En los últimos nueve meses, las autoridades saudíes han llevado a cabo una nueva campaña de represión contra manifestantes y reformistas en nombre de la seguridad, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En el informe Saudi Arabia: Repression in the Name of Security, la organización afirma que se ha detenido a centenares de personas por manifestarse, mientras que el gobierno ha elaborado una nueva ley antiterrorista que tipifica como “delito de terrorismo” la disidencia y priva aun de más derechos a las personas acusadas de este tipo de delitos.
“Se ha detenido específicamente a manifestantes y partidarios pacíficos de la reforma política en el país con objeto de sofocar las demandas de reforma del estilo de las que se están propagando por la región”, ha manifestado Philip Luther, director interino del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Aunque los argumentos utilizados para justificar el amplio alcance de la represión son distintos, las prácticas abusivas del gobierno saudí son preocupantemente similares a las que utilizan desde hace mucho tiempo contra las personas acusadas de delitos de terrorismo.”
Amnistía Internacional ha dicho que el gobierno mantiene todavía recluidas a millares de personas, en muchos casos sin cargos ni juicio, por delitos de terrorismo. La tortura y otros malos tratos en prisión siguen siendo práctica generalizada.
En abril de 2011, un portavoz del Ministerio del Interior dijo que se había interrogado y remitido a las autoridades judiciales para su juicio a unas 5.000personas relacionadas con un “grupo desviado”, expresión con la que se refería a Al Qaeda.
Amnistía Internacional ha manifestado que, desde febrero, cuando comenzaron a convocarse manifestaciones esporádicas a pesar de estar terminantemente prohibidas en el país, el gobierno ha llevado a cabo una campaña de represión, en la que se ha detenido a centenares de personas, en su mayoría musulmanes chiíes de la descontenta Provincia Oriental.
Desde marzo se ha detenido a más de 300 personas que habían participado en manifestaciones pacíficas en Al Qatif, Al Ahsa y Awwamiya, unas veces en las mismas manifestaciones, y otras, después de ellas. La mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad, a menudo tras prometer no volver a manifestarse jamás. A muchos se les ha prohibido viajar.
En otras partes del país, las manifestaciones se han reprimido con advertencias del Ministerio del Interior en las que se anuncia que las autoridades “tomarán todas las medidas necesarias” contra quienes intenten “alterar el orden”.
Las personas que se han atrevido a manifestarse han sido detenidas enseguida. Entre ellas figura Khaled al-Johani, de 40 años, único hombre que se manifestó el 11 de marzo, “Día de la Ira”, en Riad. Dijo a los periodistas que se sentía frustrado por la censura de los medios de comunicación en Arabia Saudí y predijo que sería detenido.
Acusado de apoyar una protesta y comunicarse con medios de comunicación extranjeros, se cree que ha estado dos meses recluido en régimen de aislamiento. Nueve meses después de su detención, continúa privado de libertad y sin haber sido juzgado.
Varias personas que han expresado abiertamente su apoyo a manifestaciones o a la reforma han sido detenidas. Sheikh Tawfiq Jaber Ibrahim al-‘Amr, clérigo chií, fue detenido por segunda vez este año en agosto por propugnar reformas en una mezquita. Está acusado de “incitar a la opinión pública”.
El 22 de noviembre, el Tribunal Penal Especial impuso a 16 hombres, 9 de ellos destacados reformistas, penas de entre 5 y 30 años de prisión por cargos como formar una organización secreta, intentar tomar el poder, incitar en contra del rey, financiar el terrorismo y blanquear dinero.
Amnistía Internacional ha manifestado que su juicio, que comenzó en mayo, fue manifiestamente injusto. Los acusados comparecieron esposados y con los ojos vendados, y en las tres primeras vistas no se permitió a sus abogados entrar en la sala.
En julio, Amnistía Internacional publicó la copia filtrada de un proyecto de ley antiterrorista que permite a las autoridades saudíes iniciar enjuiciamientos por disidencia pacífica, que está tipificada como delito de terrorismo, y ampliar la detención sin cargos ni juicio.
Si se aprueba esta ley sin ninguna modificación, los delitos de terrorismo incluirán actos como “poner en peligro […] la unidad nacional” y “dañar la reputación del Estado o su posición”. Cuestionar la integridad del rey se sancionará con una pena mínina de 10 años de prisión.
Tras publicar Amnistía Internacional el proyecto de ley, las autoridades saudíes parecieron bloquear brevemente el acceso al sitio web de la organización desde Arabia Saudí y dijeron que su preocupación por la ley era “infundada, una mera suposición sin ninguna base”.
“Si no se modifica radicalmente, el proyecto de ley antiterrorista agravará aún más la actual situación y consolidará y legalizará las peores prácticas que hemos documentado”, ha explicado Philip Luther.
“El gobierno saudí tiene sin ninguna duda la responsabilidad de proteger a la ciudadanía contra los atentados, pero ha de hacerlo dentro de los límites del derecho internacional.”