalía ordenó que se retiraran todos los cargos relativos al derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, son muy pocos los detenidos que se han beneficiado de esta medida, ya que la gran mayoría de ellos están acusados de varios delitos, entre ellos el de “participación en reunión ilegal de más de cinco personas”.
Siguen las violaciones policiales en medio de las reformas
Tras el informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, el gobierno ha introducido un nuevo código de conducta para los miembros de las fuerzas de seguridad, ha creado un nuevo departamento en el Ministerio del Interior dedicado a investigar denuncias contra la policía y ha emprendido la formación en materia derechos humanos de los agentes de policía.
Pero según afirma Amnistía Internacional, en la práctica estos cambios institucionales casi no afectan a las fuerzas de seguridad, que, aunque han reducido el uso de escopetas desde finales de 2011, siguen haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza para enfrentarse a los manifestantes, particularmente del gas lacrimógeno, que ha provocado varias muertes en los últimos meses. Ya son al menos 60 las personas muertas en relación con las protestas desde febrero de 2011.
Amnistía Internacional reconoce que, en ocasiones, las fuerzas de seguridad bahreiníes se enfrentan a grupos que se comportan violentamente, por ejemplo arrojando cócteles molotov contra ellos o contra sus vehículos. Pero las fuerzas del orden deben respetar las leyes y normas internacionales de derechos humanos .
Según informes recibidos por Amnistía Internacional, al mismo tiempo que se introducen a bombo y platillo reformas policiales, los detenidos son torturados y maltratados en lugares de detención no oficiales, como edificios oficiales vacíos, vehículos policiales y lugares al aire libre.
Hassan Oun, estudiante de 18 años, fue detenido el 3 de enero en el distrito de Arad por unos policías vestidos de civil que lo llevaron a la comisaría de Samaheej, donde fue interrogado.
Sus familiares dijeron a Amnistía Internacional que, cuando su abogado lo visitó al día siguiente en las dependencias de la Fiscalía, observó que presentaba señales de tortura en el cuerpo y que tenía una pierna inflamada. Hassan Oun dijo al abogado que en la comisaría lo habían obligado a permanecer de pie aproximadamente 11 horas, lo habían golpeado en los pies con una manguera y lo habían amenazado con violarlo.
La Fiscalía decidió prolongar su detención durante 45 días para investigarlo y posteriormente lo acusó de reunión pública ilegal. Hassan Oun había sido detenido anteriormente en 2011 en relación con las protestas antigubernamentales.
Peticiones de cambio
Amnistía Internacional pide al gobierno de Bahréin que ponga inmediatamente en libertad incondicional a todos los presos de conciencia y garantice que se exigen responsabilidades a las personas de quienes se sospecha que han torturado y matado, incluidas las que tienen responsabilidad en la cadena de mando.
“La creación de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin fue un verdadero avance y suscitó esperanzas de que las cosas cambiarían en Bahréin”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. “Sin embargo, casi cinco meses después de la publicación del informe, no se ha producido un verdadero cambio”.
“Es hora de que las declaraciones públicas del gobierno de Bahréin vayan acompañadas de acciones concretas.”