El gobierno afgano debe trabajar con los países vecinos para proteger los derechos humanos mientras se enfrenta a una insurgencia cada vez más sangrienta. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando autoridades de toda la región se reúnen en una conferencia en Estambul.
Los jefes de Estado de Afganistán y Pakistán se han unido en la conferencia a otras autoridades regionales y a socios clave –como Estados Unidos y la OTAN– para debatir una hoja de ruta sobre el traspaso a Afganistán de las competencias en materia de seguridad, previsto para 2014.
“La seguridad del pueblo afgano está inextricablemente unida a la de toda la región, y la hoja de ruta debe garantizar que se mejoran la protección y la promoción de los derechos humanos en toda la región”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“En especial, la estabilidad y la prosperidad de la región dependen de que las autoridades de ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán tomen medidas para dar prioridad a los derechos humanos –especialmente los de las mujeres– durante el traspaso de la OTAN y después de él.”
La evaluación realizada recientemente por Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán muestra que, en la década transcurrida desde que comenzó la intervención militar encabezada por Estados Unidos, se han hecho progresos. Entre ellos se encuentran la promulgación de nuevas leyes en materia de derechos humanos, una reducción de la discriminación contra las mujeres y un mejor acceso a la educación y la atención médica.
Pero los progresos han fallado en cuanto a la justicia y la actuación policial en el país, y también en cuanto a la mejora de las condiciones de las más de 450.000 personas desplazadas por el conflicto. Las muertes de civiles van en aumento, y la gran mayoría de las bajas civiles se atribuyen ahora a los talibanes y otros grupos insurgentes. Las personas que viven en zonas muy afectadas por la insurgencia han sufrido un fuerte deterioro de sus condiciones de vida.
Aunque las fuerzas de la OTAN se han comprometido a fomentar la capacidad de las fuerzas de seguridad de Afganistán para proteger al pueblo afgano, aún quedan pendientes muchas cuestiones graves y persistentes.
Un informe publicado por la ONU el mes pasado documentaba la tortura generalizada en los centros de detención gestionados por la Dirección Nacional de Seguridad, la agencia de inteligencia afgana. Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por esos malos tratos a personas detenidas.
Las negociaciones de paz con los talibanes y otros grupos insurgentes también han estado rodeadas de secreto, y no se ha informado adecuadamente sobre su progreso al pueblo afgano, incluidos la sociedad civil, los activistas de derechos humanos e incluso el Parlamento.
“Para que las conversaciones de paz con los insurgentes den lugar a un proceso genuino y legítimo, es fundamental una mayor transparencia. Es inaceptable que a la población del propio Afganistán se la esté manteniendo en la ignorancia sobre las negociaciones”, ha manifestado Sam Zarifi.
“También es fundamental que los derechos de las mujeres no se conviertan en moneda de cambio durante los diálogos de reconciliación con los talibanes, y que las mujeres afganas cuenten con una representación significativa en la mesa de negociación.”
Amnistía Internacional ha expuesto las áreas fundamentales en las que las autoridades afganas y sus socios internacionales deben mantenerse firmes en las negociaciones, con el fin de defender las limitadas mejoras logradas en los últimos años en materia de derechos humanos.
Entre ellas se encuentran defender los progresos en cuanto a los derechos de las mujeres, y garantizar la libertad de expresión para todas las personas, ya que, en los últimos años, ha surgido en el país una floreciente comunidad de periodistas independientes. El gobierno afgano debe trabajar asimismo con la Corte Penal Internacional para investigar a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán.
“Es absolutamente fundamental que la hoja de ruta elaborada por Afganistán y sus socios trace una línea roja alrededor de las mejoras sobre derechos humanos logradas hasta ahora. Estos importantes avances no son negociables, y deben formar la base del progreso futuro”, ha manifestado Sam Zarifi.
El mes que viene se celebrará en Bonn una conferencia que reunirá a cientos de delegados y delegadas para debatir el papel de la comunidad internacional en la promoción de la estabilidad afgana tras la salida del país, en 2014, de las tropas internacionales.