El lunes, 12 de septiembre, Amnistía Internacional instó las autoridades haitianas a enjuiciar al ex presidente Jean-Claude Duvalier, también conocido como “Baby Doc”, por abusos contra los derechos humanos cometidos durante su régimen, de 1971 a 1986.
El llamamiento coincidió con la publicación del informe de Amnistía Internaciona You cannot kill the truth” The Case against Jean-Claude Duvalierl con pruebas de detenciones arbitrarias, tortura, muertes bajo custodia, homicidios y desapariciones bajo el mandato de Jean-Claude Duvalier.
“Existen suficientes pruebas para procesar a Jean-Claude Duvalier por las detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia, homicidios y desapariciones que tuvieron lugar, de forma generalizada, durante su gobierno, algunas de las cuales constituyen crímenes contra la humanidad”, afirmó Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Lo que se necesita es voluntad política por parte del nuevo gobierno de Haití para cumplir con sus obligaciones internacional y con su deber ante los supervivientes y las víctimas de los abusos”.
Duvalier volvió a Haití en enero de 2011, tras haber pasado 25 años exiliado en Francia.
Posteriormente, las autoridades haitianas dictaron cargos en su contra por malversación, sustracción de fondos públicos y crímenes contra la humanidad cometidos durante su presidencia.
Para ayudar a instruir la investigación, Amnistía Internacional facilitó entonces a la fiscalía de Puerto Príncipe pruebas documentadas de abusos contra los derechos humanos cometidos durante su gobierno.
Entre 1971 y 1986, se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura, homicidios políticos y desapariciones, cuyas principales víctimas fueron líderes políticos, periodistas, sindicalistas y presuntos opositores al régimen. Asimismo, fueron frecuentes las muertes bajo custodia de presos políticos, que soportaron habitualmente tortura y enfermedades, falta de alimentación adecuada e instalaciones higiénicas deficientes.
El poder judicial intervino en muy contados casos que adquirieron resonancia internacional, pero el gobierno de Duvalier nunca reconoció la existencia de presos políticos.
Según informes, Augustin Auguste, miembro de un partido de la oposición, fue detenido el 28 de enero de 1986 en Puerto Príncipe por miembros de una milicia armada conocida como “tonton macoutes”. Lo vieron en el hospital militar y, posteriormente, fue trasladado a la prisión de Fort Dimanche, donde se cree que murió por disparos el 3 de febrero.
Nunca se lo volvió a ver, y su familia nunca ha recibido una explicación oficial sobre lo sucedido. Previamente, Auguste había sido detenido varias veces debido a su pertenencia al Partido Demócrata Cristiano de Haití. Fue una de las miles de víctimas del gobierno de Duvalier.
En enero de 1973, un ex preso político describió de la siguiente forma las condiciones penitenciarias: “Normalmente, las celdas individuales medían poco más de dos metros de longitud por dos de alto y uno de ancho. Algunas de ellas no eran más que ‘cuchitriles’, donde los presos podían estirarse o acurrucarse, pero no ponerse de pie. Las celdas comunes eran de tres por tres metros, y a veces en ellas había hasta 15 presos, que tenían que dormir por turnos, agachados o de pie. No había ventilación y no entraba la luz del sol. Una fuerte luz eléctrica permanece encendida día y noche, por lo que muchos presos tienen problemas de visión”.
“Probablemente, los casos de abusos contra los derechos humanos que documentamos en Haití no representen más que una pequeña parte de lo que ocurrió durante el gobierno de Duvalier. Es difícil que conozcamos algún día el verdadero alcance del horror, pero si se llevan a cabo investigaciones efectivas, se avanzará un largo trecho en el camino hacia la justicia”, declaró Javier Zúñiga.
“De conformidad con el derecho internacional, el actual gobierno de Haití, presidido por Michel Martelly, tiene la obligación enjuiciar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante los años de Duvalier”.
“Tras el regreso de Duvalier, la investigación de crímenes contra la humanidad no sólo es el primer paso para impartir justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino también una oportunidad histórica de empezar a construir un Estado haitiano que, de una vez por todas, proteja y defienda los derechos humanos en Haití”, manifestó Javier Zúñiga.