Un grupo de países asiáticos de línea dura está desafiando la tendencia mundial contra la pena de muerte al ejecutar cada año a miles de personas tras juicios injustos; así lo afirma la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) en un nuevo informe publicado hoy.
El grupo, formado por 14 países, ejecuta a más personas que el resto de los países del mundo juntos.
El informe, titulado When Justice Fails, Thousands executed after unfair trials, pone de relieve la lucha para conseguir un juicio justo en ocho de estos países, a través de casos de personas condenadas a muerte.
“Aunque el número de países que aplican la pena de muerte en Asia es reducido, sus actos proyectan una sombra sobre toda la región, con índices muy elevados de condenas tras juicios injustos que llevan a la ejecución de personas inocentes”, ha manifestado Louise Vischer, coordinadora de la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN).
En el informe se hacen llamamientos a la acción en favor de ocho personas que se enfrentan a su ejecución en China, India, Indonesia, Japón, Malaisia, Singapur, Taiwán y Pakistán. En todos los casos se dictó una condena a muerte tras un juicio sin las debidas garantías; en seis de ellos, la condena está basada en una confesión obtenida mediante tortura.
“Muchos de estos países tienen sistemas de justicia defectuosos que generan un entorno en el que se ejecuta a personas tras juicios manifiestamente injustos, en los cuales han tenido escaso o nulo asesoramiento letrado e incluso han sido condenados en virtud de una confesión obtenida mediante tortura”, afirma Catherine Baber, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
Más de la mitad de los países asiáticos han abolido la pena de muerte o no han llevado a cabo ejecuciones en el último decenio.
Taiwán reanudó las ejecuciones en 2010 tras cuatro años de interrupción, a pesar de haber declarado una política de abolición gradual en el año 2000. Tailandia reanudó las ejecuciones en 2009 a pesar de haberse comprometido a abolir la pena de muerte en su plan de acción sobre derechos humanos.
En enero de 2011, el Ministerio de Justicia taiwanés admitió que Chiang Kuo-ching, soldado raso de la Fuerza Aérea, había sido ejecutado por error en 1997, por un asesinato que no había cometido. Las autoridades reconocieron que el condenado había “confesado” el delito bajo tortura.
“Sólo la abolición de la pena de muerte puede garantizar que no se ejecuta a un inocente. No basta con que las autoridades lamenten haber ejecutado a alguien ‘por error’” ha afirmado Hsinyi Lin, directora ejecutiva de la Alianza Taiwanesa para Acabar con la Pena de Muerte.
Chiou Ho-shun, acusado en la causa penal que más tiempo llevaba abierta en el país, es la persona que más tiempo lleva detenida en Taiwán. Condenado a muerte por asesinato en 1989, lleva más de 23 años detenido. Su caso fue calificado por abogados de “mancha en el historial de la justicia taiwanesa”. Se ha celebrado nuevo juicio sobre el caso de Chiou en 11 ocasiones. Él asegura que fue torturado para hacer una confesión falsa.
El Tribunal Superior de Taiwán reconoció que se había utilizado la violencia contra Chiou, pero excluyó de las pruebas algunos fragmentos de las cintas grabadas durante su interrogatorio en los que se podían oír los abusos.
Perdió el recurso de apelación final ante el Tribunal Supremo en agosto de 2011; a partir de ese momento podía ser ejecutado en cualquier momento.
Las confesiones forzadas se utilizan habitualmente como pruebas en juicios en Afganistán, China, Japón, India e Indonesia aunque existe legislación contra esa práctica.
En India, Devender Pal Singh, actualmente condenado a muerte, alegó ante el Tribunal Supremo que sus interrogadores habían amenazado con matarlo y con “maltratarlo” para que firmara “varias hojas en blanco”.
“El máximo reproche que puede hacerse al sistema de justicia de una sociedad es que permita condenar a muerte a una persona sin existir prácticamente ninguna prueba en su contra aparte de una ‘confesión’” ha afirmado Maiko Tagusari, secretaria general del Centro por los Derechos de los Presos de Japón.
En Asia, los presos condenados a muerte suelen tener escaso o nulo acceso a representantes letrados, durante el juicio y en la fase previa.
El sistema japonés daiyo kangoku permite a la policía mantener detenida a la persona hasta 23 días sin la asistencia de un abogado, con el argumento de que la presencia de un letrado dificulta la tarea de ‘convencer al sospechoso de que diga la verdad’”.
Las autoridades chinas pueden poner trabas a los abogados para reunirse con sus clientes o acceder al expediente de la causa, y se ha acusado a letrados por presentar pruebas que refutaban los argumentos de la acusación.
Según el derecho internacional, la pena capital sólo puede imponerse por delitos intencionales con consecuencias fatales, y está prohibida la pena de muerte preceptiva. Sin embargo, varios países asiáticos imponen la pena de muerte por delitos sin resultado de muerte, como tráfico de drogas y robo.
Malaisia, Pakistán, Singapur y Corea del Norte están entre los países asiáticos que imponen la pena de muerte preceptiva por posesión de drogas a partir de determinada cantidad.
Existen al menos 55 delitos punibles con la muerte en China, 28 en Pakistán y 57 en Taiwán.
“Todos los países asiáticos deben dirigir sus esfuerzos a la abolición de la pena de muerte. Sólo así demostrarán su compromiso sincero con la imparcialidad y la justicia” ha afirmado Narendra, de Unión Popular por las Libertades Civiles (PUCL), India.