Bolivia: Ex altos cargos condenados por masacre

La declaración de culpabilidad dictada contra siete ex altos cargos en Bolivia por su papel desempeñado en decenas de muertes durante las protestas contra el gobierno de 2003 es un importante paso para la justicia, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La Corte Suprema de Bolivia en Sucre condenó ayer a cinco ex oficiales de alto rango del ejército y a dos ex ministros por su participación en los sucesos conocidos como “Octubre Negro”, que se saldaron con la muerte de 67 personas y más de 400 heridos durante unas protestas en El Alto, cerca de La Paz, a finales de 2003.

En los enfrentamientos, los soldados abrieron fuego contra multitudes desarmadas durante las manifestaciones desencadenadas por la oposición a un proyecto de gasoducto para exportar gas natural a través de la vecina Chile.

“Estas condenas son una importante victoria para las familias de las personas muertas y heridas, que han esperado casi ocho años para ver que se hace justicia tras los trágicos sucesos conocidos como ‘Octubre Negro’”, ha declarado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Los cinco ex oficiales del ejército han sido condenados a penas de entre 10 a 15 años de prisión, y los dos ex ministros, a tres años.

El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague huyeron a Estados Unidos poco después de los actos violentos del “Octubre Negro” y ahora podrían ser extraditados. Varios ex ministros y oficiales del ejército más huyeron asimismo del país cuando se hicieron públicos los cargos, en noviembre de 2008.

El caso ha sufrido graves obstáculos, como el hecho de que el ejército no entregó información relevante y la ausencia de recursos suficientes para que muchos testigos y víctimas se presentaran ante el tribunal en Sucre, situada a mucha distancia de El Alto.

“Esperamos que esta resolución siente un precedente positivo para la búsqueda de una justicia duradera e imparcial en otros casos de derechos humanos de Bolivia”, manifestó Guadalupe Marengo.