El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe actuar de inmediato para poner fin a la crisis de impunidad que asola Sri Lanka, transcurridos más de dos años desde el final de la sangrienta guerra civil del país. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional ante el Consejo. “El gobierno de Sri Lanka no ha proporcionado justicia a las víctimas de las constantes violaciones de derechos humanos, no ha brindado asistencia adecuada a todas las comunidades afectadas por el conflicto, y ha debilitado considerablemente las instituciones públicas independientes”, ha manifestado la organización tras la intervención del ministro srilankés Mahinda Samarasinghe. El ministro dijo al Consejo que la respuesta de su gobierno a los motivos de preocupación en materia de derechos humanos fue “inmejorable” en el periodo posterior al conflicto. “Toda paz y reconciliación sostenible en Sri Lanka dependerá de un esfuerzo real e independiente para conocer la verdad sobre las graves violaciones cometidas durante la guerra civil y para administrar justicia a las víctimas y a sus familias”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Los esfuerzos nacionales realizados hasta la fecha no han alcanzado el nivel deseado, y la constante cultura de impunidad que impera en el país protege del procesamiento a los responsables de abusos cometidos tanto en el pasado como en la actualidad.” El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha señalado que transmitirá oficialmente al Consejo de Derechos Humanos el informe con las conclusiones de su grupo de expertos, en el cual se reseñan “denuncias creíbles” de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes del conflicto de Sri Lanka. A día de hoy, el informe todavía no ha sido transmitido oficialmente, y no se ha dado ninguna explicación para ese retraso. “El grupo de expertos del secretario general elaboró un informe sólido, creíble y bien fundamentado, y ahora es momento de que el Consejo de Derechos Humanos empiece a debatir en profundidad estas denuncias con el gobierno de Sri Lanka”, ha manifestado Sam Zarifi. Desde que concluyó el conflicto armado en mayo de 2009, Amnistía Internacional ha documentado violaciones constantes de derechos humanos, especialmente en el norte y el este del país. Entre ellas se encuentran la negación a los trabajadores de ayuda humanitaria del acceso a las comunidades que han retornado tras el conflicto, denuncias de malos tratos –incluidas agresiones sexuales– por parte de las fuerzas de seguridad, y ausencia de consulta con las comunidades locales en el proceso de reasentamiento. Los medios de comunicación que critican la situación sufren amenazas, y el gobierno no ha llevado a juicio los homicidios de periodistas. Tan sólo desde 2009, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka ha recibido más de 8.000 denuncias. Las autoridades srilankesas no han puesto en práctica las conclusiones del informe provisional de la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas, encargada de realizar una investigación interna sobre los abusos cometidos durante la guerra civil. La semana pasada, Amnistía Internacional publicó un informe en el que exponía cómo la Comisión adolece de fallos fundamentales, y cómo aún no ha establecido una rendición de cuentas. El gobierno de Sri Lanka ha ignorado los compromisos que él mismo formuló después de que el Consejo de Derechos Humanos examinara en 2008 la situación de los derechos humanos en el país, incluido el compromiso de procesar a los responsables de una diversidad de delitos de derecho internacional. El gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa levantó recientemente el estado de excepción vigente durante casi tres décadas, pero hay otras leyes represivas que siguen en vigor, como la Ley de Prevención del Terrorismo. Hay detenidos que han permanecido recluidos arbitrariamente durante periodos prolongados –en ocasiones años– sin que se formularan cargos contra ellos. “Es hora de que el Consejo de Derechos Humanos promueva activamente la verdad, la justicia y la reparación para los miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y después de ella”, ha manifestado Sam Zarifi. Notas para periodistas Si desean más información, pónganse en contacto con la encargada de prensa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, Katya Nasim, en los números + 44 207 413 5871 / +44 7904398103 o en [email protected]
