Honduras debe abordar el caos penitenciario tras la muerte de 13 reclusos en un motín

Las autoridades hondureñas deben abordar con urgencia los problemas crónicos de sus prisiones, ha afirmado Amnistía Internacional tras la muerte de al menos 13 reclusos en la tragedia más reciente registrada en las conflictivas cárceles del país.

Los presos murieron durante los disturbios que estallaron en la prisión de San Pedro Sula tras los enfrentamientos y el incendio que comenzaron el jueves en el interior de la masificada prisión. Según informes, en la cárcel de San Pedro Sula, destinada a 800 internos, están recluidos más de 2.000.

“A los reclusos de las cárceles hondureñas se les están negando sus derechos humanos básicos, y estos recientes y espantosos sucesos muestran lo precaria que sigue siendo su situación, a pesar de que el gobierno ha prometido reiteradamente que no se van a producir más hechos de este tipo”, ha declarado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.

“Muchas de las personas que se siguen consumiendo en las masificadas cárceles hondureñas llevan años pendientes de juicio y no han sido declaradas culpables de ningún delito.”

Según informes, un interno fue apuñalado y decapitado durante el motín. Aún no se ha confirmado la causa de la muerte de los otros 13 reclusos.  

Los hechos se produjeron semanas después de la muerte de al menos 360 presos en un incendio declarado en la prisión de Comayagua el 14 de febrero.  

Tras el incendio, el gobierno de Honduras prometió que nunca volverían a producirse hechos de este tipo.

“Parece que no se ha aprendido nada de los trágicos sucesos registrados hace dos meses en Comayagua”, ha manifestado Esther Major.

“A menos que se introduzcan cambios reales para aliviar las horrorosas condiciones de reclusión de los presos, las promesas del gobierno del presidente Lobo de mejorar las condiciones penitenciarias sonarán a falsas.”

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades hondureñas que investiguen los sucesos registrados el jueves en la prisión de San Pedro Sula, y los de Comayagua el mes pasado.

“Es preciso que los supervivientes y las familias de las víctimas sepan de verdad por qué se permitió que ocurrieran estas tragedias”, ha declarado Esther Major.