Las autoridades indias deben garantizar que se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre el homicidio de una monja que trabajaba en favor de los derechos de las comunidades indígenas adivasis, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Con Valsa John, de 52 años, son ya cuatro los activistas sociales asesinados este año en India en circunstancias sin aclarar.
Una banda de alrededor de 40 personas irrumpieron en su casa, en el estado oriental de Jharjand, el 15 de noviembre por la noche y la mataron a golpes.
“Valsa John parece haber sido asesinada por su trabajo en favor de los derechos humanos”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
“Las autoridades de Jharjand deben garantizar que se lleva a los responsables de este horrible homicidio ante la justicia.”
“Las autoridades estatales y federales indias tienen que garantizar que los activistas de los derechos humanos están protegidos en todo el país.”
Familiares de Valsa John y activistas de los derechos humanos de Jharjand han contado a Amnistía Internacional que había recibido amenazas de muerte horas antes de su asesinato en Pauchuara, distrito de Pakur.
La familia ha explicado a la organización que cree que estas amenazas podrían ser de bandas criminales implicadas en actividades ilegales de minería del carbón en Jharjand.
Valsa John estuvo encarcelada en 2007 por protestar contra la adquisición forzada de tierras adivasis para Panem Coal Mines, proyecto de minería del carbón gestionado conjuntamente por la empresa públicas de Punyab Electricity Board y Eastern Mineral Trading Agency.
Tras ser puesta en libertad a finales de 2007, llegó a un acuerdo con Panem Coal Mines que preparó el terreno para la adquisición por la empresa de tierras adivasis a cambio de otras tierras, puestos de trabajo, un centro de salud y educación gratuita para los niños de las familias desplazadas.
Los medios de comunicación locales informaron de que algunos adivasis no estaban satisfechos con el acuerdo.
Este año han sido asesinados otros tres activistas sociales que luchaban en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y las comunidades marginadas o se servían de la legislación india sobre el derecho a la información para sacar a la luz violaciones de derechos humanos y casos de corrupción oficial.
Este mismo mes, Nadeem Sayed, activista radicado en Gujarat, murió apuñalado tras haber testificado en favor de las víctimas en el caso de la matanza de Naroda Patiya, en la que murieron 95 personas durante los disturbios antimusulmanes de Gujarat de 2002. En agosto mataron a tiros en la ciudad de Bhopal a la ecologista Shehla Masood, de 35 años, que había intentado sacar a la luz infracciones medioambientales de proyectos de infraestructura urbana y se había opuesto a planes de explotación minera en Madhya Pradesh.
En marzo secuestraron y mataron a Niyamat Ansari, activista social de Jharjand que se valía de la legislación sobre el derecho a la información para denunciar públicamente a funcionarios y contratistas locales que habían malversado fondos destinados a la población rural pobre. Las sospechan se centran en los grupos maoístas armados, pues las denuncias de Ansari amenazaban con privarles de la parte de los fondos malversados que se llevaban por proteger a los funcionarios y contratistas corruptos.
Las organizaciones de derechos humanos de India vienen exigiendo que se promulguen leyes para proteger a los activistas que reciben amenazas tras presentar peticiones en demanda de información decisiva para los medios de vida de las comunidades locales.
“Las autoridades indias deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los defensores de los derechos humanos y demás activistas sociales pueden desarrollar sus actividades legítimas y pacíficas sin temor a sufrir hostigamiento e intimidaciones”, ha señalado Zarifi.