La pena de cuatro años de cárcel impuesta a un destacado activista de derechos humanos saudí, seguida de la prohibición de viajar durante cinco años, demuestran un flagrante desprecio por sus derechos fundamentales, ha afirmado Amnistía Internacional.
Información verosímil recibida recientemente por la organización de derechos humanos indica que el Tribunal Penal Especial de Riad dictó esta sentencia contra Mohammed Saleh al Bajady –que al parecer lleva ya seis semanas en huelga de hambre– en una vista secreta celebrada el 10 de abril.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el Tribunal lo declaró culpable de participar en la creación de una organización de derechos humanos, perjudicar la imagen del Estado a través de los medios de comunicación, incitar a familiares de detenidos políticos a protestar y realizar sentadas, cuestionar la independencia del poder judicial y estar en posesión de libros prohibidos.
“Mohammed Saleh al Bajady ha sido aparentemente declarado culpable de cargos equiparables a la penalización de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión” ha manifestado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Tras permanecer más de un año bajo custodia sin poder ver a su abogado, se ha visto privado por completo de justicia en un proceso que vulnera claramente sus derechos.”
Amnistía Internacional considera preso de conciencia a Mohammed Saleh al Bajady, detenido exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y ha pedido su libertad inmediata e incondicional y que se retiren todos los cargos por los que ha sido condenado.
De acuerdo con la información recibida por Amnistía Internacional, Mohammed al Bajady se negó a reconocer la legitimidad del tribunal y de las actuaciones judiciales al no autorizarse la asistencia de sus representantes letrados.
Durante su detención, su equipo de defensa no ha podido acceder a él y ha sido informado de que el tribunal no reconoce su derecho a representarlo. Los letrados no fueron autorizados a asistir a las vistas a pesar de permanecer en el exterior de la sala durante horas.
A la vista en la que fue condenado asistieron, según informes, soldados uniformados y un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución del gobierno. Pero ni su familia ni sus representantes letrados fueron notificados de la celebración de la vista.
Cofundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, ONG no registrada, Mohammed al Bajady está privado de libertad desde el 21 de marzo de 2011; su detención se practicó al día siguiente de asistir a una protesta en la capital, Riad, celebrada por familiares de personas arbitrariamente detenidas. La Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, establecida en 2009, ha hecho campaña en favor de las personas recluidas sin cargos ni juicio, entre otras cosas.
Mohammed al Bajady está siendo juzgado desde agosto por el Tribunal Penal Especial, establecido para ver casos de terrorismo y delitos contra la seguridad. Amnistía Internacional había recibido anteriormente informes según los cuales Al Bajady estaba en huelga de hambre desde el 11 de marzo para protestar por su detención y se negaba a beber agua desde el 7 de abril, por lo que se temía por su salud.
Un portavoz del Ministerio del Interior contó a las agencias de noticias el 10 de abril que Mohammed al Bajady no estaba en huelga de hambre y que su estado de salud era bueno. Su equipo de asistencia letrada ha solicitado visitarlo para poder confirmarlo, pero no parece que se le haya concedido permiso para hacerlo.