Las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo deben poner fin a una serie de detenciones por motivos políticos, en particular las detenciones arbitrarias e ilegales producidas tras las controvertidas elecciones, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Se han llevado a cabo decenas de arrestos en todo el país desde las elecciones del 28 de noviembre, a menudo de miembros y simpatizantes de la oposición política.
“Las fuerzas de seguridad congoleñas parecen estar sacando provecho del clima tenso de incertidumbre tras las recientes elecciones para llevar a cabo esta serie de detenciones por motivos políticos, en particular las detenciones ilegales y arbitrarias que amenazan con reprimir la libertad de expresión y de reunión”, ha dicho Paule Rigaud, directora adjunta del Programa para África de Amnistía Internacional.
“Estos arrestos deben acabar. Las personas detenidas deben ser puestas en libertad a menos que sean acusadas, ?sin demora, de delitos tipificados por la ley y llevadas ante un juez para poder impugnar la legalidad de su detención, con pleno respeto de sus derechos a un juicio justo, incluido el acceso a un abogado. “
Los informes sugieren que las detenciones se utilizan como método intimidatorio y entre las víctimas hay civiles, periodistas, abogados y políticos de la oposición, así como algunos agentes de las propias fuerzas de seguridad.
Cuatro periodistas de una emisora de radio comunitaria fueron arrestados por agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (Agence Nationale de Renseignements, ANR) el 14 de diciembre, por la mañana temprano, en Kabambare, en la provincia oriental de Maniema, tras ser acusados de violar una decisión oficial de cierre de su emisora. Tres de ellos fueron liberados esa misma tarde, mientras que el cuarto quedó en libertad la tarde del 15 de diciembre.
Según informes, el 13 de diciembre, en Bukavu, Kivu Sur, agentes de la Policía Nacional Congoleña, (PNC) golpearon y arrestaron al abogado Eustache Nsimba y lo llevaron a un lugar desconocido. Él había participado en una marcha organizada por la oposición. El alcalde de Bukavu había sido informado sobre la marcha, pero al parecer la prohibió en una declaración hecha en la radio. Eustache Nsimba fue puesto en libertad ese mismo día.
Amnistía Internacional también ha sabido que agentes de seguridad participaron en las detenciones arbitrarias de al menos dos miembros de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS), en la provincia de Katanga. Ambos miembros del principal partido de oposición siguen detenidos, uno de ellos en régimen de incomunicación, en una celda en las dependencias de la ANR.
De acuerdo con una ONG local, desde primeros de diciembre, miembros del ejército nacional (FARDC) han secuestrado o detenido arbitrariamente en Kinshasa a una decena de oficiales del ejército y agentes de la PNC, así como a civiles. Al parecer, todas estas personas han sido detenidas porque proceden de la provincia de Ecuador y las dos provincias de Kasai, dos bastiones de la oposición.
Se desconoce el paradero de algunos de los detenidos, mientras que otros están detenidos en régimen de incomunicación en campamentos militares en Kinshasa, como el campamento Kokolo o en otras instalaciones que están fuera del control de cualquier autoridad judicial, como el campamento de Tshatshi y el edificio del Grupo Litho Moboti (GLM).
Amnistía Internacional insta a las autoridades congoleñas a esclarecer la suerte que han corrido las personas detenidas y a ponerlas en libertad si no se les acusa sin demora de un delito tipificado por la ley, se les permite impugnar la legalidad de su detención y comunicarse con sus familiares y abogados.
La organización también pide a las autoridades congoleñas que garanticen que se lleva a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre los informes de violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos de manifestantes, cometidas por las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo y otros en el periodo preelectoral.
“El período previo a las elecciones congoleñas se vio enturbiado por numerosos informes de violaciones de derechos humanos. Estas violaciones continúan; se imponen restricciones a la libertad de expresión y de reunión, y las fuerzas de seguridad intimidan a partidarios de la oposición y a defensores de los derechos humanos”, ha manifestado Paule Rigaud.
“Todos los responsables de tales violaciones deben ser investigados y llevados ante la justicia con rapidez. La impunidad sólo fomentará más violencia y abusos.”