• Comunicado De Prensa

Sudán: Civiles de Kordofán del Sur hablan del horror de los ataques aéreos

La ONU debe exigir el acceso humanitario y el fin de los bombardeos indiscriminados

Las Fuerzas Armadas de Sudán están bombardeando indiscriminadamente zonas civiles en la región de los montes Nuba, en Kordofán del Sur, y están impidiendo que la ayuda llegue a personas desplazadas que se encuentran en una situación desesperada, han afirmado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Investigadores de ambas organizaciones, durante una visita de una semana de duración a la zona a finales de agosto, investigaron 13 ataques aéreos en las zonas de Kauda, Delami y Kurchi. Esos ataques aéreos han causado la muerte de al menos 26 civiles y heridas a más de 45 personas desde mediados de junio. Los investigadores fueron testigos asimismo de cómo aviones del gobierno volaban en círculos sobre zonas civiles y lanzaban bombas, obligando a los civiles a buscar refugio en montañas y cuevas.  

“La implacable campaña de bombardeos está matando y mutilando a hombres, mujeres, niños y niñas civiles, desplazando a decenas de miles de personas, haciendo que tengan una necesidad desesperada de ayuda humanitaria, e impidiendo que comunidades enteras planten cultivos y alimenten a sus hijos”, ha afirmado Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch.

“El gobierno de Sudán está literalmente librándose de los asesinatos e intentando impedir que el mundo exterior lo descubra”, ha afirmado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta la Crisis de Amnistía Internacional. “La comunidad internacional, y especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, debe dejar de mirar hacia otro lado y tomar medidas para abordar la situación”.

La población civil no tiene medio de protegerse de los bombardeos indiscriminados. Familiares de las víctimas hablaron a Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre su terrible experiencia: “Oí explosiones, y después un vecino trajo el cuerpo de Maryam a la casa”, dijo la madre de dos niñas que murieron en uno de los ataques aéreos. “Había recibido el impacto en la cabeza y parte de su cabeza había desaparecido. El vecino me dijo que fuera al cementerio porque habían llevado allí a Iqbal. Fui pero sus heridas eran tan terribles que ni siquiera pude mirar.”

Según grupos de ayuda humanitaria que actúan sobre el terreno, los bombardeos, los ataques y los combates han provocado el desplazamiento de más de 150.000 personas en las zonas que están bajo el control de las fuerzas de oposición, donde las restricciones impuestas por el gobierno han impedido que los grupos de ayuda entreguen alimentos y otro tipo de asistencia. Unas 5.000 personas han cruzado la frontera con Sudán del Sur para llegar a un asentamiento para personas refugiadas en el estado de Unity.

Las bombas han causado un impacto devastador sobre la población civil. Las comunidades desplazadas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por los reiterados bombardeos viven en duras condiciones en cuevas, en las cimas de las montañas, bajo los árboles y entre la maleza lejos de las poblaciones. No tienen alimentos, medicinas ni servicios de saneamiento suficientes, ni refugio contra las intensas lluvias. Muchas familias desplazadas dijeron a los investigadores que comían bayas y hojas y que sus hijos padecían diarrea y malaria.

El 23 de agosto, el presidente Omar al Bashir, contra quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por la comisión de graves delitos contra civiles en la región occidental de Darfur, anunció un alto el fuego unilateral de dos semanas en Kordofán del Sur, donde las fuerzas sudanesas combaten contra fuerzas armadas de oposición desde principios de junio. Sin embargo, organizaciones locales que actúan sobre el terreno dijeron que, a pesar del alto el fuego, el gobierno seguía bombardeando zonas civiles. El presidente Al Bashir afirmó también que no se permitiría que la ONU ni los organismos de ayuda humanitaria internacionales ayudasen a las personas desplazadas.

Mientras los investigadores estaban sobre el terreno, aviones Antonov lanzaron bombas sobre tierras de labranza y poblados casi a diario. Por ejemplo, el 14 de agosto, un avión lanzó bombas cerca del poblado de Kurchi, a 70 kilómetros al este de Kadugli, que destruyeron la vivienda y las posesiones de Wazir al Kharaba. Los investigadores también fotografiaron tres bombas cayendo desde un avión Antonov cerca de Kurchi a las 5.15 p.m. del 19 de agosto. El 22 de agosto, otro ataque aéreo causó graves heridas a un hombre en una pierna y a una anciana en la mandíbula y causó daños en una escuela.

“Los ataques indiscriminados en zonas civiles y las restricciones a la ayuda humanitaria podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, ha afirmado Donatella Rovera. “Estos ataques deben cesar, y debe permitirse de inmediato una evaluación independiente de las necesidades humanitarias y la entrega de ayuda.”

No eran visibles objetivos militares evidentes en las proximidades de ninguno de los lugares contra los cuales se llevaron a cabo los ataques aéreos y que fueron visitados por los investigadores. Algunos testigos dijeron que aviones Antonov o reactores de combate que volaban a gran altitud lanzaron las bombas en zonas civiles donde, según su testimonio, no había ningún objetivo militar en las proximidades.

Expertos en armas dijeron a las organizaciones que las municiones utilizadas son del tipo no guiado, y a menudo se dejan caer manualmente desde aviones de carga Antonov o se lanzan desde otro avión de una manera que no permite su lanzamiento con precisión. “El uso en una zona civil de armas que no pueden dirigirse con precisión contra objetivos militares hace que tales ataques sean intrínsecamente indiscriminados, lo cual constituye una violación del derecho internacional humanitario”, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.  

En las zonas en poder del gobierno, organismos de la ONU y otros grupos de ayuda humanitaria dicen que no han podido llegar a muchas personas afectadas debido a la situación de seguridad y a las severas restricciones impuestas por el gobierno. Las autoridades sudanesas han impedido el acceso de estos mismos organismos y la entrega de ayuda humanitaria a zonas en poder de la oposición al negarse a autorizar los vuelos de ayuda y lanzar ataques aéreos sobre pistas de aterrizaje utilizadas para la entrega de esa ayuda. Los días 14, 19 y 24 de junio, aviones del gobierno, entre ellos reactores de combate, bombardearon la pista de aterrizaje de Kauda y sus alrededores.

Aunque el gobierno anunció el 20 de agosto que nunca había restringido el acceso a los montes Nuba, el presidente Al Bashir dijo tres días después que no se permitiría la entrada de ningún grupo internacional en el estado, y que sólo se permitiría a la Media Luna Roja sudanesa entregar ayuda.

Como partes en el conflicto, el gobierno de Sudán y las fuerzas de oposición deben acordar de inmediato permitir que la ayuda humanitaria por aire y por carretera llegue a todas las poblaciones afectadas, sea cual sea el lugar en el que viven, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Se debe permitir el acceso sin restricciones de todos los organismos de ayuda humanitaria para ayudar a la población civil que ahora necesita con urgencia alimentos, refugio y otro tipo de ayuda.

El conflicto comenzó el 5 de junio entre el gobierno de Sudán y el Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA) en Kadugli y Um Durein, y se propagó rápidamente a otras ciudades y poblaciones donde estaban presentes fuerzas del gobierno y del SPLA.

Los combates estallaron en el contexto de las crecientes tensiones entre el Congreso Nacional (NPC), que gobierna el norte de Sudán, y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM), partido político que ahora gobierna el Sudán del Sur independiente, en relación con acuerdos sobre seguridad en el estado y con las disputadas elecciones en el estado en las que el candidato que aspiraba a la reelección como gobernador, Ahmed Haroun, ex ministro responsable de asuntos humanitarios y también reclamado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur, ganó por un estrecho margen.  

En Kordofán del Sur viven grandes poblaciones de grupos de etnia nuba que mantienen desde antiguo vínculos con el antiguo movimiento rebelde del sur, que durante 22 años libró una guerra civil contra las fuerzas del gobierno de Sudán en los montes Nuba, que terminó en 2005. Cuando Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente, el 9 de julio de este año, el SPLM que actuaba en Sudán pasó a denominarse SPLM-Norte, y el grupo armado de oposición de Kordofan del Sur pasó a denominarse SPLA-Norte.

Los investigadores de Amnistía Internacional y Human Rights Watch no pudieron llegar a las primeras líneas ni entrar en los lugares controlados por las Fuerzas Armadas de Sudán donde estalló en primer lugar la violencia. Pero los investigadores se entrevistaron con decenas de personas desplazadas que habían huido de los combates en Kadugli y otras zonas.

Testigos de los hechos afirmaron que soldados y milicianos dispararon contra la gente en las calles, llevaron a cabo registros casa por casa y dieron el alto en puntos de control, usando listas de nombres de partidarios conocidos del SPLM. Los testigos describieron también la destrucción, los saqueos y el incendio de iglesias y viviendas, incluido el derribo con bulldozers de viviendas de miembros conocidos del SPLM.

Estos relatos concuerdan con muchas de las conclusiones incluidas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hecho público el 15 de agosto. Este informe se basaba en la investigación llevada a cabo por observadores de la situación de los derechos humanos de la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS), antes de que el mandato de la misión terminase a principios de julio, en el periodo previo a la independencia de Sudán del Sur. El informe documenta constantes de homicidios ilegítimos y ataques generalizados contra propiedades civiles que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El gobierno de Sudán ha rechazado las conclusiones del informe de la ONU, y ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que posponga el debate sobre la situación en Kordofán del Sur hasta que el gobierno haya concluido su propia investigación sobre los derechos humanos.  

“Sudán parece estar intentando encubrir graves abusos contra los derechos humanos al tiempo que sigue bombardeando a civiles e impidiendo la asistencia humanitaria”, ha afirmado Donatella Rovera, de Amnistía Internacional. “El Consejo de Seguridad guarda silencio desde hace demasiado tiempo. No debe permanecer en silencio mientras las bombas caen sobre la población civil.”

El Consejo de Seguridad se reunió el 19 de agosto, pero sus miembros no se pusieron de acuerdo para aprobar una declaración de condena de las violaciones de derechos humanos en Kordofán del Sur ni para llevar a cabo ninguna acción concreta, en gran medida debido a las objeciones de Sudáfrica, Rusia y China.

“La postura de Sudáfrica resulta especialmente decepcionante”, ha afirmado Daniel Bekele. “Como Estado africano líder, debería utilizar esta condición para hacer todo lo posible para proteger que civiles inocentes en Kordofán del Sur experimenten una repetición de la horrorosa guerra civil en la que perecieron tantas personas.”

Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan al Consejo de Seguridad a condenar con firmeza y a exigir el fin de los bombardeos indiscriminados de Sudán en zonas pobladas por civiles y de otras violaciones, piden el acceso sin restricciones de los organismos humanitarios a todas las zonas afectadas y la adopción de medidas concretas para garantizar una presencia independiente de observación de la situación de los derechos humanos en todo el territorio de Kordofán del sur.

Las dos organizaciones han instado también al Consejo a implementar las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de establecer una investigación independiente sobre las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se cometieron durante las hostilidades en Kordofán del sur, y a hacer rendir cuentas a los responsables.

Si desean más información, pónganse en contacto con: En Sudán del Sur, Donatella Rovera: +447904398067 (inglés, francés, español, italiano) En Londres, Erwin Van Der Borght (inglés, francés) En Nueva York, Jehanne Henry (inglés, francés): +1 917 443 2724 En Ginebra, Gerry Simpson (inglés, francés, alemán, español, italiano): + 33 6 83 74 56 07; + 41 79 219 9568